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Pensar en las armas de fuego siempre remite a una dicotomía y en este caso no se refiere al para qué, sino en al quién. El uso de las armas de fuego claramente indica que estas se hicieron para incrementar la ventaja en la producción de lesiones o muerte, porque se hicieron para matar. ¿La clave se ubica en el quién las usa? Si las utilizan fuerzas de seguridad a nombre del Estado en principio se asume que son para proteger al Estado y su población (la actual situación en Nicaragua nos indica lo contrario). Si las utilizan personas al margen de la ley son para utilizarlas en la comisión de delitos y crímenes.  Y si las utilizan individuos que consideran que el Estado no tiene la capacidad para garantizar su seguridad y la de los suyos, estos la denominan como derecho de autodefensa.

Nuestra Sala Constitucional, en su voto 2645-98, puntualiza que la portación de armas no es un derecho fundamental, es un privilegio que el Estado otorga a sus ciudadanos, es decir, el Estado tiene que regular las condiciones en las cuales la población las puede adquirir y portar armas. En nada se parece jurídicamente la situación a la estadounidense, donde la tenencia de armas es un derecho constitucional.

No todas las personas tienen capacidades y actitudes para portarlas.  Militares y policías de todas partes del mundo indican: cuando se saca el arma es para usarla. Sacar un arma en medio de un conflicto implica que alguien terminará, en la cárcel, en el cementerio, o en el Hospital. Las armas no son la respuesta.

Las noticias sobre criminalidad, y delincuencia, contribuyen a incrementar el miedo el cual nubla la racionalidad, y equivocadamente puede hacer creer, a la población que armándose, garantiza su protección. Se presume que quienes utilizan las armas en la comisión de delitos y crímenes, no acudirán a espacios legales a adquirir el arma ni realizarán el arduo proceso de inscripción. Además, se parte de la presunción, de que todos aquellos que adquieren armas por la vía legal son “responsables y honestos”.

La responsabilidad es un valor individual, no necesariamente la garantiza un grupo.  En mayo de 2018 solicitamos información a la Dirección General de Armamento (DGA) del Ministerio de Seguridad Pública para determinar que cantidad de armas decomisadas involucradas en delitos estaban o habían estado registradas y sobre cuántas de ellas alguien había interpuesto denuncia por pérdida, robo o hurto.  Los resultados fueron alarmantes:

  1. Las armas que decomisa el OIJ y que son remitidas a la DGA no necesariamente llevan la indicación del delito en el cual estuvieron involucradas, esto apunta a la necesidad de ser más precisos en la generación de información.
  2. De las armas decomisadas entre el año 2013 y 2018 solo se pudieron indagar 7,830 (debido a que el resto carecía de registro serial, producto de alteraciones) De esas 7,830 armas, unas 2,023, es decir, un 25.8% del total eran armas que en su origen, estuvieron debidamente inscritas, 1,444 (71.4%) por personas físicas, y 579 (28.6%) por personas jurídicas.
  3. Alarmante: Solo 105 (7.3%) armas tenían denuncia por robo ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos, y 1,339 (92.7%) no presentaron la respectiva denuncia. Una situación similar se presentó respecto a las armas en manos de personas jurídicas, de 579 armas inscritas, 72 (14.4%) tenían denuncia y 507 (87.6%) no se presentaron a las instancias correspondientes a denunciar su desaparición.    
  4. De un total de 495 armas involucradas en homicidios, 183 (37%) estaban legalmente inscritas.

Nos ponemos exquisitos. Hemos escuchado que esas 183 armas involucradas en la comisión de homicidios sólo representan el 0,7% del total de armas inscritas (que son alrededor de 250,000); pecamos acá de extrapolar los datos y no querer reconocer que no todos los crímenes se cometen con armas ilegales. Llevando la comparación al absurdo, podríamos también decir que los 587 homicidios que se produjeron durante al año 2018, sólo representan el 0,0117 del total de población, si aludimos a la cifra que indica, según el INEC; que a junio pasado el país tenía 5,003,402 habitantes; pero si nos ponemos exquisitos los homicidios con arma de fuego, bajo esa misma lógica, solo representan el 0.008%. De forma tal que, si no es representativa la cantidad de armas legales involucrada en homicidios, tampoco la cantidad de homicidios en relación al volumen de población.

