El lunes en el Congreso estuvo marcado por la visita de los candidatos a la Presidencia de la República, Carlos y Fabricio Alvarado, quienes sostuvieron encuentros con las bancadas de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana para tratar el tema fiscal.
A resumidas cuentas, ambos coincidieron en la necesidad de aprobar la reforma, que inicia con la regla fiscal constitucional planteada por el PUSC, aunque en momentos distintos: Fabricio plantea que se apruebe cuanto antes mientras Carlos considera que el Congreso debe avanzar en la vía rápida, pero dejando la aprobación del proyecto hasta después de las elecciones del 1 de abril.
Inicialmente el PLN interpretó que Carlos pedía no aprobar la reforma fiscal, ni siquiera por la vía rápida, hasta pasados los comicios, afirmando además que aún había discrepancias a lo interno de la fracción del PAC; sin embargo, Alvarado, Ottón Solís y el jefe de la bancada oficialista, Javier Cambronero desmintieron esas aseveraciones y confirmaron que los 13 legisladores del PAC están listos para apoyar el trámite especial.
Así las cosas, entran a jugar las matemáticas: 18 votos de Liberación + 13 del PAC + 8 del PUSC = 39 votos, suficientes para darle rienda a la vía rápida, aunque también debemos sumar el voto de Gonzalo Ramírez y Mario Redondo para un total de 41 votos asegurados.
Lo que queda ahora es que los diputados se pongan de acuerdo en los términos de la moción. Ello implica el tiempo máximo que establecerán para presentar propuestas de modificación y el tiempo que tendrá cada uno para defenderlas, así como para discutir el proyecto por el fondo.
En otro orden de cosas, la diputada del PAC, Marcela Guerrero, cuestionó nuevamente a la Sala Constitucional pues han pasado 3 meses y 26 días desde que el Congreso remitió a revisión el proyecto de reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial y aún no hay respuesta, a pesar de que la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que la misma debe resolverse un mes después de presentada.
El Magistrado Fernando Cruz Castro defendió el trámite al afirmar que el plazo de un mes corre después de conformado el tribunal que conocerá de la consulta, algo que aún no ocurre pues casi todos los magistrados han planteado inhibitorias para no entrarle al tema...
Por otro lado, el sistema de votación electrónico del Plenario, que costó 120 millones de colones y se instaló en julio del 2016, no funcionó este lunes. Los diputados tuvieron que recurrir a la votación poniéndose de pie (a favor) o quedándose sentados (en contra) para aprobar, en primer debate, un proyecto que autoriza al INVU a donar un inmueble de su propiedad a la Municipalidad de Alajuela y luego para concluir la sesión antes de la hora establecida.
Finalmente, Francisco Luis Vargas, jurista de CJE Consultoría y abogado contratado por Yanber para evitar la quiebra, confirmó a la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios que el Banco Nacional y Bancrédito le dieron préstamos a la empresa sin garantías...
De acuerdo con Vargas, solamente el Banco de Costa Rica otorgó una línea de crédito a la empresa de Samuel Yankelewitz con garantías 100% reales.
No nos extrañemos si a raíz de esas declaraciones vemos allanamientos en los bancos estatales en las próximas semanas...
Para concluir el reporte de este lunes es indispensable recordar que este martes el Plenario decidirá el futuro de la inmunidad de Celso Gamboa: la sesión arranca a las 3:00 p.m., se leerá el informe presentado por la Comisión Especial y de seguido escucharán al Magistrado de la Sala III durante 30 minutos para que exponga su defensa.
La sesión no concluirá, según el presidente legislativo, hasta que se haya realizado la votación sobre si quitar o no el fuero a Celso, para que enfrente la causa por tráfico de influencias en perjuicio de los deberes de la función pública que investiga la Fiscalía General.
