La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) presentó el lunes de está semana un recurso de amparo contra la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, por votar de forma secreta la terna de magistrados que recomendó al Plenario para ocupar una vacante en la Sala Primera.

La votación cuestionada por la Acojud se realizó el pasado 23 de octubre y dejó como resultado una terna para recomendar al Congreso, que quedó integrada de la siguiente manera:

  1. Damaris Vargas Vásquez, electa en la primer votación con cinco votos a favor.
  2. José Rafael Fernández Quesada, electo en la segunda votación con cuatro votos a favor.
  3. Alexandra Alvarado Paniagua, electa en la tercera votación con seis votos a favor .

Las tres rondas de votación se dieron de manera secreta por los presentes: Jorge Fonseca y Luis Fernando Chacón (PLN); Floria Segreda y Carlos Avendaño (PRN); Erwen Masís (PUSC); Enrique Sánchez (PAC) y Dragos Dolanescu (PRSC).

El recurso presentado por la Acojud solicitó a la Sala que se suspenda el proceso de nombramiento hasta que se resuelva el recurso y que se anule esa votación para que se vuelva a realizar de forma pública.

La votación de la Comisión de Nombramientos se dio después de que la Sala Constitucional le hubiera recordado al Congreso que la transparencia debe ser la regla y no la excepción en el quehacer legislativo, cuando declaró inconstitucional varios artículos del Reglamento de la Asamblea Legislativa que imponían el secretismo de sesiones y votaciones en el Congreso, a raíz de una acción de inconstitucionalidad impulsada por Delfino.cr.

De igual forma —y por otra acción de incostitucionalidad que mantiene Delfino.cr contra las elecciones secretas en el Congreso— la Procuraduría General de la República, como asesor de la Sala Constitucional, ya había señalado previo a la cuestionada votación, que el proceso para elegir a los magistrados debe hacerse, tanto en comisión como Plenario, de forma pública.

A pesar de estos antecedentes desde el despacho del presidente de la comisión de Nombramientos, Luis Fernando Chacón, se nos insistió el 24 de octubre en que la votación realizada para escoger la terna de la Sala I no fue secreta ya que se había realizado por medio de boletas, sin que el diputado o su despacho hayan ampliado la argumentación de esta afirmación (que naturalmente es errónea).

Adicionalmente, el día de ayer se conoció que la Procuraduría de la Ética Pública recibió una denuncia contra el diputado del PUSC Rodolfo Peña, por los posibles delitos de tráfico de influencias y faltas a la ética pública.

Peña formaba parte de la comisión mientras avanzaba el concurso y mintió a tres medios de comunicación sobre su vínculo con una de las candidatas —Damaris Vargas—, a quién calificó de “una amistad universitaria”, solo para que posteriormente se confirmara que habían tenido una relación sentimental. Cuando se confirmó la mentira de Peña, este decidió abstenerse de continuar conociendo los expedientes donde participaba Vargas.

Durante el periodo en que Peña se mantuvo en la comisión Vargas obtuvo la mejor calificación de todas las personas que participaban del concurso, aunque ninguna de las personas superó el 75 requerido, por lo que en una segunda valoración —y tras la salida del socialcristiano— Vargas pasó a ocupar el sexto puesto en la lista y entró con la nota mínima requerida para ser considerada en la votación final.