Referencia del BCCR

Tipo de cambio

Compra

₡...

Venta

₡...

Presentado por
Logo Coopealianza
Imagen principal del artículo: Diputados admiten para estudio reforma que giraría deuda política sin comprobar gastos
Foto: Ezequiel Becerra / AFP

Diputados admiten para estudio reforma que giraría deuda política sin comprobar gastos

En una votación reñida, el Plenario de la Asamblea Legislativa optó este miércoles por acoger para estudiar por el fondo una propuesta de reforma constitucional que pretende darle a los partidos políticos toda la deuda política que alcancen a través de los votos válidos, eliminando el requisito de demostrar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para recibir los dineros, como en la actualidad existe.

Se trata de la propuesta tramitada en el expediente 20.117, presentada en octubre de 2016 por diputados de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Acción Demócrata Cristiana, Frente Amplio, Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Acción Ciudadana.

Este miércoles se dio la votación de admisibilidad de la reforma, y aunque en su primer intento fue rechazada en votación 23 vs. 22, tras una moción de revisión y el "compromiso" de varios grupos legislativos de que en comisión se restituirá la obligación de comprobar gastos para recibir los recursos públicos.

Enrique Sánchez del PAC afirmó que el objetivo central del proyecto es reducir a nivel constitucional el porcentaje del PIB que se destinará para deuda política (de 0,19% a 0,11%), y establecer que parte de ese porcentaje también se empleará para las elecciones municipales. Asimismo, destacó que el plan pretende autorizar al TSE a ser él quien manejará recursos para divulgación de planes de gobierno, y pago de transporte para el día de las elecciones.

El diputado José María Villalta, quien votó a favor de la admisibilidad, dijo que por el fondo él no podría apoyar la reforma si se mantenía la eliminación del requisito de justificar gastos para cobrar deuda política, pero que ese aspecto podía corregirse en el trámite de comisión de la reforma.

"Si no hay acuerdo, se rechazará porque necesita 38 votos", recordó el legislador del Frente Amplio.

El diputado Erwen Masís que había votado en contra pidió a sus compañeros del PUSC cambiar su voto para admitir la reforma y corregir ese aspecto en comisión, ya que el proyecto tenía otros aspectos positivos.

La diputada María Inés Solís anunció que tras conversaciones entre el PAC, Restauración Nacional y los independientes fabricistas se llegó a un acuerdo para restituir en Comisión la obligación de comprobar gastos.

Tras repetir la votación, la admisibilidad fue acogida con 25 votos a favor y 22 en contra, por lo que el presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides anunció que oportunamente se conformará la comisión especial encargada de dictaminar este proyecto.

Si la reforma se aprueba tal y como fue presentada, el sistema de financiamiento de los partidos políticos en el país cambiaría de forma importante respecto a lo que actualmente se tiene.

Cuando los costarricenses acuden a las urnas el monto de deuda política definido por el Tribunal Supremo de Elecciones se divide entre los votos válidos emitidos. Así el sufragio emitido por el ciudadano hacia una agrupación se convierte en dinero.

Por ejemplo, para las elecciones presidenciales y legislativas del 2018 el TSE fijó la deuda política en 25.030 millones de colones y en la primera ronda se emitieron 2.154.673 votos válidos, para la segunda ronda fueron 2.207.556 votos; y para la elección de diputados 2.137.556 sufragios. Al sumar los tres números se obtienen 6.499.785 votos, pero solo deben tomarse en cuenta los dirigidos a partidos que alcanzaron como mínimo un 4% de la votación nacional para las presidenciales o de diputados, o que eligieron un congresista.

Tras hacer ese descarte se tiene que solo 3.904.159 votos son válidos (60.06%) para la repartición de deuda política y al usar ese número para dividir la deuda política se obtiene que cada voto representó 6411.09 colones. 

Así, según los resultados de los tres procesos, la deuda política absoluta que le correspondió a cada partido en 2018 quedó repartida así:

  • PREN: ¢5.940.450.040,60
  • PLN: ¢5.245.186.779,02
  • PAC: ¢5.217.548.578,60
  • PUSC: ¢4.210.110.208,47
  • PIN: ¢2.369.121.408,34
  • PRSC: ¢1.259.221.029,61
  • FA: ¢649.436.804,48
  • PAL: ¢87.581.873,32
  • PUG: ¢51.250.237,56

Sin embargo, todo ese dinero no es depositado automáticamente a las cuentas de los partidos, sino que deben justificar ante el TSE los gastos incurridos para poder ir recibiendo los recursos conforme se realizan las liquidaciones trimestrales.

Los partidos nunca han logrado justificar gastos que ameriten depositar el 100% de la deuda política, por lo que al cabo de los años el Tribunal devuelve los recursos no reclamados a las arcas del Estado mediante un presupuesto extraordinario que aprueba la Asamblea, lo que significa un alivio para las finanzas públicas.

Con el cambio que propone la reforma constitucional, los partidos que cumplan con los requisitos de votación mínima obtendrán la totalidad de los votos traducidos en dinero y el TSE únicamente intervendrá en caso de que se haga un mal uso de los mismos.

El valor del voto aumentaría sustancialmente en elecciones con alto nivel de abstencionismo. Por ejemplo, en los comicios locales del 2016 el 64,6% del electorado no acudió a las urnas; la deuda política se había fijado en 6805 millones de colones (0,03% del PIB) y los votos válidos para obtener recursos fueron 3.101.232. De este modo cada voto le valió a los partidos 2194,41 colones pero al final casi 2 mil millones de colones no fueron reclamados, por lo que se devolvieron al erario público, cosa que dejaría de ocurrir con esta reforma.

Dato D+: Recordemos que en las elecciones municipales se eligen alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito e intendentes.

El proyecto pretende fijar en 0,11% del Producto Interno Bruto (PIB) la contribución estatal a los partidos, de modo que conforme crezca la economía del país, ese 0,11% se traducirá cada vez en más dinero. Ese 0,11% financiaría elecciones nacionales y municipales en una proporción que tendría que ser definida por ley.

Por otro lado, la propuesta propone permitir que los partidos puedan usar todos los recursos en “capacitación y organización política”, entendida hoy como organización, capacitación, divulgación, censo, empadronamiento, investigación y estudios de opinión (encuestas). El plan es que ese término se defina de forma general como "todo gasto administrativo para fomentar, fortalecer y preparar a los partidos políticos para su participación de modo permanente en los procesos políticos y electorales".

Tal y como reconocieron sus proponentes en la exposición de motivos del proyecto, al incluir las palabras "operación permanente" pretenden autorizar a los partidos a usar plenamente la deuda política que obtengan en las elecciones que se realizan ahora cada dos años.