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Reforma para que Ejecutivo controle agenda legislativa en sus primeros 100 días genera dudas

La reforma constitucional que plantea cambiar las fechas de inicio y fin de los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Legislativa generó un intenso debate sobre la conveniencia o no de la modificación.

El proyecto, impulsado por Eduardo Cruickshank de Restauración Nacional y otros diputados, salió de la Comisión Especial creada para analizar exclusivamente el expediente 21.145, la cual recomendó al Plenario acoger el siguiente texto para enmendar la Constitución:

Artículo 116- La Asamblea Legislativa se reunirá cada año el día 1 de mayo, aun cuando no haya sido convocada, y sus sesiones ordinarias durarán seis meses, divididas en dos períodos: del 1 de agosto al 31 de octubre y del 1 de febrero al 30 de abril. Una legislatura comprende las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas entre el primero de mayo y el treinta de abril siguiente.

Si la reforma constitucional llega a buen término, el primer periodo de sesiones ordinarias ya no iniciará el 1 de mayo y terminará el 31 de julio, sino que irá del 1 de agosto al 31 de octubre. Ello implica que el primer periodo de sesiones extraordinarias ya no irá del 1 de agosto al 31 de agosto, sino del 1 de mayo al 31 de julio, de modo que el Ejecutivo tendrá control de la agenda legislativa durante sus primeros 100 días.

De la misma forma, el segundo periodo de sesiones ordinarias ya no iniciará el 1 de septiembre y hasta el 30 de noviembre, sino que arrancará el 1 de febrero y culminará el 30 de abril. De ese modo, el segundo periodo de sesiones extraordinarias ya no iniciará el 1 de diciembre y terminará el 30 de abril, sino que irá del 1 de noviembre al 31 de enero del año siguiente.

Las dudas fueron lanzadas por el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, quien dijo que aunque iniciar el periodo constitucional con sesiones extraordinarias puede parecer razonable, la forma en que quedó redactado el texto genera un peso muy especial de circunstancias en las que normalmente no se puede legislar del todo, o no se puede legislar bien, durante esos meses.

Benavides acotó que en julio --que pasaría a ser parte de las extraordinarias con esta reforma-- se tienen las vacaciones de medio periodo que coinciden con el receso educativo de ese mes, de modo que el Ejecutivo perdería durante ese tiempo varios días de poder impulsar su agenda.

Posteriormente, en el mes de noviembre que también pasaría a estar dentro de las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo vería consumido el tiempo de Plenario por el trámite del Presupuesto Nacional del año siguiente, tema que tiene prioridad absoluta en la agenda legislativa y hoy por hoy se encuentra dentro del segundo periodo de sesiones ordinarias.

Finalmente, detalló Benavides, el receso de fin e inicio de años (el más largo de todos los que se hacen durante el año) terminaría recayendo también en el periodo de sesiones extraordinarias, de modo que el Ejecutivo también vería afectado el impulsar su agenda.

Me preocupa que esta distribución que se ha hecho le carga la mano sobre la agenda del Ejecutivo en extraordinarias, restándole tiempo. Me preocupa legítimamente porque gobernar desde el Ejecutivo es bastante complejo, y parte de gobernar es llevar adelante los proyectos que el Ejecutivo quiere o tratará de aprobar bajo su liderazgo o con su ayuda durante el periodo de sesiones extraordinarias.

El diputado proponente, Eduardo Cruickshank reiteró que la intención de la reforma es que el Ejecutivo tenga control de la agenda parlamentaria durante sus primeros 100 días de gobierno para impulsar las iniciativas que ha propuesto en su plan de Gobierno al país, así como eliminar la actual situación que se presenta durante el mes de agosto, cuyos 31 días son exclusivos de sesiones extraordinarias pero que por lo escaso del mismo, es altamente improductivo en cuanto a la aprobación de proyectos; así como nivel el segundo periodo extraordinario que va de diciembre a abril --es decir, cinco meses-- que en la mayoría de los casos resulta excesivamente largo.

Dato D+: Durante el periodo extraordinario de agosto se registra la menor cantidad de proyectos aprobados en cada legislatura. La pasada no logró aprobar ninguno, al igual que en el año 2004-2005

Posteriormente, Benavides recordó que aunado al tiempo perdido por los recesos legislativos usuales, se le debe sumar que en el mes de mayo hay de tres a cuatro semanas "perdidas", por la conformación de comisiones que se debe hacer.

Por su parte, Pablo Heriberto Abarca dijo que le parece sano que el Ejecutivo asuma la agenda en mayo, para priorizar proyectos avanzados del periodo anterior; y que aproveche en noviembre para que el Ejecutivo acomode la agenda en las comisiones.

