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Foto: Pedro Muñoz del PUSC anunció consecuencias legales y políticas si el Ejecutivo no pone orden en la aplicación del plan fiscal.

Diputados denuncian a la CCSS y JPS por renegar de las normas del plan fiscal y dan ultimátum a la contralora

Los ánimos se caldearon una vez más en la Asamblea Legislativa, luego que varios diputados que dieron su respaldo al plan fiscal se molestaran por el hecho de que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Junta de Protección Social (CCSS) se negaran a aplicar diversas disposiciones del plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, entre ellas, regla fiscal y tope a anualidades y cesantía entre otros.

Pedro Muñoz, diputado del PUSC hizo el anuncio y leyó en el Plenario una carta remitida por el Ministerio de Hacienda, en la que se desacredita el "acuerdo" suscrito entre la Caja y los sindicatos, donde se declara la "inaplicabilidad" de la regla fiscal en la institución.

Dicho oficio suministrado por el congresista a la prensa es suscrito por Ana Miriam Araya Porras, directora ejecutiva de la Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria (STAP) quien recordó que la ley dispone que lo único en lo que no aplica la regla fiscal en el Seguro Social es en el régimen de pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el régimen de pensiones no contributivo; mientras que por la resolución de la Sala Constitucional --que dio visto bueno al proyecto-- se incluyó también el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). 

Es decir: todos los gastos de la Caja que no estén relacionados con el IVM, el SEM o el RNC estarían sujetos a la aplicación y cumplimiento de la regla fiscal y son las autoridades de la institución las llamadas a identificar cuáles son esos rubros, especialmente tomando en cuenta que Hacienda ya fijó en 4,6% el tope al crecimiento del gasto público para el presupuesto 2020.

"Esa manifestación [la inaplicabilidad de la regla fiscal en la Caja] se considera que no sólo es cuestionable desde el punto de vista de la competencia que pueda asistirle a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS y a los sindicatos de esa institución, para hacer una declaratoria del género, que a nuestro criterio, no sólo desconoce el ámbito y alcances de la jurisdicción constitucional, sino que también ignora a los órganos del Poder Ejecutivo a quienes la Ley N.° 9635 confirió la competencia para el control y seguimiento de la regla fiscal, incluyéndose en esas labores la verificación de las excepciones contenidas en el artículo 6 incisa a) del Título IV de la Ley aludida, junto con la extensión que estas realizó la Sala Constitucional en la Resolución N.° 2018019511, al incluir el seguro de enfermedad y maternidad", suscribió Araya Porras.

El congresista también reclamó que la Junta de Protección Social (JPS) renegara aplicar los cambios respecto a cesantía establecidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues alega que debe respetarse lo que se establece en su convención colectiva.

Tal posición de la JPS contraviene un dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR), como ente que ejerce la representación legal del Estado, quien dijo que las convenciones colectivas están atadas a las limitaciones que defina la ley, aunque esta sea sobrevenida, es decir, aprobada con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada convención.

Dada la posición externada por Hacienda, el diputado Muñoz anunció que congresistas de la bancada socialcristiana presentaron una denuncia ante la Contraloría para que se declare "nulo" lo actuado por la Caja junto con los sindicatos, así como una solicitud de investigación respecto al caso en la Junta de Protección Social.

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", anunció el legislador para de inmediato señalar que si la Contraloría no atendía los reclamos, se le abriría un procedimiento de destitución a la jerarca de esa institución Marta Acosta, de conformidad con el artículo 183 de la Constitución Política.

"Además, le hemos enviado una carta a la Contralora exigiéndole que no apruebe la liquidación [presupuestaria] de las instituciones que no cumplen con la Ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas y si la Contralora aprueba esos presupuestos, vamos a abrir un procedimiento en contra de la contralora", adelantó.

Muñoz dijo que si el Ejecutivo no pone orden en las instituciones habrá consecuencias legales y políticas y que la primera será el rechazo a la autorización para adquirir los eurobonos que tanto Hacienda ha clamado en tiempos recientes.

"Si este desmadre no se arregla no votaré los eurobonos. Rayo aquí en la arena para que quede claro de donde no me voy a devolver. Ayer se lo dije al diputado Carranza en un programa de radio, hoy lo digo aquí: si el desmadre, el desorden y la fiesta continúan, aquí habrá no solo consecuencias jurídicas en todos sus extremos, sino también consecuencias políticas en todos sus extremos. Quemo las naves para no poder devolverme. Asumimos la responsabilidad [de aprobar el plan fiscal] y nos ven la cara de tontos pintados en la pared ¿A dónde está el presidente de la República? ¿Cómo es que Raimundo y todo el mundo se sale del canasto?", agregó.

Estoy hablando absolutamente en serio. El Presidente nos envió una carta antes de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento y hay acuerdos incumplidos.
Eso nos faculta a nosotros para hacer lo que corresponda.

El Ejecutivo debería tomarse en serio las amenazas del PUSC. Un socialcristiano preside la comisión que estudia la autorización de eurobonos y su aprobación requiere de un mínimo de 38 votos en el Plenario...

