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La reforma fiscal va tomando forma

El proyecto de reforma fiscal presentado por el Gobierno parece ir perdiendo poco a poco la etiqueta de light que los medios de comunicación le otorgaron al inicio, pues algunas de las reformas que se han hecho en la Comisión Especial que estudia la iniciativa le garantizarían al Estado una mayor recaudación tributaria.

Este martes los legisladores que integran este órgano parlamentario aprobaron poner un tope de 1,94% a las anualidades pagadas en el sector público. Recordemos que, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, las anualidades futuras no son un derecho adquirido, por lo que pueden ser modificadas.

¿Por qué decimos que los diputados le están dando más al Gobierno de lo pedido? En este caso la propuesta del Ejecutivo era que la anualidad fuera de 2,56% para los que recibieran una calificación "excelente", y de 1,94% para los "muy buenos". Ottón Solís logró convencer a la mayoría de que fuera un solo monto y más bajo que el planteado por Casa Presidencial.

Votaron a favor: Johnny Leiva (PUSC); Otto Guevara (ML); Alexandra Loría (PREN); Maureen Fallas y Paulina Ramírez (PLN). Votaron en contra: Steven Núñez y Marco Redondo (PAC) y Edgardo Araya (FA)

A pesar de lo anterior, es necesario señalar que prevalecerá el porcentaje de anualidad que se haya fijado en las convenciones colectivas existentes (por ejemplo en la UCR es de 3,75% y en RECOPE del 5%), pues el artículo 62 de la Constitución Política expresamente señala que esos acuerdos entre patrono y sindicatos tienen fuerza de Ley. Sin embargo, la modificación no es menor, pues el Gobierno paga ¢400.000 millones en anualidades.

Por otro lado, seguramente usted leyó que los diputados habían acordado cobrar un impuesto del 15% a la cesantía que excediera los 8 años. Lo cierto es que, aunque eso fue aprobado por la mañana, en la sesión de la noche se echó atrás la propuesta de Ottón que le habría permitido al Estado recaudar impuesto sobre la renta a aquellos funcionarios públicos de entidades que gozan de hasta 25 años de cesantía. 

La iniciativa de Solís que sí se adoptó (y había sido solicitada por Carlos Alvarado) fue cobrar un impuesto de Renta mayor a los salarios más altos. Con la modificación, los salarios que vayan de ¢2,1 millones a ¢4,2 millones pagarán un impuesto del 20% y los que excedan los ¢4,2 millones pagarán un 25%.

Hoy por hoy esos salarios pagan un 15% de impuesto sobre la Renta y con la modificación ese porcentaje lo pagarán únicamente quienes tengan un sueldo de ¢1,2 millones a ¢2,1 millones.

También se aprobó una moción para prohibir a las instituciones públicas pagar más de 20 años de cesantía, cuando mediante una convención colectiva se establezca que los funcionarios gozarán más allá de los 8 años que establece el Código de Trabajo.

Según informó La Nación, Priscilla Piedra (directora general de Hacienda) dijo que solo el 3% de la población gana un salario superior a ¢2,1 millones mensuales, es decir unas 58.800 personas dentro de una fuerza laboral de 1,9 millones.

Otra modificación impone un tope de ¢12,9 millones a los salarios de los jerarcas de instituciones que operan en competencia (equivalente a 30 salarios base) y prohíbe pagar incentivos de “discrecionalidad y confidencialidad” o cualquier otro plus por acumulación de años de trabajo distintos a las anualidades.

Finalmente, la Comisión acordó imponer un impuesto solidario a las pensiones de los ex presidentes de la República. El porcentaje no es fijo, sino que será el necesario para que la suma de cargas sociales, impuesto de renta y seguro social alcance (y no supere) el 50% de la pensión. 

En otros temas, el Plenario estuvo paralizado pues el Gobierno sacó de la agenda de sesiones extraordinarias el proyecto que pretende indemnizar a los extrabajadores de Bancrédito. 

Este martes los diputados estaban dispuestos a votar el proyecto en segundo debate, sin embargo cuando iban a empezar a discutirlo llegó un decreto sacándolo de la agenda para dar paso a otras iniciativas.

Naturalmente, lo hecho por Casa Presidencial molestó a los impulsores de la inicativa, entre ellos el socialcristiano Jorge Rodríguez, quien encaró al Ejecutivo lamentando una "traición" al apoyo que Cartago le dio a Carlos Alvarado en las elecciones del domingo.

El propio diputado oficialista, Marco Vinicio Redondo dijo estar molesto por la desconvocatoria del proyecto y anunció que pidió para este miércoles temprano una reunión con el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.

Al filo del término de la sesión, que transcurrió entre recesos y rompimientos de quórum, llegó nuevamente la convocatoria de la iniciativa, pero será hasta el jueves que pueda ser conocida pues los miércoles están reservados al conocimiento de proyectos de reforma constitucional.