Este punto es una adaptación del reporte publicado en Barra de Prensa, sección exclusiva para suscritores D+.
— Si Alberto Salom pensó que la decisión de seguir adelante con las obras de remodelación y construcción en la UNA sentaría bien en el Congreso pues... se equivocó.
— El descontento de los diputados se materializó este miércoles en la Comisión de Asuntos Hacendarios, cuando se aprobó una moción de Jonathan Prendas (Restauración Nacional) para rebajar en ₡10.000 millones la partida del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2019.
— La moción del PRN fue apoyada por Silvia Hernández y Gustavo Viales de Liberación Nacional; Xiomara Rodríguez, Harllan Hoepelman y Eduardo Cruickshank de Restauración Nacional; Rodolfo Peña de la Unidad Social Cristiana y Otto Roberto Vargas del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC). Votaron en contra los oficialistas Welmer Ramos y Laura Guido, así como el verdiblanco David Gourzong.
— Si tomamos en cuenta que el crecimiento real del fondo para el próximo año iba a ser de ₡14.888 millones de colones entonces con este recorte el incremento quedaría en ₡4.888 millones.
— Sin embargo, este jueves el potencial visto bueno de una moción del PLN aplicaría un recorte adicional de ₡5.000 millones, lo que provocaría que el FEES decrezca con respecto al 2018.
— En la mañana de ayer la Comisión había rechazado una moción de la diputada María Vita Monge del PUSC, que pretendía recortar ₡8.000 millones del FEES para trasladarlos a las Asociaciones de Desarrollo. En cambio la moción de los restauradores que fue aprobada traslada los ₡10 mil millones de rebajo al crecimiento del FEES a amortizar deuda pública.
— ¿Los motivos para su aprobación? Según los diputados, la histórica subejecución que las universidades hacen del Fondo Especial...
— Pero ¿el recorte es legal? No, por varias razones. La primera, la Constitución establece que el porcentaje del PIB destinado a la educación no puede ser inferior que el año anterior. Con este rebajo el FEES ya no pasaría a representar el 1,359% del PIB, sino el 1,332%.
— En segundo lugar, la Constitución señala que la Asamblea Legislativa solo puede modificar la partida del fondo cuando en su formulación haya habido un diferendo entre las universidades y el Gobierno, cosa que no ocurrió en este caso pues hubo un acuerdo entre las partes.
— ¿Entonces por qué lo hacen? Porque, uno, los diputados saben que una eventual acción de inconstitucionalidad solo podría ser presentada una vez el Presupuesto Nacional sea ley y dos, porque la Sala IV tarda muchísimo tiempo en resolver ese tipo de recursos, por lo que cuando emita una sentencia diciendo que el rebajo se hizo contrariando a la Carta Fundamental, ya habría transcurrido el 2019 y se determinaría que su fallo no tiene efectos en el presupuesto.
— Ajá: así funciona su (nuestro) país. Mientras la Sala exige a la Asamblea que cumpla con los tiempos para la aprobación de leyes so penas de declararlas inconstitucionales la misma Sala se toma todo el tiempo del mundo para resolver las acciones que le competen, con estas claras consecuencias. Por cierto, han pasado 72 días y la sentencia completa de matrimonio igualitario sigue estando pendiente de publicación... :) 18 meses se convierten así de fácil en 20 y bueno... operando en los tiempos de Dios Tiquicia seguirá siendo Tiquicia.
— Lo supra descrito ya ha ocurrido antes: la Sala ha dicho que el hecho de que no se destine el 8% del PIB a la educación pública es causal de inconstitucionalidad, sin embargo, cuando emite sentencia dimensiona los efectos y dice que es meramente para "advertir" a la Asamblea de no volver a incurrir en esa falta, aunque no amenaza con acciones de ningún tipo si lo vuelve a hacer.
Dato D+: El presupuesto para educación del 2019 es inconstitucional desde su formulación por no cumplir con el 8% del PIB que dice la Carta Fundamental y porque el porcentaje que representa es inferior al del año 2018, tanto para el FEES como para el presupuesto del propio Ministerio de Educación. Crisis fiscal, le llaman...
— Pero ¿hay subejecución? Sí. Solo en la Universidad Nacional se dejaron de usar ₡168.746 millones de colones entre el 2012 y el 2018, según datos de la Contraloría General de la República en manos de los congresistas. Esa cifra es superior a la que el Congreso espera ahorrarle al país al aprobar una moción que establece que la subejecución presupuestaria para 2019 no podrá ser superior al 7%.
— No está de más señalar que el verdadero motivo detrás de toda esta movida pareciera ser un estate quieto dirigido muy particularmente a Alberto Salom, quien cuestionó a los diputados por criticar la inversión de 14 millones de dólares en la sede central de la UNA y mandó a publicar campos pagados en diarios de circulación nacional defendiéndola para finalmente pedir a la comunidad universitaria acompañarlo a la audiencia de interrogatorio que tendrá sobre el tema.
— El rector de la UNA será increpado por los congresistas este jueves en horas de la tarde y el Congreso espera una importante afluencia de medios de comunicación y público, al punto que volvieron a mandar un instructivo de cómo operarían las instalaciones durante ese momento, tal y como lo hicieron cuando se interrogó a Luis Guillermo Solís por el famoso faltante de casi 1 billón de colones en el presupuesto 2018. #SevieneShow.
Bonus Track: La Secretaría de Finanzas de la FEUCR levanta serias dudas en torno al manejo de dineros en años recientes.
Esta nota es parte del Reporte: Hoy: El Congreso contraataca y el Poder Judicial… ¿también?
