Se complica la crisis en la Corte y se complica la crisis en las finanzas públicas

— Como si la Corte Suprema de Justicia no tuviera suficiente controversia en estos momentos, el magistrado Luis Fernando Salazar decidió echarle ayer más leña al fuego.

— En declaraciones a radio Monumental, el magistrado aseguró que la Asamblea Legislativa era la responsable de que la Sala Constitucional no haya resuelto las acciones de inconstitucionalidad que tiene pendientes en unión de hecho y matrimonio igualitario.

Dato D+: En mayo  les habíamos reportado que la Sala Constitucional tiene pendiente desde el año 2013 una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 242 del Código de Familia (el que establece las uniones de hecho entre hombre y mujer únicamente).

— ¿Por qué culpa el magistrado Salazar al Plenario por este atraso? Según él, la Sala Constitucional no ha podido votar este tema porque tiene pendiente desde hace tres años el nombramiento de un magistrado propietario que venga a llenar el asiento dejado por Gilberth Armijo (que se pensionó en octubre del 2015).

— Textualmente, el magistrado dijo:

“Entonces resulta que si no podíamos conocer acciones porque había una vacante, ahora tenemos dos vacantes. Y entonces hago una intensa instancia al Congreso, al igual que reforme la Constitución Política y la ley proceda con el nombramiento de dos magistrados que urgen en la Sala Constitucional para poder conocer de dos acciones. Y aquí todo el mundo sabe que estoy hablando de las uniones de hecho y de los matrimonios igualitarios. El Congreso nos debe dos nombramientos y tenemos esas dos acciones desde hace casi cinco años y no se han podido votar. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un llamado de atención”

— Sin embargo, al magistrado le hizo falta señalar algo en su declaración: ¡La fundamentación legal de su argumento! Hasta donde sabemos ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen prohibición alguna referente a los temas que pueden conocer los magistrados suplentes.

— El tema se las trae, recordemos que la semana pasada se supo que la Sala Constitucional se había reservado fallar sobre un recurso de amparo para que se reconociera un matrimonio homosexual, precisamente hasta que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad sobre el Código de Familia (sí, las que llevan 5 años esperando resolver).

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— Fuentes cercanas a Delfino.cr ya nos habían adelantado que el tema del matrimonio igualitario no sería conocido por la Sala hasta que estuvieran todos los propietarios debidamente designados así que la decisión de la Sala de la semana pasada y las declaraciones del magistrado Salazar ayer vienen a confirmar el desafortunado panorama y, una vez más —¡insistimos!—, a evidenciar la necesidad de que se reforme la forma en que elegimos a nuestros magistrados.

— ¿A qué le temen los magistrados? Se nos ocurre que A) los magistrados de la Sala Constitucional no quieren votar este tema por temor a que la forma en que voten afecte un futuro nombramiento o renovación o B) les preocupa que sea una votación dividida, con un voto de un suplente (ahora dos) “temporal” que luego no sea consecuente con la posición de los titulares eventualmente electos y que por ende un carnaval de incerteza jurídica o C) los suplentes no quieran resolver porque piensan que comprometería una eventual elección en un puesto titular...

— Cualquiera de estos escenarios, como excusa, es inaceptable. La Sala tiene el deber constitucional de conocer estos temas sin importar que la composición sea de propietarios o suplentes, la Constitución no hace esa distinción, ni les da la posibilidad de “evitar temas calientes” (¡ningún problema tuvieron para resolver pesca de arrastre!). Además, la sola idea de que estén ejerciendo justicia efectiva amarrados a futuros nombramientos es absolutamente escalofriante.

— La única diferencia entre un magistrado suplente y uno titular es su estabilidad. ¿Acaso no votaron un montón de magistrados suplentes para definir la sanción del presidente de la Corte Suprema Carlos Chinchilla? ¡Nada menos!

— Y ya que estamos rescatando el Caso Chinchilla valga la oportunidad para  señalar una vez más otra razón para modificar la forma en que elegimos a los magistrados... ¿cómo es posible que los magistrados suplentes de la Sala III hayan votado por la suerte de los titulares si su oportunidad de llegar a ser titulares depende precisamente de las personas a las que están juzgando? ¡Despertá Costa Rica!

— Razones sobran: todos tenemos claro que se debe modificar la forma en que se eligen los magistrados pero hasta que eso no suceda la Sala IV no puede esconderse detrás de la Asamblea para evitar su responsabilidad.

— No magistrado Salazar, la culpa de que esas acciones no se resuelvan no es de la Asamblea, es de ustedes que no han querido votarlas, ningún intento de desviar la atención a los nombramientos pendientes los va a eximir de su responsabilidad.

— Eso no exime a la Asamblea Legislativa anterior de haber legado una herencia despreciable de absoluta incompetencia. Nos cansamos de repetirles que tenían esos nombramientos pendientes y simple y sencillamente no hicieron por donde. Vergüenza y media.

— El día de ayer conversamos con José Pablo Badilla, abogado que acaparó los titulares el año pasado por representar a Guillermo Quesada, célebre por ser el personaje clave en el caso de la década: El Cementazo.

