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Mientras los costarricenses nos debatimos con una pandemia mundial, los magistrados de nuestra Corte Suprema de Justicia se debaten con su propia epidemia de intrigas y bajezas.

En sesión de Corte Plena del pasado lunes 4 de mayo decidieron rechazar un recurso de reconsideración elevado a su conocimiento por un grupo de jueces de la jurisdicción agraria. Ese acuerdo es la cereza en el paste de una larga historia de atrocidades administrativas y judiciales, que hunden en el fango de su bajeza a un órgano que debía estar a una altura superior.

En este mismo espacio denuncié en un artículo anterior cómo se había aprobado una legislación que significaba todo un retroceso en materia de administración de justicia, como ha ocurrido en los últimos treinta años: toda reforma de paternidad judicial ha sido un fracaso y en lugar de mejorar la administración de justicia la ha catapultado a niveles siderales de incompetencia y mora. Hemos llegado a tal punto de que un experimentado colega me dijo “estamos sin tribunales”. La Ley de Cobro Judicial, La Reforma Procesal Agraria y El Código Procesal Civil han significado, sin excepción, leyes que desmejoraron los tiempos de respuesta de los Tribunales.

En esa denuncia que en su oportunidad hice tuve como importante referencia un acuerdo del Consejo de la Judicatura Agraria que denunciaba no pocas falencias. Con motivo de esta valiente denuncia se debió mencionar a una oscura funcionaria que tenía a su cargo el proyecto de implementación del Código, premiada con una magistratura en lugar de dar cuentas de su ineficiencia. A la postre, ese mismo Consejo de Jueces hizo un análisis del avance de ese proyecto y denunció públicamente su atraso en la casi totalidad de sus objetivos, denuncia que como era obvio a aquella oscura funcionaria le hizo mella. ¿Su respuesta? Apenas estrenando el puesto que le obsequiaron cuestionados diputados logró urdir un acuerdo de Corte Plena (4 de febrero de 2020) para que los jueces que firmaron aquél valeroso documento se les aplicara el régimen disciplinario. ¿Por qué? Porque habían “dañado la imagen” del Poder Judicial.

Es una cosa curiosa. No daña la imagen del Poder Judicial que una jueza tenga un permiso con goce de salario para echar a andar un proyecto del nuevo código y no cumpla cabalmente con su trabajo. No daña la imagen del Poder Judicial que esa jueza y su compañera de aventuras le hayan mentido a los diputados cuando ellas fueron a defender la aprobación de ese Código, donde manifestaron que su implementación no requería de recursos extra. No daña la imagen del Poder Judicial promover una ley de cobro judicial que colapsó los procesos de cobro en Costa Rica. No daña la imagen del Poder Judicial promover una reforma al Código de Trabajo que se ha traducido en una justicia más lenta y tortuosa para la clase trabajadora. No daña la imagen del Poder Judicial promover la creación de un nuevo Código Procesal Civil que alargó los tiempos de respuesta en los procesos. No daña la imagen del Poder Judicial que con motivo de la pandemia por COVID-19 se haya festinado la administración de justicia. No daña la imagen del Poder Judicial acusar ante la Inspección Judicial a jueces que disienten de las torcidas tramas de palacio. En fin, no daña la imagen del Poder Judicial convertir a la Corte, toda, en una institución paquidérmica y monstruosamente ineficiente e incompetente...

Rechazar ese recurso de reconsideración es callar toda voz crítica dentro del seno del Poder Judicial. Rechazar ese recurso es fusilar la disidencia. Rechazar ese recurso, es darle un portazo al interés de mejora de una institución anquilosada y vertical.

Se declara sorda la Corte ante un país y unos jueces que le piden rectificar el rumbo. La emergencia nacional por la enfermedad COVID-19 nos impone transformaciones y una nueva visión de nuestras instituciones. Ya va siendo hora de que nos cuestionemos la estructura judicial, la forma en que se administra justicia y cómo pagamos tantísimo dinero por el peor gobierno judicial en casi 200 años. Estaríamos mejor si no existiera...