Tras semanas de incertidumbre y tensión, la ministra de Hacienda pudo sonreír este martes en la Comisión Especial que estudia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues a último momento se alcanzaron los consensos necesarios para restituir el Impuesto al Valor Agregado a la canasta básica y de paso, a otros bienes y servicios que previamente fueron exonerados por la oposición, incluyendo la educación privada.
Los diputados que integran ese órgano legislativo especial terminaron, en horas de la noche, de conocer las 872 mociones que en total fueron planteadas al proyecto fiscal del Ejecutivo, con el cual se pretende palear un poco del déficit primario del Gobierno Central.
Previo a que iniciar la segunda sesión de la noche, Gustavo Viales, el diputado del PLN que previamente se había unido a Restauración Nacional, el Frente Amplio y el PIN para eliminarle el IVA a la canasta básica, anunció a los medios de comunicación que un acuerdo político permitiría instaurar un tributo del 1% con un mecanismo de "compensación" a los efectos potencialmente negativos en cuanto a las cifras de pobreza en el país.
Viales ya tenía expectante a la prensa desde horas de la tarde, pues había convocado a una conferencia para anunciar su decisión, sin embargo, la anunció hasta minutos antes de que comenzara el conocimiento de las mociones restantes.
Para lograr el resultado de anoche se dio una combinación de mociones. La mega moción 700 concluyó con la restitución del capítulo de IVA que el Ejecutivo había planteado al Congreso en su último texto sustitutivo (incluyendo 2% a canasta básica y educación privada), mientras que la 799 rebajó el impuesto a la canasta básica a 1%.
¿Por qué era necesaria esa combinación? Además de ser las únicas que tenían como propósito restituir ese tributo, eran las que legislativamente tenían la mejor técnica, evitando los efectos negativos para el sector agro que hubiera tenido mantener la moción de Restauración Nacional que hacía una exoneración "a medias".
La aprobación de la megamoción 700 tomó por sorpresa a algunos legisladores: el anuncio no se hizo sino hasta minutos antes de las votaciones y el PAC, PLN y PUSC habían mantenido un perfil bajo (nada de celebraciones ni sonrisas augurando un buen resultado) durante todo el martes.
No por nada legisladores como Wálter Muñoz del PIN y Carlos Avendaño de Restauración Nacional pidieron aclarar a la ciudadanía en general los "alcances" del acuerdo al que se había llegado para restituir el tributo a la canasta básica.
Por su parte, José María Villalta atacó la legalidad de la moción, alegando que la misma había sido firmada por diputados del PAC que suscribieron el texto sustitutivo que fue aprobado como base de la discusión del proyecto y que por ello, podría estar fuera del reglamento.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Las reglas del procedimiento abreviado (208 bis) que se aprobaron para el plan fiscal establecen que un diputado no puede presentar más de una moción para adicionar capítulos distintos al proyecto. Dado que se aprobó la moción de texto sustitutivo (la cual agrega títulos al proyecto) ello implicaría que quienes firmaron esa moción, no podrían rubricar otras de ese tipo.
Para "salvada" del Ejecutivo, la moción de texto sustitutivo fue firmada solo por 6 diputados del PAC, mientras que la que restituye todo el capítulo del IVA previamente modificado fue suscrita por los 10 oficialistas. Bajo este escenario, aunque las otras 6 firmas no fueran "aceptables", quedarían otras 4 que sí lo son.
La duda de Villata, además, era si las mociones que habían aprobado exoneraciones podían reiterarse en el Plenario, pues al haberse acogido la megamoción 700, estas quedaron sepultadas en el nuevo texto y por ende, técnicamente estarían rechazadas.
Dato D+: Las mociones de reiteración solo pueden presentarse para mociones rechazadas en comisión, por lo que la oposición podría haberse quedado imposibilitada de poder insistir en el Pleno de agregar exoneraciones al plan fiscal.
Welmer Ramos evitó responder la pregunta, alegando que ese tema no es de su resorte, sino de la Presidenta del Congreso, sin embargo, el Reglamento de la Asamblea es claro en este tipo de temas...
Superada -temporalmente- la polémica, se continuó el conocimiento de las mociones restantes. Se aprobó la moción 767 para exonerar a las sociedades controladoras de un grupo o conglomerado financiero regulado por una superintendencia adscrita al CONASSIF de pagar impuesto sobre la renta por la distribución de dividendos.
