La votación final en segundo debate del proyecto de ley para sancionar la usura crediticia programado para este jueves no podrá realizarse, luego que un grupo de diputados presentara una consulta legislativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Según confirmó la oficina de prensa del Alto Tribunal, la consulta ingresó anoche a las 8.21 pm y es suscrita por los diputados Erick Rodríguez (independiente); María Inés Solís, Erwen Masís y Pedro Muñoz (Partido Unidad Social Cristiana); Otto Roberto Vargas y Dragos Dolanescu (Partido Republicano Social Cristiano), Ivonne Acuña (independiente); Wálter Muñoz y Patricia Villegas (Partido Integración Nacional); Jonathan Prendas e Ignacio Alpizar (tránsfugas leales a Nueva República).
La Sala Constitucional ahora deberá solicitar copia del expediente 20.861 para analizar los alegatos de inconstitucionalidad firmados (pero no redactados) por los diputados. Hasta entonces, la votación final estará suspendida.
La Presidencia de la Sala, en el oficio 059-2020, informó al Directorio Legislativo la mañana de este jueves 30 de abril acerca de dicha consulta, misma que se encuentra en estudio de admisibilidad.
Delfino.cr informó esta semana que un grupo de diputados pretendía enviar ley contra usura a Sala IV alegando violación a libertad de comercio, violación al principio de razonabilidad técnica, libertad de contratación, principio constitucional de proporcionalidad, principio de igualdad ante la ley, principio constitucional de seguridad jurídica, libertad de elección de los consumidores, principio de tipicidad penal y otros principios penales.
En el escrito los diputados piden a la Sala que el proyecto de ley sea "interpretado" de modo que se diga que no estaría viciado de inconstitucionalidad siempre que establezca que los topes de intereses deberán fijarse dependiendo del tipo de actividad (tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, prendarios y microcréditos) de acuerdo a criterios técnicos definidos por una autoridad competente técnica con base a la información estadística correcta, la cual deberá establecer la definición de una tasa de usura.
El proyecto aprobado en primer debate solo dispone dos metodologías: una para tarjetas de crédito y créditos mayores a 675 mil colones que si se aplicara hoy significaría un tope en intereses del 39%; y uno para microcréditos inferiores a 675 mil colones con un tope de interés del 55%.
Los diputados además alegan una violación al trámite legislativo por haberse dispensado el proyecto de todos los trámites de comisión, incluida su publicación y las consultas obligatorias.
