Tras la fallida sesión del lunes los diputados se presentaron este martes para retomar la agenda normal, además de hacer un debate reglado sobre los hechos recientes en la Corte Suprema de Justicia. El tema, naturalmente, enfrió.
Pocos diputados hicieron alusión al tema. El socialcristiano Rodolfo Peña Flores dedicó su tiempo para presentar el proyecto de reforma constitucional que pretende rebajar de 8 a 5 años el plazo de nombramiento de los magistrados, eliminar su reelección automática y hacer públicas las sesiones y votaciones de Corte Plena donde se conozcan procesos disciplinarios.
El único que levantó la voz (literalmente) fue Erick Rodríguez, ex-PIN, quien calificó la jubilación de Carlos Chinchilla como infantil y un acto de cobardía.
"Es vergonzoso y doloroso para la democracia, porque el Poder Judicial pierde credibilidad, la democracia pierde credibilidad y el pueblo deja de creer en quienes deben ser los hacedores de justicia".
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Durante la sesión del martes el Plenario conoció la carta de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia donde piden aprobar una reforma constitucional para que las votaciones en procedimientos disciplinarios que tengan lugar en la Corte Plena se hagan de forma pública.
Como recordarán, se trata de la carta suscrita inicialmente por 10 magistrados y publicada en Delfino.cr, que fue posteriormente rubricada por los restantes 12.
Para hacer realidad esa modificación, ya hay presentados dos proyectos que les presentamos en el reporte de ayer: uno de la presidenta Carolina Hidalgo y el otro del socialcristiano Rodolfo Peña.
Adicionalmente, la Corte solicitó al Congreso nombrar a los sucesores de Celso Gamboa y Carlos Chinchilla en la Sala Tercera, además de recordar que hay múltiples vacantes pendientes de llenar en la Corte Plena y cuyos expedientes hacen fila en el Plenario.
La Comisión de Nombramientos tendrá un plazo de 22 días para recomendar las dos personas que se convertirán en magistrados penales durante los próximos ocho años.
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Luego de que el Frente Amplio, Liberación Nacional y Restauración Nacional se unieran para darle una estocada de muerte al texto sustitutivo que el Gobierno presentó al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la comisión especial a cargo del mismo empezó a tramitar las más de 1000 mociones planteadas por diputados y diputadas.
Dado que la mayoría del tiempo disponible para conocer de esas mociones se gastó en recesos para negociar los votos al texto sustitutivo que finalmente fue desechado, los diputados solo alcanzaron a votar 6 mociones.
La moción #1, que consistía en el texto sustitutivo del Ejecutivo, fue rechazada por 3 votos a favor y 6 en contra.
La moción #2 de José María Vilallta fue rechazada y pretendía eliminar el impuesto del 4% a las comisiones pagadas a las operadoras de pensiones establecidas de conformidad con la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, del 16 de febrero de 2000, y sus reformas.
La moción #3, también de Villalta, fue rechazada y pretendía exonerar del IVA a los servicios de salud privados, medicamentos, reactivos, maquinaria y equipos necesarios para la producción de medicamentos para la aplicación terapéutica para consumo humano, así como los servicios de educación privada.
La moción #4 del frenteamplista, que sí fue aprobada, exonerará del IVA a las primas de seguros personales, riesgos del trabajo, agropecuarios y de viviendas de interés social.
La moción #5 de Villalta, que también fue aprobada, elimina la exención del IVA a los servicios de colocación, intermediación, las transacciones y la gestión de carteras realizadas a través del mercado de valores. Cabe recordar que esa exención fue recomendada por la ministra coordinadora del sector económico, Edna Camacho previo a ocupar el cargo en el gobierno de Alvarado.
Finalmente, la moción #6 del diputado del FA, que fue rechazada, pretendía establecer que los grandes contribuyentes que procesen pagos de tarjetas de crédito o débito debían retener un 10% del IVA, en lugar del 6% que se establece de forma general en el texto en discusión.
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Carlos Avendaño, jefe de la bancada restauradora criticó en el Plenario que la terna recomendada para convertirse en la nueva Defensora de los Habitantes de la República esté conformada por tres mujeres.
"El problema es que se excluyó de posibilidades a los hombres. Tenemos que subsanarlo porque a lo largo de los años hemos venido apoyando el tema de igualdad, no vamos a irnos de un péndulo de la balanza al otro. Debemos viajar por el carril del centro, donde existan oportunidades para las mujeres, pero que esto no venga a cerrar las oportunidades para los hombres. Si la terna hubiera sido de tres hombres, le aseguro que ya arde Troya, o Roma, con una terna de tres hombres. Las protestas no se hubieran hecho esperar".
