— El día de ayer la Fiscalía General presentó cargos contra Óscar Arias, por la firma del decreto 34801-MINAET que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero en Crucitas.
Dato D+: El decreto 30477-MINAE —firmado por Abel Pacheco y Carlos Manuel Rodríguez en junio del 2002— declaró la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto en el territorio nacional.
— Hay que recordar que por el decreto en cuestión ya se se había enjuiciado y sentenciado (en enero del 2015) a Roberto Dobles, ministro de Ambiente que lo firmó junto a Arias. Sin embargo, en diciembre del 2015 el Tribunal de Apelación resolvió que debía realizarse un nuevo juicio pues consideró que la sentencia original era “deficiente, tanto en la exoneración de responsabilidad de unos, como en la motivación de la condena de Dobles”.
— Cuando se iniciaba el nuevo juicio, en setiembre del año pasado, se supo que el entonces fiscal general, Jorge Chavarría, había decidido excluir a Óscar Arias del caso, pero el tribunal a cargo señaló que el expresidente debía ser incluido para que tuviera el derecho de defenderse, ya que el acto que se imputaba en ese momento a Dobles —la firma del decreto— había sido realizado en conjunto con Arias.
Recordatorio D+: Por ese señalamiento del Tribunal Penal el Ministerio Público ordenó a la Inspección Judicial que realizará una investigación disciplinaria.
—Una vez que Chava dejó su cargo, la entonces fiscala general a.i., Emilia Navas dijo que investigaría la participación de Arias y ordenó reabrir el caso por lo que el expresidente tuvo que visitar la fiscalía en noviembre del año pasado.
— Finalmente el día de ayer la Emilia Navas señaló que Arias fue acusado por el delito de prevaricato. Adicionalmente indicó que se debe dar tiempo a la Procuraduría General —como parte afectada en representación del Estado— para que defina si presenta una querella o una acción civil resarcitoria.
Dato D+: El artículo 357 del Código Penal sobre prevaricato indica: "Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión. (...)"
— Por su parte Arias y su abogado, Rodolfo Brenes, dieron declaraciones a la prensa asegurando que iban a demostrar la inocencia del expresidente, y que la acusación presentada por la fiscalía era precipitada, carente de todo elemento probatorio y además ignorante del rol constitucional de un presidente de la República. Brenes, dio a entrever cual sería la defensa de Arias en el juicio:
“A don Oscar lo acusan de prevaricato porque firmó el decreto ejecutivo, pero penalmente el prevaricato consiste en firmar ese decreto ejecutivo a sabiendas de que tenía una ilegalidad y a pesar del conocimiento de que esa ilegalidad existía. Y en este caso eso no es así, don Oscar firmó el decreto sin conocer que tenía ningún problema, sin conocer los antecedentes administrativos y eso lo han corroborado todos los testigos entrevistados por la fiscalía”.
— Por su parte Arias dijo:
“Vamos a ir a demostrar ante los jueces de la República —que son honorables, que son imparciales— nuestra inocencia. (…) El tema de la minería estaba ahí desde el año 93, yo siempre he sido partidario de que este país si tiene oro, si tiene plata, y si tiene otros minerales no los debe dejar ahí para que se los lleven, como en este caso, los nicaragüenses se pueden haber llevado 80 millones de dólares, 100 millones de dólares, hubiera sido mejor que una empresa que paga impuestos, que tiene que hacer mitigación, que va a estar regulada por un ministerio que hubiera llevado a cabo ese trabajo. Así pensaba yo”.
— Sobra decir que resulta desafortunada e innecesaria la referencia a los nicaragüenses, especialmente tomando en cuenta que un día antes firmaba don Óscar un comunicado llamando a la paz entre ambos pueblos, luego de las manifestaciones xenofóbicas del sábado pasado.
— Por otro lado, es cierto que la situación en Crucitas desde que se cerraron en 2010 las instalaciones de la empresa minera Infinito Gold se ha deteriorado (seriamente) y que el daño ambiental generado por de los coligalleros en la zona es más que preocupante. Ya hemos hablado largo y tendido de ese tema y de lo mucho que toda Costa Rica le ha fallado a la comunidad (gobierno tras gobierno).
— No podemos confundir, sin embargo, lo emotivo, lo económico, lo ambiental y lo humano con lo legal. La ley es la ley. Si don Óscar es inocente, podrá demostrarlo. Pero su inocencia o culpabilidad no dependen de lo que terminó sucediendo en la zona tras la salida de la empresa extranjera. Eso no es otra cosa que resultado de la negligencia e impericia de las distintas administraciones —una tras otra— que no han sabido cómo resolver el problema.
Esta nota es parte del Reporte El fantasma de Crucitas toca la puerta de Arias del 23 de agosto del 2018.
