Las pasiones se desbordaron en la discusión en segundo debate de la reforma a las huelgas y sus procedimientos.
Gritos, lágrimas, recuerdo de personas fallecidas y experiencias cercanas de afectaciones por la huelga contra el plan fiscal marcaron las casi cuatro horas de debate que se dieron, antes que la iniciativa fuera definitivamente aprobada con el voto afirmativo de 35 diputados y el negativo de 13, con un ajustado quorum de solo 38 presentes.
Para quienes prefieran verlo a través de un vídeo les dejamos acá abajo un compilado de los momentos destacados. Para quienes disfruten de la lectura, les invito a seguir leyendo más abajo.
El primer discurso lo realizó el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, quien durante casi media hora se dedicó a aclarar algunos puntos de la futura ley y arremetió contra la Sala Constitucional por el voto del año 2011 que se tradujo en numerosas sentencias de tribunales de trabajo, en las que los patronos eran imposibilitados de cobrar los salarios pagados durante una huelga declarada ilegal en el sector público.
Muñoz recordó que esa sentencia malinterpretó un artículo del Código de Trabajo de modo que se prohibió rebajar salarios por huelgas ilegales, sino hasta después de que hubiese un fallo judicial en firme que así lo hubiese declarado, y en todo caso, ese rebajo solo podía aplicarse para quienes mantuvieran la huelga ilegal después del pronunciamiento de los tribunales.
El diputado, fuerte crítico del Poder Judicial y quien impulsa una reforma para limitar los periodos de nombramiento de los magistrados, afirmó que la Sala Constitucional actuando como Senado, legisló y lo hizo incorrectamente.
"Quien metió la pata fue la Sala Constitucional actuando como Senado y la Asamblea Legislativa se dejó que le metieran ese gol. Ustedes dirán que esta es una interpretación mía, pero quiero decirles que la Sala al contestar la consulta que le hicimos los diputados coinciden en que la Sala metió la pata en 2011. Lo dice, reconoce y confiesa la propia Sala", dijo Muñoz. Y tiene la razón y así lo publicamos semanas atrás en Delfino.cr
Un mensaje a la Asamblea: no permitamos que el Poder Judicial, que la Corte y la Sala se nos metan aquí, No lo permitamos, estemos vivos. Lo que está pasando con la rebeldía del Poder Judicial es un conflicto de poderes, porque ellos no quieren que nosotros ejerzamos nuestro derecho constitucional a marcarles la cancha.
Durante su discurso, Muñoz se dedicó a desmentir algunas afirmaciones hechas por el diputado José María Villalta a lo largo del trámite de este proyecto, y claramente el legislador de izquierda no se le iba a quedar callado.
"Son tantas las falsedades e inexactitudes que manifiesta el diputado Muñoz que no sé por donde empezar", dijo el frenteamplista, quien defendió el fallo de la Sala del 2011 al afirmar que se emitió en un contexto donde el ejercicio de huelga durante el siglo XX estuvo prácticamente prohibido en el país, pues la legislación de ese entonces hacía que todos los movimientos fueran declarados como ilegales.
Villalta hizo hincapié en una moción del socialcristiano que se tradujo en la medida de que durante la huelga no se paguen los salarios. Dicha moción decía que solo se pagaría "por incumplimientos graves" del patrono, pero sin especificar qué debía interpretarse como incumplimiento grave.
A criterio del legislador del FA, la intención de Muñoz era derogar tácitamente otro artículo del Código de Trabajo (art. 386) que no estaba siendo reformado en el proyecto, y que define los casos en los cuales la huelga legal debe traducirse en el pago de salario de los trabajadores si se cumplen algunos escenarios.
"La Sala sí le enmienda la plana a la moción que usted propuso con toda la mala intención del mundo y nunca la quiso corregir. Hoy el Código en el 386 establece que el salario debe pagarse cuando la huelga es legal y hay incumplimiento generalizado o incumplimiento grave del contrato. Cuando usted quiso meter la palabra "incumplimiento grave" estaba buscando que en huelgas de bananeras y piñeras tuvieran que demostrar que era un incumplimiento grave, pese a que no definió que era la palabra 'grave'", espetó Villalta mientras el socialcristiano le negaba con la cabeza.
