Los diputados tuvieron un martes bastante productivo en cuanto a la aprobación de iniciativas de ley, pues lograron votar cinco proyectos que ahora pasarán a la Casa Presidencial para que sean firmados y ejecutados.
Previamente, en el espacio de control político, la diputada de Restauración Nacional, Nidia Lorena Céspedes volvió a criticar el nuevo plan de alimentación de estudiantes que implementó el Ministerio de Educación Pública.
Para evidenciar mejor sus observaciones, la diputada le entregó a cada uno de sus compañeros un pedazo de pan, un pedazo de queso y fruta, afirmando que ese es el almuerzo que se le está dando a muchos niños.
"Ellos están con hambre. Nuestros niños están padeciendo de muchas enfermedades porque no están comiendo como debe ser", afirmó.
Por su lado, el republicano Dragos Dolanescu planteó en el Plenario la necesidad de que los diputados revisen la legislación actual para evitar que hechos como los acontecidos con Jonathan Mauri y el Premo Claudia Poll se repitan.
Debemos recordar que el Tribunal que le concedió a Mauri el premio y más de 200 millones de colones, señaló expresamente que los diputados que habían creado la ley en cuestión usaron una pésima técnica legislativa.
Finalmente, pero no menos importante, el jefe de Restauración Nacional, Carlos Avendaño expuso en el Plenario los acontecimientos de los últimos días que involucran a su partido, al excandidato presidencial Fabricio Alvarado y a varias empresas que dieron sus servicios durante la campaña electoral: OPol Consultores y Crescendo.
"Estas dos empresas no tenían un contrato debidamente suscrito con el partido, que es donde inicia el proceso que según la normativa no solo debe llevarse en el partido, pasándolo en los estados contables, siendo auditado, sino reportado al TSE en el momento oportuno. Cabe señalar que cada mes se debe reportar si es un contrato que va a abarcar meses o la totalidad de la campaña. Eso no existió", afirmó Avendaño.
Por lo anterior, agregó, es que el Comité Ejecutivo Superior de Restauración Nacional ha solicitado al TSE una investigación para determinar quién contrató a nombre del partido, comprometiendo recursos de manera ilegítima.
Además, Avendaño dijo que no es procedente la moción que planteó el diputado José María Villalta para que la Comisión de Ingreso y Gasto estudie el affaire Restauración-OPol, pues según él, no se le pagó a la empresa, de modo que no se trata de fondos públicos.
Como detalle interesante que no podemos omitir, mientras el jefe de Restauración hacía su intervención en el Plenario, el resto de diputados de su bancada se retiró del Plenario. Solo permaneció en su asiento Jonathan Prendas.
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El Plenario aprobó por unanimidad de los presentes una moción relacionada con la crítica situación que atraviesa el país vecino Nicaragua.
La moción, firmada por 44 diputados, recibió el visto bueno de 49 legisladores y ninguna oposición.

Según el texto aprobado, se insta al Presidente de la República y a la Canciller, tomar decisiones en materia de política exterior que respalden de manera decidida la condena por los actos de opresión sobre el pueblo de Nicaragua y exigir el respeto a los derechos humanos.
Asimismo, se solicita al Presidente asignar de manera inmediata un embajador en Nicaragua, así como el nombramiento de los cargos que estén pendientes en dicha representación y censurar la violencia y el uso excesivo de la fuerza utilizada por la policía y las fuerzas armadas nicaragüenses contra civiles que ejercen su derecho constitucional de libertad de expresión, reunión, información y comunicación.
Finalmente, se insta al Gobierno de Ortega a realizar esfuerzos "genuinos y transparentes" por abrir espacios de entendimiento con los grupos sociales manifestantes y respaldar el diálogo como el mejor mecanismo para la solución pacífica.
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El Plenario aprobó en segundo debate el proyecto 20.344 "Ley para el buen aprovechamiento de las embarcaciones y otros bienes navales incautados al crimen organizado", mediante el cual se autoriza la posibilidad de donar a instituciones públicas, a asociaciones de desarrollo integral o asociaciones con la declaratoria de idoneidad por parte de la Contraloría General de la República aquellas embarcaciones decomisadas al crimen organizado.

El segundo proyecto aprobado en segundo debate fue el expediente 18.890: "Ley para el fomento de la competitividad de la PYME mediante el desarrollo de consorcios", con 46 diputados a favor y 11 en contra.
Tiene por objeto establecer el marco normativo necesario para fomentar, crear, desarrollar y consolidar consorcios de Pymes como mecanismo asociativo para fortalecer la competitividad y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

De seguido, los diputados aprobaron el expediente 20.416 "Reforma a los artículos 43 y 47 de la Ley 5476, Código de Familia, Ley para Ampliar la Protección del Patrimonio Familiar" .
Con este proyecto se pretende proteger las casas de embargos o remates cuando hayan personas que dependan de ella por necesidades de manutención o discapacidad.
Recibió el voto afirmativo de 49 diputados y ninguna objeción.

Después, el Plenario aprobó el expediente 20.039 "Autorización al Sistema Nacional de Áreas de Conservación para que pueda recibir por medio de convenios de cooperación personal de apoyo contratado por organizaciones conservacionistas sin fines de lucro y realicen diferentes labores en las áreas de conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y las Áreas Silvestres Protegidas".
Como su nombre lo dice, el proyecto pretende crear una norma que le permita al Sinac suscribir convenios de cooperación con organizaciones no gubernamentales, a fin de que esas organizaciones contraten personal que labore en las diferentes áreas de conservación, desempeñando funciones de apoyo a la administración en el cumplimiento de las funciones sustantivas del Sinac.
Esta propuesta fue apoyada por 49 diputados a favor y ninguno en contra.

Finalmente, los diputados aprobaron el expediente 20.737 "Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales".
El proyecto establece que por el plazo de 24 meses se suspenderá el desalojo de personas, demolición de obras, actividades y proyectos en la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme, fundamentándose en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza de daño al medio ambiente.
Cabe recordar que este proyecto está plagado de violaciones a principios constitucionales, según un informe legal de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, los diputados continuaron con la votación.

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El Plenario de este miércoles arrancará a las 1:45 p.m. con la interpelación a la ministra de Hacienda, Rocía Aguilar Montoya, para que explique las medidas que tomará el Poder Ejecutivo para contener el gasto público.
Aguilar deberá comparecer hoy y el jueves, en lo que será una audiencia clave para los intentos del Gobierno de aprobar lo más pronto posible el plan fiscal.