— Como recordarán Quesada fue quien grabó en el Hangar 5 el famoso audio en el que se escucha a Juan Carlos Bolaños ofreciéndole un salida alterna —de no muy buen ver— al conflicto que ambos sostenían vía judicial.

— En aquel entonces Delfino.CR conversó con Badilla quien no se guardó nada —bueno, casi nada...— y nos confirmó que Bolaños le había dicho que tenía “alcanzado” a Celso Gamboa, de modo tal que los temitas judiciales concernientes a JCB se resolvían a su favor...

— Badilla también nos dijo que “Yo aquí en esta oficina atiendo una gran cantidad de jueces de la Corte, los defiendo. Mi especialidad es el derecho administrativo y el derecho penal”.

— No debería resultar sorpresivo entonces que haya decidido ahora representar a Carlos Chinchilla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia que sorprendió al país acogiéndose a su pensión el pasado lunes.

— Chinchilla —junto al resto de la Sala Tercera— fue sancionado por la Corte Plena la semana pasada pues se les atribuyó una falta grave en el procedimiento que los llevó a desestimar un caso ligado, precisamente, a El Cementazo.

— Como es por todos sabido inicialmente Corte Plena resolvió sancionar a los implicados con una amonestación escrita, pues solo 12 de 22 magistrados consideraron que la falta ameritaba una suspensión.

— Acto seguido ardió Roma, la ciudadanía entró en cólera y el Poder Judicial entró en crisis. Cientos de jueces levantaron la voz, se organizaron manifestaciones, se devolvieron llaveros, se publicaron artículos de opinión en todos los medios, etc.

— El domingo 10 magistrados tomaron la decisión de publicar en Delfino.CR una carta dirigida a la presidenta del Congreso solicitándole encaminar reformas constitucionales para que las votaciones en estos procedimientos administrativos de Corte Plena no sean secretas.

— Aquello desató otra crisis en Corte Plena el lunes, pues se desató una “tiradera” de parte de quienes no habían firmado la carta originalmente... Un súbito amor por la transparencia se apoderó de todos los magistrados y se decidió que todas y todos los presentes agregaban su firma a la carta...

— En medio de aquel espectáculo cayó la carta de Carlos Chinchilla, presidente de la Corte hasta ese momento, anunciando que se acogía a la pensión. Pero el show apenas empezaba pues horas después Corte Plena anunció que se había encontrado con un error en la votación original del “castigo” y que por ende habían resuelto corregirlo y votar de nuevo...

— Como resultado —de lo que no es otra cosa más que la presión de la ciudadanía y el pánico a no ser reelectos en el Congreso— “adaptaron” el nuevo castigo a las nuevas circunstancias. En dos platos: resolvieron suspender a los magistrados de la Sala III.

— Pero... #hayTruco. No solo Carlos Chinchilla ya se había acogido a la pensión —es decir, se recontraabanica los 2 meses de suspensión—, también había resuelto demandar al Estado por la primera sanción (la carta de amonestación) ¡el propio lunes!

— Su demanda la presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda con el fin de solicitar que se anule el acto administrativo en el que se le sancionó con la carta de amonestación. Bueno, eso y algo más, ya les cuento.

— No es cierto, como dijeron algunos diputados ayer, que Chinchilla pretenda sacarle una —ehm, otra— millonada al Estado, pues según nos confirmó el propio Badilla no se solicitó en el juicio dinero alguno al Estado, que en el peor de los casos solo tendría que pagar las costas del juicio.

— El día de ayer le consultamos a Badilla por los motivos para impugnar el acto y nos aseguró que el error de los magistrados estuvo en sancionar a Chinchilla (y compañía) digamos... por el “fondo” y no por la forma. Dice Badilla:

“Nosotros los abogados formados no defendemos personas o situaciones fácticas, defendemos un sistema normativo, un credo, la sanción que se le pone a Don Carlos es contraria al ordenamiento jurídico porque se le está sancionando por un tema de fundamentación en una resolución jurisdiccional y el artículo 199 de la ley orgánica del poder judicial veta esta posibilidad”.

— Badilla asegura que los magistrados decidieron castigar a la Sala III por la fundamentación de la desestimación —no tenemos cómo comprobar que fue ese el motivo porque remember remember toda la deliberación fue secreta— lo que resulta violatorio de la independencia judicial “que es el fundamento del estado de derecho y el poder judicial”.

— El abogado también me aseguró que el hecho de presentar la demanda el lunes fue planificado estratégicamente para dejar en “firme” la resolución sancionatoria inicial, pues “ya nos veíamos venir lo que terminó sucediendo con la “nueva” sanción”.

— Es decir, al interponer la demanda contra el Estado automáticamente la Sanción #1 se torna eficaz y queda en firme, muy a pesar de que la Corte Plena haya asegurado que estaba a tiempo de variarla para aplicar la Sanción #2.

— Badilla asegura que la decisión de este lunes de los magistrados es “doblemente ilegal” pues A) Ya estaba en firme la Sanción #1 y “ellos lo sabían” y B) “Ese tal recurso de revisión no existe porque en procesos administrativos sancionatorios es un medio de impugnación para terceros no para el propio tribunal”.