De acuerdo con Villalta, el artículo 386 del Código de Trabajo "se salvó" porque Muñoz nunca se dio cuenta de que existía, pues caso contrario habría mocionado para eliminarlo.
Usted estaba trabajando para los capataces de las bananeras que nos tienen todavía en tiempos de la Mamita Yunai y violentan de forma grosera los derechos laborales.
Y hasta ahí esa discusión.
Otro momento emotivo pero menos álgido lo protagonizó la diputada Laura Guido, quien recordó a Mario Castro Calvo de 48 años de edad, quien murió en su casa de habitación luego que le negaran atención médica en el Hospital San Rafael de Alajuela en medio de la huelga contra el plan fiscal en el 2018.
"No quiero dejar de pensar ni mencionar a compañeros que se han visto afectados porque cuando hablamos de un día sin atención en salud, una semana sin clases o sin comedores escolares, estamos hablando de gente sufre. No quiero dejar de mencionar la memoria de Mario Castro Calvo, compañero, estimado, que me pregunto si estaría hoy con nosotros de no haber sido por esa huelga en servicios de salud que le impidió recibir su atención médica", dijo mientras su rostro daba muestras de querer soltar lágrimas.
Por eso, y esperando que nadie vuelva a pasar por ese temor de llegar a su casa y ver a su pariente fallecer porque fue devuelto de un servicio de salud por una huelga, Guido dijo que apoyaba el proyecto de ley.
Un caso más actual lo mencionó el diputado Enrique Sánchez del PAC, quien dijo que ese mismo jueves uno de sus asesores y varios adultos mayores perdieron su cita de laboratorio después de un ayuno de 12 horas porque los funcionarios médicos se habían ido a huelga para protestar contra la aprobación de la ley para regular esos movimientos.
"De esto se trata la esencia de este proyecto, en particular en lo que tiene que ver con la prohibición de huelga en servicios esenciales que, como los de salud, ponen en riesgo la vida y salud de las personas. Esto es real, no una fantasía", dijo Sánchez.
De igual forma, la diputada Ivonne Acuña y protagonista de la frase con la que se titula este reporte, defendió ser la única del bloque fabricista que votó a favor del proyecto en el primer debate y que lo haría de nuevo en segundo debate este jueves.
Acuña afirmó haber estudiado con detenimiento el proyecto junto a expertos en derecho laboral y constitucional, y que concluyó que el mismo era un justo equilibrio entre el derecho a huelga y otros derechos constitucionales como la vida, la salud, la educación y el libre tránsito.
La diputada también recordó experiencias de afectación por huelgas abusivas. Citó el caso de un niño de 4 años de edad quien estuvo retenido durante horas en un vehículo en San Carlos porque las calles estaban bloqueadas durante la protesta contra el plan fiscal, y que durante ese tiempo no pudo dar de cuerpo ni comer.
También contó que el hijo de una de sus asesoras de despacho se vio afectado por los movimientos; otros amigos le relataron que les amonestaron por llegar tarde o ausentarse del trabajo al no poder llegar porque las calles estaban cerradas; y contó que su madre, quien se encuentra en estado delicado de salud, perdió una cita médica por culpa de la huelga.
Y reiterando que al analizar el texto consideró que el mismo cierra portillos para los abusos y equilibra la balanza de derechos, Acuña dijo que a los partidarios de Nueva República que le escribieron reclamándole su voto positivo al "proyecto mordaza" que "elimina el derecho a huelga", les respondió que por favor les enviaran dudas jurídicas o técnicas sobre el proyecto porque tal vez a ella se le había escapado algo, sin embargo, nunca recibió respuesta.
Quien diga que este proyecto elimina el derecho a huelga miente, miente, miente.
No todo fueron relatos de experiencias emotivas y cercanas de afectación por las huelgas de los últimos meses y años.
La diputada socialcristiana Shirley Díaz, quien votó en contra el plan fiscal, el proyecto de huelgas y firmó las consultas para intentar botarlo en la Sala Constitucional, la emprendió contra los diputados que compartieron esos antecedentes cercanos.
