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Foto: Asamblea Legislativa

El caso Mauri da un giro: no había intenciones de apelar el fallo

Los diputados regresaron a sus labores con las pesquisas sobre el caso Mauri por el que el Estado tuvo que pagarle más de 200 millones de colones. Además, los nublados sobre el informe de la Procuraduría de la Ética sobre el expresidente Solís van aclarándose y el Plenario votó cinco proyectos de ley, además de sus vacaciones para este año legislativo...

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Caso Mauri: Procuraduría no pretendía apelar

Las pesquisas de la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa sobre el caso Mauri dieron un giro al recibir en audiencia a la persona que en aquel entonces le correspondió ejercer la defensa del Estado: Ronny Bassey. También comparecieron el procurador general de la República, Julio Jurado; la procuradora general adjunta, Magda Rojas Chaves; la exministra de Deportes (y hermana de Jonathan Mauri), Carolina Mauri y el integrante del jurado de ese entonces, Gilberto Campos.

Julio Jurado recordó que en la investigación preliminar que hizo esa institución se determinó que Bassey incurrió en varios errores durante el proceso y, uno de ellos, fue el rotular de forma incorrecta el despacho al que estaba dirigida una solicitud de adición y aclaración de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que le dio la razón a Mauri, con la cual la Procuraduría habría ganado tiempo para presentar un recurso de casación.

El abogado Bassey, que se acogió a su pensión a finales del 2017, reveló que tomó la decisión de no presentar recurso de casación tras discutir las posibilidades de éxito que tenía esa gestión con el Director de Derecho Público de la PGR.

Los diputados increparon esa medida, pues la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República esteblece, en su artículo 21, que los procuradores (funcionarios que ejercen la defensa del Estado en procesos judiciales) no pueden desistir de presentar las acciones legales existentes en los casos cuya demanda o defensa está asignada. 

Si aún no les queda claro, el párrafo in fine del artículo en cuestión es contundente:

"Tratándose del recurso de casación, queda a juicio del procurador general o del procurador general adjunto la no interposición del recurso, previa solicitud del criterio respectivo al procurador asesor"

Del testimonio que Bassey dio a los diputados, bajo gravedad de juramento, se desprende que él no adoptó esa decisión ni con el Procurador General, ni con el Procurador General Adjunto. (Oh, oh alert)

En su defensa, el exfuncionario dijo que la Sala Primera -donde escalaría el tema en casación- ha dicho que ese recurso extraordinario no puede ser usado como herramienta para "ganar tiempo", sino que debe cumplir con requisitos de fondo y forma.

Asimismo, dijo que desistió de presentarlo porque una vez el recurso fuera resuelto, el monto monetario que Jonathan Mauri le habría ganado al Estado se habría incrementado en 20 o 30 millones más, producto de los intereses que continuarían corriendo hasta la firmeza de la resolución. Eso sí, bajo el supuesto de que el recurso no hubiese prosperado.

El informe de la Procuraduría que analizó las actuaciones de Bassey en este caso, determinó que no era posible determinar con certeza el grado de probabilidad de que el recurso de casación fuera ganado por parte del Estado. Sin embargo, el exfuncionario dijo que no había posibilidad de ese escenario, pues el Tribunal Contencioso se apegó a valoraciones legales y no incurrió en violaciones de normativa al dictar sentencia, únicos supuestos bajo los cuales ese recurso sería admisible.

Los diputados no quedaron conformes con esa respuesta, pues afirman que en casación el Estado podría haber demostrado la necesidad de que fueran admitidos como testigos los miembros del jurado del Premio Claudia Poll, quienes fueron rechazados durante el juicio en el Contencioso; o bien demostrar por qué el jurado se inclinó solo por Claudia Poll y no por Jonathan Mauri.

¿Sanción a Bassey? No. Julio Jurado afirmó que dado que el exfuncionario se pensionó, no es posible iniciar el procedimiento administrativo que la Ley establece para estos casos, donde el servidor se hace responsable solidariamente del monto que haya que pagar.

¿Por qué no lo iniciaron antes de que Bassey se pensionara? El procurador general afirma que se dio cuenta de este caso hasta que trascendió a la prensa (léase, este año) y entonces desconocía los errores en los que se habían incurrido...

¿Por qué se dio cuenta hasta ahora? Jurado dijo que la Procuraduría tiene a su cargo decenas de miles de expedientes judiciales y que le sería imposible ponerle atención a todos. Naturalmente, esta respuesta tampoco caló bien en los legisladores...