Luego se votó afirmativamente la moción 823, para establecer que no se considerarán afectos a actividad lucrativa sujeta al impuesto sobre la renta los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros, siempre que éstos últimos sean de oferta pública, o emitidos por entidades supervisadas por los órganos adscritos al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, o participaciones de fondos de inversión; salvo que el contribuyente pueda probar una vinculación efectiva con la actividad lucrativa mediante el procedimiento que se determine.
Asimismo, la moción 828 estableció en la Ley de Impuesto sobre la Renta que los fondos de inversión no financieros regulados en la Ley Reguladora del Mercado de Valores podrán aplicar una reducción del veinte por ciento (20%) del ingreso bruto como gasto deducible, sin necesidad de prueba alguna y sin posibilidad de ninguna otra deducción. En la redacción previa, ello aplicaba para los fondos de inversión inmobiliaria.
La siguiente moción aprobada (829) indica que todos los entes y órganos del Sector Público No Financiero, deberán adoptar y aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público en un plazo máximo de tres años, y que la Contabilidad Nacional vigilará el cumplimiento de esta norma.
También se aprobó la moción 852, con la cual se modifican los porcentajes de impuesto sobre la renta que pagarían los excedentes o utilidades que den las cooperativas y asociaciones solidaristas a sus asociados, de la siguiente forma:
- Los excedentes o utilidades pagados por Cooperativas u otras similares a sus asociados, estarán sujetos a una tarifa del diez por ciento (10%)
- Los excedentes o utilidades pagados por Asociaciones Solidaristas a sus asociados estarán sujetos a la siguiente escala:
- a) Cinco por ciento (5%) hasta por el equivalente a un salario base.
- b) Sobre el exceso de un salario base y hasta dos salarios base pagará un siete por ciento (7%).
- c) Sobre el exceso de dos salarios base se pagará un diez por ciento (10%).
Sin embargo, se incluyó un transitorio para que la tarifa del 15% aplicada a los títulos valores emitidos por las Cooperativas, paguen una tarifa del 7%, hasta tanto los mismos no sean bursátiles, en cuyo caso, después de obtenida esta condición, la tarifa aumentará cada año un punto porcentual hasta alcanzar el 15%.
Asimismo, se estableció que los rendimientos generados por títulos valores emitidos por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, durante el primer año de vigencia de la Ley tendrán una tarifa del 7% y aumentarán un punto porcentual cada año, hasta alcanzar el 15%.
Finalmente, en el caso de los excedentes o utilidades pagados por Cooperativas u otras similares a sus asociados, para el primer año de entrada en vigencia de esta ley, se iniciará con una tarifa del 7%, y aumentará un punto cada año, hasta alcanzar el 10%."
La última moción aprobada fue la 853. Ella indica que la tarifa aplicable a la renta imponible de las rentas de capital y a la de las ganancias de capital será del quince por ciento (15%), aunque los bienes y derechos adquiridos con anterioridad a la vigencia de la Ley, el contribuyente en la primera venta podrá optar por pagar el impuesto aplicando al precio de enajenación una tarifa del dos punto veinticinco por ciento (2.25%).
Finalmente, agrega que los rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional emitidos por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como los títulos emitidos por las cooperativas de ahorro y crédito, estarán sujetos a una tarifa del quince por ciento (15%); y que los rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional emitidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, al amparo de la Ley No. 7052, estarán sujetos a una tarifa del siete por ciento (7%).
SIGUEN LOS "PROBLEMAS TÉCNICOS"
El Plenario inició la sesión del martes con dos horas de retraso porque había un "problema técnico" con el sistema de audio usado por los diputados y diputadas en sus curules.
La solución llegó dos horas después porque fue necesario pedir auxilio a la empresa privada que adquirió el sistema, la cual en pocos minutos indicó que se trató de una desconfiguración de los equipos...
¿Cómo ocurrió eso? Según declaraciones del director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, las personas ahora encargadas de manejar el sistema ¡NO HAN SIDO CAPACITADAS PARA ELLO!
¿Estará ocurriendo lo mismo con el sistema de transmisiones de Plenario y comisiones por Internet? Este martes el malestar llegó a un punto crítico: si la situación persiste, a un grupo de periodistas no le temblará el pulso para interponer un recurso de amparo donde se pida la anulatoria de todos los acuerdos y sesiones del Congreso donde haya habido "problemas técnicos" que impidieran a la ciudadanía conocer por completo los acontecimientos que allí pasaban.
