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Los últimos días del año pasado, el episodio del presidente Trump afeando la Navidad a un niño, al que preguntó si aún creía en Papá Noel, ocupó la atención de los medios.  Sin embargo, lo accesorio enterró la que, seguramente, supuso una de las principales noticias de 2018. La firma, el 21 de diciembre, del First Step Act, un acuerdo sin precedentes que reforma el sistema penitenciario de Estados Unidos a nivel federal. Un proceso larguísimo que empezó a larvarse durante la Administración Obama y que ha implicado, finalmente, el acercamiento entre demócratas y republicanos y en el que Jared Kushner, yerno de Trump y uno de sus asesores de confianza, desempeñó un rol determinante.

Entre otros cambios, se eliminaron algunas restricciones para obtener beneficios penitenciarios, se suprimió el llamado three stikes and out —que condenaba a cadena a perpetua a quienes cometieran tres delitos—, se crearon programas diferenciados para mujeres y jóvenes y se desterró la odiosa diferenciación en el castigo por tenencia de crack y cocaína que favorecía, en definitiva, la prisionalización de personas afrodescendientes.

El sistema penitenciario estadounidense, con más de 2 millones de internos, se ha dicho, es uno de lo más injustos y racistas del planeta. Fruto, en buena medida, de las reformas de los años 90 —muchas copiadas en América Latina— la población penal experimentó un crecimiento inédito a lo largo de casi 25 años. El First Step Act es un pacto excepcional que viene precedido, además, por una cierta conciencia política de los  magros resultados en materia de justicia penal.

No es casualidad que Bill Clinton admitiera, en 2015, que muchos de los problemas que hoy experimentaban las cárceles eran resultado directo de las políticas impulsadas durante sus dos administraciones. Tampoco que pese a su retórica punitivista, la misma que llamó durante la campaña a que los policías descubrieran el rostro a los delincuentes, Trump acabara persuadido y convencido de que la reforma traerá más justicia y mayores posibilidades de reducir la violencia.

Algo debemos aprender en América Latina de este cambio, las cárceles en nuestros países son bombas de tiempo. Reproducimos algunos de los problemas de Estados Unidos, como las elevadísimas cifras de encierros, agudizados por nuestras fallas estructurales como el hacinamiento,  la falta de recursos, la escasa atención técnica, la desigualdad y el poco acompañamiento postpenitenciario.  En el caso de Costa Rica, los desafíos siguen siendo formidables en esta materia.

Es indispensable que la Asamblea Legislativa reconozca que mientras no se apruebe una Ley de Ejecución Penal, con más de 30 años en pausa, nuestro sistema penitenciario seguirá siendo una fuente latente de violencia e ineficacia institucional. Necesitamos un acuerdo que, con responsabilidad y rigor técnico, le aporte al país un marco normativo para definir qué queremos hacer con nuestras cárceles. Los avances de los últimos años —como la aprobación de las penas de utilidad pública, la creación de la Unidad de Inserción Social, el sistema de monitoreo electrónico, la norma que dio perspectiva de género a las mujeres en conflicto con la ley penal y las tres cárceles construidas con el préstamo del BID— son valiosos, pero, digámoslo, claramente insuficientes.  Mientras no haya una Ley de Ejecución Penal las políticas no serán de Estado.

La tarea es fundamentalmente legislativa y, con bastante seguridad, el liderazgo debe salir del congreso. No lo veo en otra parte. La Corte Suprema, en su día, hizo aportes relevantes, de hecho, el primer texto fue producto del trabajo del Poder Judicial.

A veces por ignorancia, a veces por soberbia, y algunas veces por ambas, cuando uno se hace cargo del sistema penitenciario está tentado a creer que los males de las cárceles son fruto de la impericia y la incompetencia de quienes nos precedieron. Luego, vienen los tozudos baños de realidad, siempre frustrantes, que terminan por recordarnos que los problemas son estructurales y de modelo punitivo y no necesariamente, o al menos no solo, de gestión.

¿Cómo regular el crecimiento de la población penal? ¿Cómo fortalecer los programas penitenciarios? ¿De qué forma se garantizan los derechos básicos de los privados de libertad? ¿Qué alianzas con el sector privado pueden admitirse en el marco de un Estado Constitucional? ¿Cuáles reglas deben regir los procedimientos disciplinarios?  ¿Qué competencias se le pueden asignar a los jueces en el control de los beneficios penitenciarios concedidos en sede administrativa? ¿Cómo vertebrar el trabajo del Ministerio de Justicia y Paz con el de otras instituciones públicas como el IMAS, el INAMU o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Todas estas preguntas deben ser respondidas a partir de un diálogo que logre concretarse en una ley.

Lo que está pasando afuera es una buena señal de que los discursos punitivistas y testosterónicos, tan de los 80 y 90, empiezan a quedarse perdidos en el tiempo, aunque cada tanto haya quienes, por oportunismo, quieran colgarse nuevamente de ellos esperando, quizás, obtener algún rédito electoral. Es innegable, como lo testimonian los debates de los años recientes, que sobre estos temas hay encuentros y desencuentros que podrían parecer difíciles de encajar. El desafío está, como pasó en Estados Unidos, en escucharse para acercar posiciones. Tal vez sea anecdótico, pero cuando en 2015 asumió el Ministerio de Justicia, Cecilia Sánchez, una experta con más de 30 años de trayectoria, convocó a todos los exministros de Justicia a una reunión. Esa conversación facilitó que luego se construyera una magnífica relación con casi todos. La única que alguna vez  criticó con acidez la gestión de Sánchez fue la actual presidenta del PANI quien, por cierto, no aceptó asistir a aquel encuentro. Se trata de aparcar los egos para verse a los ojos y encarar una cuestión a la que pese a los llamados de organismos de derechos humanos, la Sala Constitucional incluida, hemos sido incapaces de dar una respuesta en clave legislativa.

Se dice que la sensibilización de Jared Kushner sobre la institución carcelaria y el papel asumido en el proceso de reforma que condujo a la firma del First Step Act, tiene que ver con una experiencia personal: su padre estuvo preso varios meses en 2015. A veces pasa, somos conscientes de la necesidad de reformar las prisiones solo cuando nos tocan personalmente.  Una paradoja considerando que tenemos un sistema penal inflado y con límites cada vez más borrosos. En suma, si hay que reformar las cárceles que ojalá sea por virtud cívica y si no al menos por egoísmo ético. Nos beneficiaremos todos.