Carolina Mauri llegó a defender la legalidad del premio otorgado a su hermano mediante la vía judicial. Hasta iba preparada con documentos para hacerlo, como por ejemplo, la portada del diario La Nación del día siguiente en el que Mauri ganó la medalla de oro y Poll una de plata. La mostró cuando el republicano Otto Roberto Vargas reclamó que él no recordaba que hubiese algarabía en el país por ese logro deportivo y que ni siquiera recordaba haberlo visto en prensa...

Debemos recordar que la investigación de Ingreso y Gasto se centra en esclarecer el papel que tuvo Carolina Mauri en el caso, para determinar si cometió tráfico de influencias o alguna otra falta al deber de probidad. Por el momento, los diputados no tienen indicio de ello, dado que no era el Ministerio de Deportes el demandado en el proceso, sino el Ministerio de Cultura; y para el momento en que Jonathan Mauri interpone la demanda, ella aún no tenía ni pensado ser ministra.

El único reproche hecho a Carolina Mauri fue el que no le avisara al entonces Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el que su hermano estaba demandando al Estado.

Por otro lado, la exministra dijo que el error fue del jurado, por aplicar mal la Ley del Premio Claudia Poll al excluir ilegítimamente a Jonathan y también a la judoca Andrea Guillén Vargas. Los tres cumplían todos los requisitos que establecía en ese entonces la Ley para hacerse acreedores del galardón, sin embargo, el jurado únicamente lo dio a Claudia y no dejó por escrito los motivos de esa decisión.

Dato D+: El Tribunal Contencioso Administrativo falló a favor de Jonathan Mauri al considerar que el jurado no fundamentó la decisión de darle el premio solo a Claudia Poll. En su defensa, el jurado alega que la normativa decía que las deliberaciones eran secretas.

"No estaríamos en esta situación si no fuera porque en el año 2012 el jurado tomó una decisión equivocada sobre dos de los tres aspirantes que cumplían los requisitos establecidos en la Ley. La Ley no estipuló concurso para escoger, sino un galardón para todos los que cumplieran los requisitos", dijo la exministra. Y tiene razón. A ese "no estaríamos en esta situación si..." debemos agregar la pésima Ley aprobada por el Congreso, que no reguló cosas esenciales como si el premio podía o debía darse a varias personas, o de dónde saldrían los recursos para financiarlo.

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Informe de la PEP sobre Solís llegó completo la primera vez

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) confirmó a la Asamblea Legislativa que el informe que desestimó una denuncia contra el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís por el caso del cementazo llegó completo al Directorio presidido por Gonzalo Ramírez el 27 de abril pasado, de modo que el plazo para apelar la resolución empezó a correr el día 30 y venció el 3 de mayo.

La comunicación es un "salvavidas" para Carolina Hidalgo pues la libra de responsabilidad por el hecho de que los diputados no tuvieran oportunidad de apelar la resolución, ya que bajo el supuesto de que el informe llegó incompleto la primera vez, el plazo para apelar se venció antes de que fuera entregado a los 57 diputados.

El documento que envió la Procuraduría al Congreso señala que el informe fue entregado completo el 27 de abril anterior. De modo que ahí empezó a correr el plazo de 3 días hábiles para apelar la resolución.

Los ojos están ahora sobre la Dirección Ejecutiva de la Asamblea, encabezada por Antonio Ayales, pues eran ellos los encargados de fotocopiar con celeridad el informe de la Procuraduría y avisar de que se habían extraviado dos páginas luego de que Gonzalo Ramírez ordenara sacar los duplicados para los nuevos congresistas.

Según la línea de tiempo de los hechos que hasta ahora se tienen por confirmados, no fue sino hasta la segunda quincena de mayo que la Dirección Ejecutiva le notificó a Hidalgo de que al informe le faltaban dos páginas. Luego, cuando llegó por segunda vez, recibieron la orden de sacar las copias el 23 de mayo, pero las entregaron hasta el 28 e hicieron firmar a los diputados un recibido que decía 25 de mayo.

La última fecha no es coincidencia, pues se trata del día en el que, potencialmente, vencía el plazo para que los diputados apelaran bajo el supuesto de que la PEP envió el informe incompleto la primera vez.

Barra de Prensa supo que Carolina Hidalgo ordenó abrir un órgano director para esclarecer qué ocurrió con los tiempos en el manejo del informe y, especialmente, quién, dónde y cuándo perdió las dos páginas del documento original.