DOS NUEVAS LEYES Y BURLAS A LA JUVENTUD DEL PAC
Una vez se pudo iniciar la sesión del Plenario, los diputados votaron dos proyectos de ley en segundo debate, no sin antes hacer algunas intervenciones de inconformidad con la revelación de que la administración Solís Rivera también pagó deuda de forma ilegal, entre los meses de febrero y marzo del 2018.
Roberto Thompson, diputado alajuelense por el PLN, dijo al resto de congresistas que la Juventud del PAC estaba planeando para la noche un conversatorio sobre déficit fiscal donde uno de los panelistas era, nada más y nada menos, que Helio Fallas... El Plenario, obviamente, estalló en risas
https://youtu.be/R5J4vK7p5Uo?t=14m16s
Primeramente se votó el proyecto 20.450, el cual aprueba el Convenio sobre Cooperación Educativa y Científica entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Hungría.
De seguido, se aprobó en segundo debate una reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores tramitada en el expediente 20.260, cuyo propósito es facilitar la disposición de los activos del titular de fondos de inversión en caso de fallecimiento, evitando gastos excesivos y facilitando la circulación de estos instrumentos de ahorro.
Ambos expedientes irán ahora a Casa Presidencial, para ser firmados como leyes de la República.
Villalta aprovechó el espacio de votación de proyectos para cuestionar que el plan fiscal vaya a "eliminar" el artículo 3 de la Ley de reforma al Código Fiscal, Ley de impuesto sobre la Renta y Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Ley 6450), que establece transferencias a sedes regionales de universidades públicas, con cargo a lo recaudado por Impuesto sobre la Renta.
La diputada Yorleni León, de Liberación Nacional, dijo al diputado que él sabe que no es cierto que esas sedes se vayan a quedar sin presupuestos, pues los recursos para su funcionamiento salen del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Lo cierto en este tema es que el plan fiscal, tal y como está hoy, no deroga el artículo en cuestión, sino que elimina el señalamiento de cuánto debe ser los recursos a transferir: un desenganche. De todas maneras, el Gobierno no podría destinar menos recursos de los que ya les da a esas sedes regionales, bajo pena de que ese accionar sea impugnado en la Sala Constitucional.
EN COMISIONES...
La Comisión de Hacendarios recibió en audiencia a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, para que explicara las generalidades del presupuesto de la República para el 2019, así como el de la institución que ella dirige.
La jerarca reiteró los datos que comentó durante la conferencia de prensa de finales del mes pasado, cuando presentó el proyecto de presupuesto y los cuales pueden recordar en nuestra nota: 20 datos breves para comprender el presupuesto del 2019.
Los puntos destacables de la audiencia incluyen un señalamiento sin tapujos de la ministra hacia la forma en la que se redactó el presupuesto del 2018, que como ha quedado evidenciado tenía muchas falencias gravísimas.
"El Servicio de la Deuda para el presupuesto (2019) será del 12,3% del PIB. Ustedes verán en este gráfico una línea punteada, que refleja lo que debió haber sido el presupuesto de 2018 si hubiese sido bien formulado en Servicio de la Deuda. Debió venir con una trayectoria de 8,9 (del PIB en 2017), haber terminado el 2018 en 10,9% y haber terminado en 2019 en 12,3%; no como se presentó, con una caída de la deuda en 13% respecto al 2017 a pesar de que la deuda estaba creciendo. Esta situación no era una situación que se pudiera mantener y eso explica el presupuesto extraordinario".
La jerarca agregó que, a diferencia del presupuesto vigente, el plan de gastos del 2019 no tiene ninguna partida subestimada y que el reflejo de ello es el altísimo crecimiento en la partida de Servicio de la Deuda.
Interrogada sobre si ese presupuesto incumplirá el mandato constitucional del 8% del PIB para educación pública, Aguilar confirmó que así será, recordando que hay una subejecución de recursos histórica en el MEP.
"No se trata de girar más cuando los recursos son escasos, cuando la institución no ejecuta como se espera. No estamos en la capacidad de seguir sumando deuda a las deterioradas finanzas públicas".