"Todos lamentamos lo que pasó en los hospitales, los comedores, en las escuelas y colegios, que no se haya logrado cubrir los programas educativos, pero aquí el principal responsable de que eso sucediera se llama Presidencia y Poder Ejecutivo", dijo Díaz.
Cada vez más exhalada dijo que la responsabilidad de que se hubiesen perdido citas médicas y clases no fue exclusiva "del pueblo" que protestó, y afirmó estar harta de la "doble moral" de algunos políticos, haciendo referencia a quienes acababan de contar sus experiencias.
Y dejadas las intervenciones para las actas de la futura ley, el Congreso sometió el expediente a votación en segundo debate: 35 a favor, 13 en contra.
Los efectos detallados de esta ley pueden leerlos en esta nota que publicamos ayer; lo mismo que el texto final de lo que será ley cuando la firme el presidente Alvarado.
Gran polémica por oficio de la Procuraduría de la Ética
Si alguna vez buscan en el diccionario la definición de la frase "ahogarse en un vaso de agua" encontrarán la referencia a la sesión del Plenario del 16 de enero. Acá el vídeo y abajo la explicación detallada de lo ocurrido:
La discusión en segundo debate del proyecto para regular las huelgas se vio abruptamente suspendida durante 40 minutos por un nuevo incidente que involucra el caso del cementazo y el proceso de notificar a los diputados comunicaciones de la Procuraduría de la Ética Pública.
Recordemos que durante la presidencia de Carolina Hidalgo se abrió una comisión investigadora que determinara por qué los diputados no tuvieron posibilidades de apelar la resolución que desestimó, en primera instancia, las acusaciones éticas formuladas por el Congreso contra el expresidente Luis Guillermo Solís por el caso del cementazo.
Esa resolución llegó en vísperas del cambio de diputados y el documento original que le fue entregado al directorio que era presidido por el diputado evangélico Gonzalo Ramírez nunca apareció. Cuando la presidenta Hidalgo mandó a averiguar qué había ocurrido con ese informe y la Procuraduría les remitió una copia, el plazo para apelar había vencido.
El caso fue denunciado en Plenario por el diputado Carlos Ricardo Benavides, a quien hoy se le dio vuelta la tortilla y tuvo que soportar los reclamos de varios diputados.
¿Qué ocurrió?
1- El lunes 13 de enero, la diputada Laura Guido del PAC, quien funge como primera secretaria del Directorio y a quien el Reglamento de la Asamblea señala se le dirige la correspondencia que llega de manera externa, recibió un oficio de la Procuraduría de la Ética Pública fechado del 20 de septiembre del 2019 en el que se informaba al Congreso que sus recomendaciones de reabrir la causa ética contra el expresidente Solís y abrir una contra el Consejo de Gobierno por haber ignorado el deber de legalidad en el caso del cementazo fueron acogidas de modo que se trabajaría en ambas vías.
¿Por qué el informe llegó casi 4 meses después? Solo la Procuraduría puede responder esa pregunta.
2- Guido, al recibir el informe, puso en conocimiento de Carlos Ricardo Benavides que había llegado esa comunicación y le instó a hacerlo de conocimiento del resto de legisladores en el Plenario. El presidente legislativo fue notificado hasta horas después.
3- La diputada Guido reiteró a Benavides al cierre de la sesión de Plenario del miércoles que avisara al resto de diputados que había llegado ese oficio, y así lo hizo el presidente legislativo, quien afirmó haber dado instrucciones a funcionarios administrativos para que el documento fuera entregado a los demás legisladores para su análisis.
4- Este jueves, al mediodía, el diputado Roberto Thompson del PLN se levantó a reclamar porque el informe no había sido entregado a los congresistas y el mismo ya estaba en poder de los medios de comunicación, quienes le habían solicitado que diera declaraciones sobre el contenido del mismo.
5- Benavides reiteró que él dio la orden de entregarlo pero que al parecer no se le hizo caso, por lo que en el transcurso de ese día se le haría llegar a los legisladores.
Y hasta acá todo normal.