La información disponible, al menos por el momento, no puede ser utilizada para indicar que los diversos delitos han sido cometidos por portadores legales, pero tampoco se puede excluir su participación en alguno de ellos.  Lo que si está demostrado es que no todos los portadores legales de armas asumen la responsabilidad que les corresponde, al menos en el cuidado que tendrían que tener sobre ella, queda claro: no todas las personas que lo deseen pueden ser depositarias del privilegio de portar armas de fuego.

Por otro lado, cuando se analizan las cifras del Departamento de Planificación del Poder Judicial, en reiteradas ocasiones se ha reconocido que entre el 60% y el 71% de los homicidios en el país, se producen en espacios de confianza, es decir, entre personas que tienen diversos tipos de relaciones interpersonales entre sí, tanto relaciones lícitas como ilícitas; las armas que se utilizan más son las de uso civil, como revólveres y pistolas de diversos calibres con lo que se pone en evidencia que la mayor parte de la violencia con arma de fuego proviene de armas de uso permitido, si bien no se descarta que las armas prohibidas (como las armas de uso militar) son las que predominan en el imaginario de la colectividad.

En la época actual hemos sido testigos de muestras de intolerancia y reacciones agresivas incluso sin mediar provocación alguna. La falta de destrezas para lidiar con las situaciones cotidianas podría promover el uso de armas de fuego como forma de resolver conflictos, la tenencia de armas (y su portación) podrían facilitar “resolver” dramáticamente esas situaciones. De más está decir, que en situaciones de violencia doméstica o intrafamiliar, o, en casos de personas abrumadas por cualquier motivo la tenencia de armas de fuego es un facilitador de escenarios de tragedia.

No se quiere prohibir a la población el acceso a tener y portar armas, se quiere reducir los comportamientos irresponsables, negligentes e incluso agresivos que pueden exponer a la violencia a terceros. No todos los portadores legales tienen el conocimiento, la pericia e incluso la capacidad de dedicar tiempo a practicar.  ¿Por qué damos condiciones de iguales a personas que tienen comportamientos diferentes?

Para muestra un botón: No hace mucho, en los grupos defensores de tenencia y portación de armas se encontraban también los del sector de la seguridad privada. Ahora, con repetida frecuencia, los portadores legales solicitan a las autoridades que ejerzan mayor control sobre ese sector. ¿Ya no son de los mismos? ¿Por qué se ha dado esta situación?  Será desde que se supo que empresas de seguridad privada desaparecieron miles de armas que tenían inscritas y que se presume que podrían estar en manos de la delincuencia; o será porque se constató que armas legales que compraron armerías registradas y que fueron vendidas a empresas de seguridad privadas e inscritas por estas siguiendo los procedimientos que establece la ley, fueron decomisadas en cantidades importantes en Panamá, donde honestos miembros del sector, aprovecharon la veda a la importación que ha mantenido Panamá desde el año 2012 (veda al a la cual se le atribuye en parte la reducción de sus tasas de homicidios) aportando al tráfico de armas. Armas legales costarricenses pasaron a la ilegalidad y a las manos de la delincuencia en Panamá.

Los usuarios legales deben reconocer que no son un grupo homogéneo y monolítico, ni todos son tan honestos y ni todos son tan responsables. ¿Qué proponen para garantizar que el mercado legal no siga abasteciendo a la delincuencia y el crimen organizado? O ¿Para reducir la negligencia y el incumplimiento de la ley?

En resumen, armas legales han estado involucradas en homicidios y otros delitos; y los legítimos usuarios de armas de fuego son una fuente importante en el abastecimiento de la delincuencia y el crimen organizado, permitiendo por negligencia e irresponsabilidad que sus armas pasen a la ilegalidad y engrosen las cifras del mercado negro.  Entonces, tenemos elementos para indicar que sí hay un vínculo entre las armas legales y la delincuencia y la criminalidad.