Proyectos aprobados

El Plenario aprobó en segundo debate el acuerdo para implementar sistemas de control integrado binacional en los pasos de frontera con Panamá, expediente 20.650 que recibió el visto bueno de la Sala Constitucional.

Este acuerdo constituye un instrumento de derecho internacional que tiene por finalidad servir para la facilitación de comercio entre Costa Rica y Panamá, fundamentada en las premisas de de multilaterialidad para la facilitación del comercio de acuerdo a la posición de la Organización Mundial de Comercio; que responde a la Estrategia Centroamericana de Facilicitación del Comercio
y Competitividad.

Entre las disposiciones que incluye se encuentra que, con el objeto de agilizar y simplificar los procedimientos de control fronterizo, el tránsito internacional de personas, equipajes, unidades de transporte, vehículos y mercancías serán controlados únicamente en el País Sede, en el respectivo Centro de Control Nacional, por las autoridades competentes de ambos países.

"El control integrado supone una única parada de control para personas, equipajes, mercancías, unidades de transporte y vehículos, utilizando procedimientos de control que eviten de manera progresiva la duplicidad de trámites y registros, y utilizando tecnología no intrusiva. Sin perjuicio de la aplicación de otros mecanismos de control aduanero que estén dispuestos en la legislación de cada Estado Parte", dice el artículo 3 del acuerdo.

El proyecto fue aprobado por 50 diputados y no hubo objeciones.

Por otro lado, se aprobó en primer debate el expediente 20.000, que consiste en una re-estructuración del Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón (FODELI), para que pase a ser un órgano de desconcentración en grado máximo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

El Fondo deberá otorgar beneficios económicos para la educación universitaria y parauniversitaria, bachillerato por madurez, subvenciones a deportistas y emprendedurismo a aquellas personas  ciudadanas de la provincia de Limón, con residencia no menor a 10 años en forma consecutiva, que se encuentren en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad social.

Los recursos de dicho Fondo provienen del artículo 8 de la Ley N.º 7454, Crédito N.º 739/OCCR por $10 millones, de los cuales la mitad debía destinarse a la constitución de un fideicomiso para la promoción del desarrollo humano por medio de becas otorgadas por CONAPE y la otra mitad a facilitar líneas de crédito a inversionistas y productores, a proyectos productivos y a obras de bien comunal.

Aunque fue hace casi 20 años que dicho crédito se aprobó, el provecho para los limonenses ha sido casi nulo debido a trabas burocráticas que se proponen eliminar con este proyecto de ley.

La iniciativa fue respaldada por 49 diputados y no tuvo objeciones.

Comisión investigará responsabilidad del Estado en asesinato de Sergio Rojas

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso aprobó una moción del diputado José María Villalta para abrir una investigación sobre la responsabilidad del Estado costarricense en el asesinato del líder indígena Sergio Rojas.

La moción recibió el apoyo de María Vita Monge (PUSC), Enrique Sanchez (PAC), Jorge Fonseca (PLN) y Dragos Dolanescu (PRSC), mientras que votaron negativamente Carmen Chan (independiente) y Patricia Villegas (PIN).

Dictaminada ley sobre transporte no tradicional (Airbnb)

La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó el expediente 20.865 que vendrá a regular el hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales (como Airbnb), presentado por el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.

Los diputados acogieron un informe de subcomisión preparado por Abarca, Pedro Muñoz y Paola Vega que recapitula el hecho de que Costa Rica atravesara en los últimos años una de las mejores “bonanzas en turismo”, con un incremento sostenido en ingresos de turistas desde el año 2012 de más de un 9% anual, haciendo que el sector turismo genere más de 147 mil empleos directos y más de 500 mil empleos indirectos.

El inconveniente detectado es que aunque los turistas siguen llegando a Costa Rica, la ocupación en los hoteles se mantiene estable, lo que genera dos hipótesis: hay mayor oferta hotelera, o los turistas se están hospedando en otros lugares.

Según datos del Instituto Costarricense de Turismo, el incremento del número de habitaciones entre el año 2015 y 2016 es de menos del 3%, por lo que la segunda hipótesis es la correcta.

La ley que ahora se impulsa viene a regular el servicio de manera que se pueda establecer una sana competencia, procurando mayor igualdad de condiciones y que represente además un incremento en la recaudación del Estado.

Así las cosas, la iniciativa crea un marco normativo para la regularización y legalización del hospedaje no tradicional como actividad comercial y establece un impuesto específico a los prestatarios del servicio, con la finalidad de brindar recursos a diferentes actividades relacionadas con el sector turístico de la siguiente forma

  • Un 70% al sería destinado al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), para el fortalecimiento de sus funciones institucionales.
  • Un 20% al Instituto Costarricense de Turismo para financiar los programas de apoyo y seguimiento a la presente ley.
  • Un 10% a la Dirección General de Tributación para financiar las gestiones administrativas de la ley.

El prestatario de servicios de hospedaje deberá de inscribirse ante el Instituto Costarricense de Turismo y la Dirección General de Tributación, así como pagar una contribución especial a la municipalidad correspondiente para ejercer la actividad lucrativa.

El proyecto entra ahora en la etapa de mociones de reiteración, previa a su discusión y votación en el Plenario.