¿Endurecer las sanciones por insultos en redes sociales?

Esa es la propuesta del diputado -y periodista de profesión- de Restauración Nacional, Jonathan Prendas.

El legislador tomó los micrófonos del Plenario para leer una serie de comentarios ofensivos y vulgares en contra del expresidente Solís, del exdiputado Ottón Solís y de su persona, para justificar la presentación de un proyecto de Ley que incrementaría en 50% las sanciones que ya establece el Código Penal para los delitos de injurias, calumnias, difamación y publicación de ofensas, en caso de que estos se comentan en redes sociales.

Para más detalle, lean nuestra nota: Jonathan Prendas anuncia proyecto de ley para sancionar “mal uso de redes sociales”

Avanza la moción de censura contra Edgar Mora

El Plenario iniciará mañana a discutir la moción de censura interpuesta por Restauración Nacional contra el ministro Edgar Mora Altamirano.

El tema entró en agenda de la Cámara este lunes y se determinó que mañana habrá un debate reglado para discutir sobre el tema...

Bajo el supuesto de que únicamente se opondrán a la moción las bancadas del Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio, Mora se convertiría en el segundo ministro de la historia de Costa Rica que es censurado por la Asamblea.

CINCO VOTACIONES DE PROYECTOS

El Plenario votó un proyecto en segundo debate y otros cuatro en primer debate.

La iniciativa 19.445 que autoriza a la Fuerza Pública a colaborar con la Policía de Tránsito en las tareas de vigilancia y control vehicular recibió votación final, por lo que ahora pasará a Casa Presidencial para que sea firmado como Ley de la República o bien, vetado y devuelto al Congreso.

El proyecto fue votado afirmativamente por 51 diputados. No hubo oposiciones, pese a que antes de la votación se intentó suspender el proceso para consultar la iniciativa al Ministerio de Seguridad.

Dato D+: Los diputados ausentes son: Mario Castillo (31), Welmer Ramos (38), Eduardo Cruickshank (53), Erwen Masís (27), Ana Lucía Delgado (40) y Ana Karine Niño (4).

Los diputados luego aprobaron en primer debate el expediente 20.450 con el cual se autoriza un convenio de cooperación educativa y científica entre Costa Rica y Hungría. De igual forma, fue votado a favor por 51 congresistas y nadie se opuso.

Su votación en segundo debate estará suspendida hasta que la Sala Constitucional se pronuncie por el fondo del mismo.

Dato D+: Los ausentes son Víctor Morales (10), Mario Castillo (31), Welmer Ramos (38), Eduardo Cruickshank (53), Erwen Masís (27), Ana Lucía Delgado (40) y Erick Rodríguez (29).

Otro proyecto votado afirmativamente fue el 19.345, con el cual se autoriza a la Municipalidad de Guácimo a donar un inmueble de su propiedad.

En este caso votaron a favor 48 diputados. No hubo objeciones.

Dato D+: Los ausentes son Víctor Morales (10), Mario Castillo (31), Welmer Ramos (38), Jonathan Prendas (43), Erwen Masís (27), Ana Lucía Delgado (40) y Erick Rodríguez (29).

También se le dio primer debate al proyecto 18.55 con el que se crea el Colegio de Profesionales en Geografía. 

50 diputados votaron a favor y nadie se opuso.

Dato D+: Los ausentes son Víctor Morales (10), Mario Castillo (31), Welmer Ramos (38), Jonathan Prendas (43), Erwen Masís (27), Ana Lucía Delgado (40) y Erick Rodríguez (29).

También se votó una iniciativa que José María Villalta presentó la primera vez que fue electo diputado y que se tramitó en el expediente 17.805, cuyo propósito es dar traductores con cargo al Estado a los indígenas que acuden a procesos judiciales.

Los 49 diputados presentes a la hora de la votación se manifestaron a favor.

Dato D+:  Los ausentes son Víctor Morales (10), Mario Castillo (31), Welmer Ramos (38), Nielsen Perez (9), Erwen Masís (27), Ana Lucía Delgado (40), María José Corrales (21) y Erick Rodríguez (29).

DIPUTADOS SE APRUEBAN VACACIONES

Para cerrar la sesión, los diputados acordaron fijar desde ya los días libres que tendrán durante este primer año de labores.

Las fechas son: del 9 al 12 de julio; el 16 de agosto; del 24 al 26 de diciembre, el 27 y 31 de diciembre; el 2 y 3 de enero de 2019 y del 15 al 17 de abril del 2019.