El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en primer debate, el proyecto de ley conocido como "supervisión consolidada" con el cual se realizan las reformas legales necesarias para evitar que otro 'caso Aldesa' vuelva a repetirse en Costa Rica.
La iniciativa tramitada en el expediente 21.355 se denomina "Reformas al Capítulo IV de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N° 7558 y al Artículo 151 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional Ley N° 1644" y recibió 40 votos a favor y 1 en contra, este último correspondiente a Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano.
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo el 23 de abril de 2019 y fue analizado por la comisión de incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Su objetivo principal es facultar a las superintendencias del país a realizar una supervisión consolidada efectiva, la cual se estima fundamental para la estabilidad y solvencia del Sistema Financiero Nacional.
Mediante la supervisión consolidada se busca evaluar la fortaleza de un grupo económico, tomando en consideración todos los riesgos que pueden impactar a las entidades individuales reguladas que forman parte de este, sin importar la entidad o empresa del grupo en la cual dichos riesgos estén registrados o se presenten.
Dicho enfoque requiere que las superintendencias conozcan todas las actividades relevantes que lleva a cabo el grupo financiero, a nivel local e internacional, y además entender y evaluar la forma mediante la cual gestionan los riesgos del grupo o conglomerado, a efecto de requerir la adopción de acciones oportunas y efectivas para mitigar su posible impacto en la seguridad y solvencia de las entidades reguladas que forman parte de estos.
¿Por qué esta ley evitaría otro 'caso Aldesa'? Para responder la pregunta es necesario tener claro lo que ocurrió en el caso concreto:
— Aldesa es una empresa dedicada a negocios financieros y bursátiles integrada por el Grupo Financiero Bursátil Aldesa (regulado por la Superintendencia de Valores y la Bolsa Nacional de Valores); y Aldesa Corporación de Inversiones, la cual no era regulada ni supervisada dados los vacíos en la legislación vigente.
— Según las investigaciones criminales en curso, Aldesa hizo creer a los inversionistas de Aldesa Corporación de Inversiones (la no supervisada) que sus inversiones eran supervisadas por la Sugeval, dado que ambas partes de la empresa se ubican en el mismo edificio y tienen el mismo recurso humano, página web, números de teléfono, marcas, logos y hasta Junta Directiva.
— Dado que Aldesa Corporación de Inversiones no era supervisada, se desconoce si los recursos que le fueron otorgados (entre ellos por parte de asociaciones solidaristas) fueron invertidos correctamente, o en su lugar fueron usados de forma fraudulenta para pagar intereses a otros inversionistas empleando el Esquema Ponzi (el mismo de 'la nube').
— El 8 de marzo del 2019, Aldesa anunció públicamente tener problemas de liquidez en su Corporación de Inversiones (la parte no supervisada) y solicitó intervención judicial para suspender pagos a sus acreedores por al menos 3 años, la cual ha sido rechazada. Además, la empresa cerró su puesto de bolsa.
— Cuando se empezó a cuestionar por qué Aldesa llegó a este punto, tanto la Sugeval como la Bolsa Nacional de Valores revelaron que la Corporación de Inversiones de Aldesa no era supervisada debido a la forma en que está redactada la ley actual.
Aclarado esto, el proyecto en cuestión lo que busca es precisamente que esto no vuelva a ocurrir.
Otros proyectos aprobados
Los diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.259 presentado por José María Villalta, con el cual pretende exonerar del Impuesto sobre la Renta a las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas), las cuales fueron gravadas a raíz de una interpretación del Ministerio de Hacienda respecto a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Según el informe técnico de este proyecto, ni Hacienda ni los diputados conocen el impacto para las finanzas públicas que tendrá esta iniciativa, sin embargo, ello no importó para darle la primera de las dos votaciones necesarias para convertirse en Ley.
41 diputados dieron el primer debate. Solo Yorleny León del PLN votó en contra.
También se le dio primer debate al expediente 21.211, con el cual la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) pasará de 9 a 11 miembros, al incluir al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) ya que son autoridades que tienen responsabilidades compartidas sobre las actividades relacionadas con el sector.
