El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió un "criterio legal" que defiende la decisión tomada por la mayoría de diputados de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional de votar de forma secreta la no reelección del magistrado Paul Rueda de la Sala Constitucional; a contrapelo de varias resoluciones de ese Alto Tribunal que han señalado que para realizar un voto en esas condiciones se requiere que al menos 38 diputados lo autoricen de previo.

El criterio de tan solo 12 páginas fue redactado por Víctor Emilio Granados Calvo y recibió el visto bueno de Fernando Campos Martínez, director del Departamento.

Dato D+: Víctor Emilio Granados era el Presidente de la Asamblea Legislativa cuando se sometió a votación la no reelección de Fernando Cruz como magistrado de la Sala Constitucional, pese a que ya había quedado reelecto por silencio positivo debido a que los diputados no se pronunciaron en tiempo.

El documento completo puede leerse en este enlace y del mismo se desprende que la asesoría legal de los diputados ignoró varias resoluciones de la Sala Constitucional en materia de publicidad y transparencia legislativas, una de ellas emitida —inclusive— a raíz de un reclamo de Celso Gamboa Sánchez durante el trámite de su destitución como magistrado.

De igual forma, el informe no hizo mención a que la propia Procuraduría General de la República, ente que funge como abogado del Estado, recomendó meses atrás a la Sala Constitucional anular una serie de artículos del Reglamento de la Asamblea Legislativa que imponen el secretismo de sesiones y votaciones cuando se tratan diversos asuntos.

Julio Jurado Fernández, procurador general de la República señaló en julio de 2018, a raíz de la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente 18-10546-0007-CO, que la regla general establecida en la Constitución sobre las sesiones y votaciones que realiza la Asamblea Legislativa es que éstas sean públicas, de manera que todos los habitantes del país puedan asistir o seguirlas y se garantice plenamente la difusión e información de lo que sucede en el Parlamento.

De acuerdo con el Procurador, el artículo 117 de la Constitución permite la votación secreta únicamente bajo razones muy calificadas y de conveniencia general, y para ello se requiere una votación de mayoría calificada de los diputados presentes.

En dicho informe, Jurado Fernández recordó que la Sala Constitucional mediante los votos 2014-4182, 2014-4894, 2015-2539 y 2018-4290, ha indicado que la regla o principio que rige es la publicidad y la transparencia de las sesiones legislativas, independientemente del tipo de función ejercida: legislativa o de control político. Dichos votos no son mencionados por el "criterio legal" entregado al presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides.

Adicionalmente, la Constitución Política en ninguno de sus artículos establece que los magistrados de la Corte Suprema deban ser elegidos o no-reelegidos mediante votación secreta, sino únicamente que para quedar electos o no ser re-electos se requiere una mayoría calificada que equivale a 38 diputados.

No debe distinguirse donde la Constitución no lo hace

—Julio Jurado, Procurador General de la República

En las sentencias arriba mencionadas, los magistrados de la Sala Constitucional han dejado estipulado que la Asamblea no puede hacer una declaratoria de secretismo de modo general y abstracto para todo un tipo de asuntos, pues debe hacerlo para cada caso concreto y con una votación no menor a 38 votos a favor de ese secretismo.

La excepción, al suponer el sacrificio de los preciados principios de publicidad y transparencia, inherentes a las labores de un parlamento dentro del contexto de una democracia representativa y participativa, debe establecerse casuísticamente o para cada caso concreto, no pudiendo hacerse de modo general y abstracto para todo un tipo de asuntos

—Sala Constitucional

Pese a tales disposiciones, Víctor Emilio Granados justificó el secretismo de la votación alegando que la práctica histórica en la Asamblea Legislativa ha sido hacerlo de esa forma.

Sin embargo, los magistrados del Alto Tribunal dijeron también que pese a la potestad de auto-normación de la Asamblea para dotarse de su propio reglamento interno, "no puede aprovecharse la misma para derogar los principios de publicidad y de transparencia para un tipo de asuntos, por cuanto, la regla que se extrae, como se apuntó, del artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución Política es que el carácter secreto debe ser dispuesto caso por caso".

La decisión de sesionar, deliberar y votar un asunto concreto en secreto tomada según los requisitos y los conceptos jurídicos indeterminados que contempla el artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución Política, estará sujeta al control de constitucionalidad para la verificación de los límites de la potestad constitucional de carácter discrecional otorgada a una mayoría parlamentaria.

—Sentencia 2014-004182. En igual sentido 2014-4894, 2015-2539 y 2018-4290.

Inclusive, Granados afirma que el procedimiento de votación para la "no reelección" de un magistrado está regulado en el artículo 228 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, sin embargo, la Asamblea Legislativa del periodo 2002-2006 sabía que ello no era así y por eso emitió el acuerdo 6209-04-05, el cual desde entonces define que los magistrados son electos a través de una votación que involucra dos rondas, la primera compuesta por tres votaciones y la segunda compuesta por cinco.

El Congreso de ese entonces indicó que los artículos 201 (ahora 228) y 202 (ahora 229) del Reglamento, relativos al procedimiento de nombramientos, ratificaciones o renuncias "constituyen disposiciones aplicables únicamente al giro ordinario de las actuaciones del Congreso, esto es, respecto de todos aquellos actos para cuya aprobación la Constitución no exige una votación mayor (en otras palabras, simple mayoría)". Dado que los magistrados, por norma constitucional, son electos o no re-elegidos con 38 votos como mínimo, ambos artículos no resultan de aplicación para este tipo de procedimientos.

El Reglamento Legislativo es omiso respecto de las reglas de votación aplicables a los procesos de elección por mayoría calificada, como lo es aquel referido a la elección de los Magistrados del Poder Judicial.

—Acuerdo 6209-04-05 de la Asamblea Legislativa del 14 de octubre de 2004

Pese a que el criterio "legal" de Servicios Técnicos (no vinculante) será usado por los defensores del voto secreto el próximo lunes para no hacer la votación pública que defina el futuro del magistrado Paul Rueda, los legisladores que se decantan por dar la cara a la ciudadanía y decir públicamente si votarán a favor o en contra siguen aumentando.

Dato D+: La Asamblea Legislativa del periodo 2014-2018 destituyó a Celso Gamboa mediante votación pública, pese a que el Reglamento exigía en ese entonces voto secreto.

El más reciente fue Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional, quien anunció al Semanario Universidad que aunque la votación se hiciera secreta, él anunciaría la forma en que iba a votar. Horas más tarde, Carlos Ricardo Benavides (quien pidió el criterio legal pese a que ya había dicho que la votación debía hacerse de forma secreta) dijo que incentivaría al resto de diputados a que también hicieran público su voto.

Otros legisladores que han dicho dirán su forma de votar son la bancada del PAC, Erwen Masís y Pablo Heriberto Abarca del PUSC, así como Daniel Ulate del PLN.