El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes una moción para interpelar al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, debido a las cifras fiscales del año 2019 que arrojaron el mayor déficit fiscal en casi cuarenta años en Costa Rica.
La moción fue aprobada con el voto afirmativo de 41 diputados y el negativo de Walter Muñoz del PIN, quien dijo que él se inclinaba por una mesa de trabajo en lugar de una interpelación, ya que en ese tipo de procedimientos el ministro que atiende el llamado de los legisladores suele omitir responder a múltiples preguntas.
Un similar reclamo externó el diputado José María Villalta, quien aunque votó a favor dijo que las reglas del debate -que tendrá lugar el próximo lunes y martes- debían quedar lo suficientemente claras, como para permitir la repregunta al ministro.
La propuesta de interpelación fue presentada por Pedro Muñoz del PUSC dado que el gobierno había previsto que el déficit del 2019 no superara el 6,1% del PIB, pero en su lugar cerró rozando el 7%.
El socialcristiano fustigó al Ejecutivo por incumplir su promesa de poner en marcha reformas estructurales al empleo público, tamaño del Estado y por excederse en su plan de endeudamiento
IMAS: Luz verde para perseguir morosos
41 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21.221 denominado "Ley para fortalecer el combate a la pobreza", con el cual se le otorgan al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) las potestades de policía fiscal para clausurar aquellos establecimientos comerciales que estén morosos en el pago del Impuesto a Moteles y lugares afines por más de tres meses.
De acuerdo con la ley vigente, este tributo va del 5% al 13% dependiendo de la cantidad de habitaciones y los recursos recaudados se destinan al combate a la pobreza. Sin embargo, para el año 2018 un total de 309 morosos acumulaban deudas por 3206 millones por este impuesto, más de la mitad en proceso de cobro judicial.
La iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Avendaño de Restauración Nacional, quien sin embargo no estuvo presente este lunes para participar de la votación final de su proyecto.
Depósitos de hasta 6 millones estarán asegurados
Con 40 votos a favor y 1 en contra se aprobó el expediente 21.717 denominado Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósito y Mecanismos de Resolución, con el cual todos los depósitos inferiores a 6 millones de colones estarán asegurados por dicho fondo en el caso de la banca privada, mientras que en la pública el seguro será ilimitado.
Esta iniciativa forma parte de la agenda de incorporación de Costa Rica a la OCDE y fue una de las que más análisis tomó en la comisión especial que analiza dichos proyectos, ya que había discrepancias sobre la necesidad de dicho fondo para el caso de la banca pública, pues por ley la misma ya está cubierta por la Garantía del Estado.
El fondo será alimentado a partir de los aportes de los bancos equivalente al 0,15% de sus depósitos y será administrado por el Banco Central de Costa Rica.
El Fondo gestionará tres compartimentos: el formado con las contribuciones de los bancos públicos; el formado con las contribuciones de los bancos privados, las sucursales de bancos extranjeros y de las empresas financieras no bancarias; y el formado con las contribuciones de las cooperativas de ahorro y crédito, de las asociaciones solidaristas supervisadas por la Sugef y las contribuciones de la Caja de Ande.
Aquellas cooperativas que por voluntad ya tengan un seguro de depósito no estarán obligadas a contribuir a este nuevo fondo.
En la eventualidad de que los fondos del seguro de depósito sean insuficientes para cubrir las obligaciones, una porción del 2% del Encaje Mínimo Legal y de la Reserva de Liquidez serán considerados como garantía para el Fondo.
El único diputado que votó en contra fue José María Villalta del Frente Amplio, luego que el Plenario le rechazara varias mociones de reiteración que presentó.
Breves
— Con 41 votos a favor y ninguno en contra se aprobó en primer debate el expediente 21.773 que adiciona un inciso h) al artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
Esta iniciativa del Poder Ejecutivo pretende hacer una corrección material a la ley, dado que sufrió una afectación debido a la entrada en vigencia de dos leyes del "paquete OCDE" en el orden incorrecto, por lo que se hizo necesario presentar un nuevo proyecto para enmendar esa circunstancia.












