El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en segundo debate, un proyecto de ley que reconoce el derecho de las mujeres a gozar de igualdad salarial, tanto en el sector privado como en el sector público, por un trabajo de igual valor cuando se trate de un mismo puesto o distintos puestos con funciones similares y bajo un mismo patrono.
Se trata de la iniciativa 20.389 presentada por diputados del periodo 2014-2018 y que fue retomada por el actual Congreso y recibió el respaldo de los 46 diputados presentes al momento del segundo debate.
El proyecto usó como base datos de un estudio de la Universidad Nacional del año 2013, basado en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2012 (ENAHO), que arrojó que las mujeres que se ubican en el sector público tienen un ingreso promedio inferior en un 7% respecto de los hombres; y que en el sector privado la brecha es del 27%.
Además, incorpora la necesaria coordinación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el Instituto Nacional de las Mujeres, para la realización de un estudio especializado sobre las variables que influyen en las brechas de género en relación con los ingresos de las personas, con el fin de crear indicadores que permitan evaluar la igualdad real entre hombres y mujeres.
Según se explica en el dictamen del proyecto, este estudio deberá realizarse en forma quinquenal, lo que permite poder medir los cambios o avances, en el comportamiento de la actividad remunerada costarricense.
Finalmente se establece que las mujeres gozarán de igualdad salarial, tanto en el sector privado como en el sector público, por un trabajo de igual valor sea que se trata de puestos diferentes de igual valor como cuando se trate de un mismo puesto o en funciones similares y bajo un mismo patrono, con excepción de las trabajadoras domésticas remuneradas que laboran para varios patronos, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.
El proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su sanción como Ley de la República o para ser vetado.
Ministro de Seguridad pide cambios en ley sobre huelgas
El ministro de Seguridad, Michael Soto, pidió a la comisión especial encargada de dictaminar el proyecto que reforma el derecho a huelga en Costa Rica considerar modificaciones en la redacción sobre el delito de tortuguismo, ya que su escritura actual hace muy dificil imputar a aquellas personas que incurren en esa práctica durante manifestaciones.
Soto explicó que durante la pasada huelga sindical los manifestantes emplearon una técnica que consistía en caminar entre 100 y 200 metros y luego dar la vuelta, lo que técnicamente no se considera un bloqueo pero tenía el mismo efecto, ya que al toparse "la cabeza" del movimiento con "la cola" del mismo, el paso de los vehículos y transeúntes se tornaba imposible.
Actualmente el Código Penal recoge en el artículo 263 que será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que sin crear situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua y aire a los servicios públicos de comunicación o de sustancias energéticas; mientras que el artículo 263 Bis dice que se impondrá pena de diez a treinta días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes.
El problema radica en que la redacción de este último artículo y la palabra "dificultare" hace que quienes son detenidos por la Fuerza Pública y traslados al Ministerio Público para ser procesados, muchas veces queden en libertad al no haber claridad sobre el tipo penal que se pretende sancionar con esa disposición del Código Penal.
En otros temas, Soto reportó a los diputados que tuvieron que destinar 1500 policías a la atención de la huelga contra el plan fiscal y que el gasto por esos operativos ascendió a 860 millones de colones, además de haber un impacto en la seguridad ciudadana pues se tuvieron que suspender los megaoperativos y mucha de la fuerza policial estaba atendiendo huelgas, en lugar de realizar otras labores preventivas.
"La seguridad ciudadana se vio desatendida", confirmó el ministro, quien alegó que él tiene claro que hay un derecho a manifestarse, pero que este no debe afectar al resto de ciudadanos.
Asimismo, Soto confirmó que la Fuerza Pública sí tiene pruebas de bloqueos de calles y hechos de violencia durante la huelga, así como escupitajos, ofensa e incitación a los policías para actos de violencia y que formularon 50 denuncias por bloqueos de vías.