Esta iniciativa también forma parte de la agenda de incorporación a la OCDE, ya que dicho organismo señaló que se necesita una mayor participación del Poder Ejecutivo en la conformación de la Junta Directiva para la formulación de la política pública, fortaleciendo la dirección y coordinación desde el Gobierno, con el propósito de que se refleje el interés público, se mejore la rendición de cuentas y se fortalezca la confianza sobre el modelo de gestión de los recursos marinos.
Inicialmente se pretendía incluir al Minae y al Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), sin embargo, esta última fue sustituida por Comex.
La reforma aprobada con 40 diputados a favor y 0 en contra dispone que la Junta Directiva de Incopesca quedará integrada así de ahora en adelante:
- Un presidente designado por el Consejo de Gobierno
- El ministro(a) de Agricultura y Ganadería o viceministro(a).
- El ministro(a) de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones o viceministro(a).
- El ministro(a) de Economía, Industria y Comercio o viceministro(a).
- Tres personas representantes del sector pesquero, representantes de las organizaciones de pescadores o acuicultores de las provincias costeras del país.
- Una persona representante del sector industrial o del exportador de productos pesqueros o acuícolas.
- Una persona representante de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca y Acuicultura.
- El ministro(a) de Ambiente y Energía o viceministro(a).
- El ministro(a) de Comercio Exterior o viceministro(a).
Luego 38 diputados dieron primer debate al expediente 19.914, el cual modifica la actual distribución que se hace de las rentas obtenidas por la venta de las loterías, juegos y otros productos de azar que comercializa la Junta de Protección Social (JPS).
Concretamente la reforma adiciona que de los recursos obtenidos por concepto del 7% al 8% de la utilidad neta se debe dar prioridad a personas jóvenes con discapacidad y contemplar los productos de apoyo que sean suficientes para su pleno desarrollo e inclusión en la sociedad. De este modo se elimina lo actualmente indicado respecto a que, de la totalidad de dichos recursos, al menos un 40% se debe destinar al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven para desarrollar programas de capacitación y recreación para las personas jóvenes con discapacidad física, mental o sensorial.
Los diputados decidieron hacer esta reforma dado que el Consejo General de la Persona Joven ha tenido dificultades en relación con la ejecución de los recursos asignados. En su lugar corresponderá a la JPS cumplir con la misión encomendada a favor de las personas jóvenes con discapacidad.
Finalmente, dos convenios internacionales recibieron votación final en segundo debate. El primero de ellos bajo el expediente 20.013 que consiste en un acuerdo de cooperación entre Costa Rica y Belice, refrendado por 39 diputados.
Y el otro, el expediente 20.497 que es un acuerdo entre Costa Rica y la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocida como la Orden de Malta, que obtuvo 38 votos a favor.
Mientras tanto, continuará el secretismo...
La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa continuará realizando sus recomendaciones al Plenario mediante votación secreta, hasta que la Sala Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de esa decisión.
El Departamento de Servicios Técnicos del Congreso emitió el criterio AL-DEST-CJU-059-2019 en el que señala que la normativa relacionada al proceso de elección y no-reelección de magistrados de la Corte Suprema está impugnada en otra acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución por el Alto Tribunal.
Dicha acción se tramita bajo el expediente 19-011022-0007-CO y fue entablada por Delfino.cr contra los artículos 228 y 229 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, así como contra el acuerdo 6209-04-05 que desde octubre de 2004 fija el procedimiento de elección mediante voto secreto de los magistrados de la Corte Suprema.
El caso ya está bajo estudio por el fondo del magistrado presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, luego que concluyera el periodo de coadyuvancias (presentadas por la fracción del PAC y María Inés Solís del PUSC) y luego que la Procuraduría General de la República emitiera un informe en el que señala que tanto la elección como la no-reelección de un magistrado debe realizarse mediante un proceso legislativo público y transparente, sin usar voto secreto.
Aunque los diputados tienen la potestad de enmendar el procedimiento de una vez por todas para hacer las elecciones públicas y dejar atrás el secretismo, la Comisión mantendrá su trámite habitual alegando que las normas denunciadas siguen vigentes hasta que se dicte sentencia final.
Servicios Técnicos emitió el criterio legal a solicitud de los diputados Luis Fernando Chacón y Jorge Luis Fonseca, ambos del PLN e integrantes de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea.