“El 353 de la Ley de Administración Pública regula el recurso de revisión y determina que es de carácter extraordinario, solo cabe por causales taxativas, no es posible que un tribunal se presente a sí mismo un recurso de revisión ¡eso es un ridículo!”.

— Consulté a Badilla si pretendían impugnar la segunda sanción a lo que me contestó:

“No hemos decidido si vamos a impugnar el segundo acto administrativo pero hay un tema muy importante... cuando yo veo que van a hacer esa locura y que van a alegar que no está en firme el acto #1 yo corro y lo hago firme ¿cómo ? impugnándolo. ¿Cómo lo impugno? Me doy por notificado y lo hago eficaz y los magistrados eso lo sabían y a pesar de eso obvian esa situación y deciden dictar el segundo acto que es absolutamente ilegal y esto es muy grave en un Estado de Derecho”.

“Después del ridículo que han gestado en estos días en donde han enfrentado cátedra, academia y postulados del derecho sin reparo deberían hacer una fila india, tomarse de la mano, seguir el ejemplo de Carlos Chinchilla e irse de la Corte para que juristas de verdad ocupen esos lugares y reivindiquen la Corte Plena”.

— El día de ayer se conoció que la Comisión Dictaminadora de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas  rechazó el texto sustitutivo para el Plan Fiscal presentado por el Gobierno.

— El rechazo se dio a pesar de que Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, y Carolina Hidalgo, presidenta del Congreso, realizaran previamente una reunión con diputados del PLN, en un intento por conseguir los votos suficientes. Sin embargo, la reunión no solo no fue fructuosa sino que además generó malestar en el diputado Eduardo Cruickshank, por no ser tomado en cuenta.

Dato D+: Un texto sustitutivo es una moción que se convierte en el nuevo texto de base para la discusión en comisión.

— Al haber sido rechazado el texto sustitutivo la comisión continúa trabajando sobre el texto anterior, por lo que el rechazó no implica que el proyecto de ley haya sido descartado.

— Lo que sí es evidente es que se trata de una manifestación de parte de los diputados miembros de la comisión de que no están conformes con las modificaciones realizadas al proyecto por parte del Ejecutivo.

— Tal como dijo la diputado Silvia Hernández (PLN): “Primero, quiero señalar que esto no es un voto en contra de la reforma fiscal. Lo que se está votando es una moción de 1.800 cambios muy complejos y que nos generan muchas dudas...”

— Pareciera ser que el Gobierno escuchó los reclamos de los diputados de oposición ya que anunció que llevaría a cabo nuevas mesas de dialogo con los legisladores para negociar un texto que sí sea aprobado por la comisión y eventualmente por el plenario.

— Incluso Rodolfo Piza se manifestó “optimista” del resultado que se pueda alcanzar en esas meses de negociación. Tanto así que dijo espera que tengan un nuevo texto para el 2 de agosto.

Dato D+: Una vez en el texto este en Plenario requerirá una mayoría simple (mitad más uno de los diputados presentes al momento de ser votado) para ser aprobado. Al tener el proyecto aprobado la vía rápida 208 bis se espera sea votado antes de final de año...

— Optimista, ¿o demasiado optimista? Los puntos de desencuentro que se mantienen actualmente varían según cada fracción... así que las mesas de diálogo van a estar muy, muy movidas...

— Por parte del PLN, Carlos Ricardo Benavides señaló a La Nación la preocupación del partido por 1. La norma de subcapitalización que introdujo Hacienda en el texto, la cual impone un límite de un 20% a las deducciones tributarias que pueden hacer las empresas por gastos financieros derivados de los créditos 2. El cobro del 13% del IVA para los insumos para la producción agrícola, 3. El 4% de impuesto a la educación y los medicamentos (aunque están dispuestos a negociar).

— Carlos Avendaño, miembro de la comisión por el PRN, dijo a AR: “No estamos de acuerdo con meter impuestos a los medicamentos, a la educación privada, a la canasta básica. También en otras aristas meter impuestos a las cooperativas, a las mutuales o al Banco Popular. Todo esto es parte de este nuevo paquete del cual no estamos a favor”. No se sorprende uno de que no los inviten a negociar... si básicamente se oponen a todo el proyecto.

— Mientras tanto, en el caso del PIN, Walter Muñoz -quién ya había dicho estar en contra de cualquier nuevo impuesto-  sí votó el texto sustitutivo favorablemente, ya que él fue uno de los que solicitó a la ministra de Hacienda la presentación del texto. #quiénlosentiende

— José María Villalta, por su lado, apuntó en Twitter: “Hemos votado en contra el texto sustitutivo del proyecto 20.580 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Si bien vemos algunos avances, continúa teniendo aspectos regresivos en temas como IVA, servicios esenciales y salarios del sector público”.

— Así las cosas ardua tarea tendrán esas mesas de dialogo... que inician el día de hoy. Por la seguridad fiscal del país todos esperamos que logren llegar a buen puerto lo antes posible.

Bonus Track: De la diputada María Inés Solís: “Las Zonas Francas como medicina nacional”.