Podría ser viable que hay una afectación cuando no hay propuesta o cuando no se sabe priorizar, pero estoy seguro que en por lo menos los ejercicios del PUSC sí hemos sabido hacer esa priorización y esa negociación

Finalmente, la moción de fondo con la recomendación del texto fue aprobada por todos los 45 diputados presentes al momento de la votación, sin embargo, la discusión y votación en primer debate se dejó para otra sesión.

Pese a la oposición de la Corte, diputados autorizan acceso de la Policía al Archivo Criminal

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en primer debate, el proyecto de ley que permitirá a los cuerpos policiales preventivos de Costa Rica acceder a la información contenida en el Archivo Criminal resguardado por la Corte Suprema de Justicia.

Así lo acordaron 47 diputados pese al criterio negativo externado por los magistrados de la Corte Plena, quienes indicaron que el proyecto afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, lo que obligaba a la iniciativa a ser aprobada con no menos de 38 votos a favor.

El segundo debate (y último) del proyecto se programó para el jueves 20 de junio.

Una vez promulgada como ley, la Policía de Control Fiscal, Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad y la Policía Profesional de Migración y Extranjería podrán consultar íntegramente los expedientes criminales de todas las personas que tengan alguno en el Archivo Criminal.

También tendrán acceso a dicho archivo las instituciones gubernamentales que regulan temas de seguridad nacional y la Oficina del Tribunal Supremo de Elecciones encargada de aprobar los trámites de naturalización costarricense, pero únicamente para determinar si la persona consultada mantiene expedientes criminales activos; consultar los datos de identificación contenidos en la reseña policial, fotografías y asuntos pendientes como capturas de personas, de vehículos o presentaciones.

"Celebramos la votación en primer debate  de esta propuesta de ley, ya que consideramos necesario estrechar esfuerzos de forma interinstitucional, con la finalidad de que los cuerpos policiales como la policía de Control Fiscal y la policía migratoria,  puedan tener  acceso a la información criminal de forma confidencial, con el propósito de mantener identificados a las personas que delinquen y los diferentes delitos que cometen, para de esa manera el Ministerio de Seguridad, pueda limitar o denegar servicios a ciertos individuos no aptos o con potencial delictivos", acotó el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gustavo Viales Villegas.

Corte objetó proyecto

Una mayoría de magistrados de la Corte Plena acogió el informe sobre el proyecto formulado por el magistrado Román Solís de la Sala Primera, en el sentido de que la iniciativa afectaba la organización y funcionamiento del Poder Judicial, pues su redacción implicará cambios y afectación al Archivo Criminal, el cual desde su génesis ha sido resguardo del Poder Judicial.

Según Solís y el resto de magistrados que acogieron su informe, permitir que "una gran cantidad de oficinas estatales" tengan acceso a dicho registro, el cual es confidencial, "atentaría contra el buen funcionamiento y estabilidad de este Poder [el Judicial]".

Para los altos jueces opuestos, el proyecto obligará a que el Organismo de Investigación Judicial incurra en costos elevados para poder actualizar los accesos de consulta al Archivo Criminal, de modo que las nuevas instituciones autorizadas puedan leer el mismo. Dicha observación no fue acogida por los diputados, quienes no incluyeron una fuente de financiamiento al proyecto.

Una de las magistradas que rechazó que el proyecto afectara al Poder Judicial, Iris Rocío Rojas, cuestionó que el informe acogido por el resto de sus compañeros propusiera que se creara un impuesto para que el OIJ financiara este nuevo gasto, y que el mismo no afecta a la institución pues no incide en su organización ni funcionamiento.

¿Cuál norma constitucional dice que el manejo de la información policial y técnica es monopolio del OIJ? Si una ley crea cuál es el dato sensible una ley del mismo rango puede disponer quiénes la consultan. Me preocupa porque el país está en una situación de inseguridad, la policía preventiva necesita datos para investigar los delitos. No he encontrado un solo argumento, no entendí en qué se compromete la organización y funcionamiento de este Poder de la República

Comisión de Limón llama a rendir cuentas a Ann McKinley

La Comisión Especial de Limón de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para que la expresidenta de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Ann McKinley, comparezca ante ese foro.

La moción fue aprobada por unanimidad, por lo que la exjerarca y actual asesora del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el Congreso deberá asistir a dicha comisión a referirse a temas de interés de los representantes de la provincia caribeña.

Los diputados cuestionarán a McKinley por haber tomado el fondo de 15 mil millones de colones que Japdeva reservó en la administración de Laura Chinchilla para liquidar a 900 trabajadores que ya no son necesarios a raíz de la entrada en operación de APM Terminals. Dichos recursos son, precisamente, los que ahora el Gobierno debe buscar por otra fuente para poder reducir la planilla de esa institución.