Sin embargo, la diputada Laura Guido pidió la palabra desde la mesa principal para hacer "aclaraciones" sobre el tema que a la postre se tradujeron en una oleada de ataques hacia ella y Benavides.
La legisladora dijo que ella recibió el documento de primera, que conocía su contenido y que no era una resolución de la Procuraduría que tuviese un plazo fatal para que los diputados pudiesen apelar, sino que era una respuesta a las recomendaciones que fueron aprobadas por el Plenario el año pasado. Y aunque reiteró que no era una resolución sujeta a apelación, y por ende los temores de los diputados eran infundados, pareciera que nadie la escuchó.
Thompson pidió nuevamente la palabra para quejarse que a esas alturas el documento no hubiese sido entregado al resto de diputados e insistió en el temor de que algún plazo para apelar estuviese a solo horas de expirar.
Le siguió la diputada Karine Niño, quien extra-micrófonos pidió al directorio suspender la discusión del proyecto para resolver el asunto. "¿Cómo que suspenda la votación?", respondió Benavides en tono irónico. Cuando los técnicos le habilitaron el micrófono a la legisladora ante su petición, esta dijo una frase que terminó por evidenciar que lo que está aconteciendo con el diputado Daniel Ulate -del grupo cercano a Thompson- mantiene profundamente dividido al PLN.
Para yo también escucharme y no solo usted. Aquí hay varios diputados que estamos molestos porque usted mismo acaba de decir que sí leyó la resolución. Entonces por lo menos que se escuche esta molestia
La discusión subió de tono porque Benavides le respondió "usted no escuchó bien" ya que él había sugerido que se terminara la votación del proyecto y luego se tratara el tema. "No, yo sí escuché bien", replicó Niño.
Luego pidió la palabra José María Villalta del Frente Amplio, quien manifestó su molestia por la forma en que se había manejado el oficio de la Procuraduría y afirmó que todos los diputados tienen los mismos derechos y que tener el privilegio de dirigir los debates no le da derecho a esos legisladores de pasarle por encima a los demás.
El diputado frenteamplista sugirió que dado que Guido fue la primera en recibir el oficio, el resto de la fracción del PAC ya había sido puesta en conocimiento del mismo y tenían lista toda una defensa.
Jonathan Prendas le exigió a Benavides que determinara cuál funcionario administrativo había incumplido su orden de hacerle llegar al resto de diputados el oficio y que le sancionara por ello.
Guido intervino nuevamente y negó que ella hubiese compartido el documento a su fracción, al alegar que lo tenía guardado hasta que la presidencia ordenara qué hacer con él. A la negativa de que la bancada oficialista ya hubiese estado al tanto del tema se sumaron Luis Ramón Carranza y Paola Vega.
La situación escaló aún más cuando le correspondió intervenir a Franggi Nicolás, quien para nadie es un secreto no se lleva de lo más bien con Carlos Ricardo Beanvides.
Estamos repitiendo exactamente lo mismo que nos ocurrió con este mismo caso. Es difícil explicarle a los costarricenses que no hay mano peluda y si el compañero Thompson no lo trae a colación, se nos va el tiempo para apelar. Ojalá nos dé tiempo, pero si no nos da tiempo de responder, presidente y primera secretaria, los principales responsables son ustedes dos
Benavides le respondió a Nicolás que ella no estaba diciendo la verdad, por lo que la diputada se exaltó aún más y fuera de micrófonos le replicó de forma aireada.
Sin embargo, la más escandalosa de las intervenciones la protagonizó Otto Roberto Vargas, diputado del PRSC y quien presidió la comisión que investigó lo ocurrido con aquella notificación de la Procuraduría de la Ética sobre el expresidente.
Gritando, rostro rojo, falto de aire y casi apunto de que le diera un ataque al corazón, el legislador dijo que le parecía inaceptable que esto estuviera ocurriendo otra vez.
Benavides finalmente terminó por aceptar totalmente la responsabilidad por lo ocurrido al afirmar que él, como jerarca legislativo, debía no solo dar órdenes, sino supervisar que se cumplieran. Esta intervención fue elogiada por la diputada socialcristiana María Vita Monge, quien le dijo que así era como actuaba un verdadero líder.