En la actualidad, la terna seleccionada por la Comisión de Nombramientos (de la que él forma parte) está conformada por la directora de Calidad de Vida de la Defensoría, Tatiana Mora, la directora de Apoyo al Consumidor del MEIC, Cynthia Zapata, y la consultora del Banco Mundial, Catalina Crespo.
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Por unanimidad, los diputados aprobaron una moción para solidarizarse con el pueblo de Nicaragua ante la violenta represión del régimen de Daniel Ortega, al tiempo que hicieron una excitativa para que el gobierno de ese país emplee el diálogo como mecanismo pacífico para solucionar la problemática que afronta.
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El 25 de julio el Plenario sesionará en Nicoya de Guanacaste. Así lo acordaron 42 diputados, más de los 38 que demanda la Constitución para trasladar la sede del Primer Poder de la República.
Dada la logística que implica hacer ese movimiento, la sesión del jueves 26 de julio se cancelará y en su lugar, se sesionará de forma extraordinaria el 9 de agosto en horas de la mañana para reponer el día.
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Adicionalmente, los diputados aprobaron una solicitud a la Corte Plena para que remita toda la documentación relacionada con el procedimiento sancionatorio a los magistrados de la Sala Tercera, incluyendo el expediente y las actas con las deliberaciones del asunto.
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El único proyecto de ley que se votó este martes fue el contrato de préstamo N° 4433/OC-CR para el Programa de Emergencia en respuesta a la Tormenta Tropical Nate, suscrito entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El proyecto --votado en primer debate-- consiste en una línea de crédito de 20 millones de dólares a usar en labores de reconstrucción de infraestructura afectada por la tormenta Nate y se trata del proyecto que, si la Asamblea no vota en el corto plazo, vencerá y el país se quedará sin acceso a esos recursos.
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Michael Arce, exdiputado del PLN y ahora jefe de asesores de la bancada liberacionista, conversando en Plenario con Carlos Ricardo Benavides. Foto: Luis Madrigal
En horas de la noche sesionó por primera vez la comisión especial encargada de investigar el manejo que se le dio al informe de la Procuraduría de la Ética sobre el papel del expresidente Luis Guillermo Solís en el cementazo.
Los diputados acordaron llamar en audiencia a Enid Padilla, funcionaria de la Dirección Ejecutiva del Congreso que recibió el informe de la Procuraduría; Antonio Atales Esna, Director Ejecutivo de la Asamblea; Carmen Quesada y Gonzalo Ramírez, presidente y secretaria del último directorio del periodo 2014-2018.
Cabe señalar que la comisión excluyó de la convocatoria a Michael Arce, quien también era secretario del directorio. Carlos Ricardo Benavides, jefe del PLN, justificó esa ausencia en que Arce no estaba en la sesión en que se conoció el informe de la Procuraduría y se declaró secreto.
En un comunicado que envió semanas atrás, así como en una conferencia de prensa, la presidenta del Congreso había mencionado a Arce como miembro del directorio presente cuando se conoció el informe. El nombre de él figura como presente en la primera de las sesiones del órgano colegiado que tuvieron lugar el 30 de abril.
Liberación ha desmentido tal hecho y afirmó que el exdiputado no estaba en las últimas dos sesiones, en las que supuestamente fue donde se conoció el informe.
Además, la bancada verdiblanca reveló un oficio de Hidalgo dirigido a la Procuraduría en mayo donde se señalaba que la sesión en la que el antiguo directorio vio el informe de la Procuraduría era la segunda, donde Arce no aparece como miembro presente.
La discrepancia entre ambos bandos será dirimida en la Comisión, pues la prensa ni la ciudadanía pueden corroborar quién dice la verdad y quién miente dado que en las actas del Directorio hay varios artículos que declaran temas como confidenciales, por lo que no se tiene certeza de en cuál sesión se vio el asunto.
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José María Villalta denunció que un grupo de diputados pretende debilitar su proyecto de ley con el que se pondría freno a los cobros abusivos de matrícula y cursos en las universidades privadas, tramitado en el expediente 18.011.
El proyecto se tramita en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia y las mociones a las que Villalta hace referencia pretenden eliminar la forma de calcular tarifas, tomando en cuenta las variables del servicio e incluyendo participación del estudiantado en los ajustes de matrícula.
Esas mociones fueron respaldadas por todos los partidos con representación en esa comisión, a excepción del PAC.
El legislador frenteamplista dijo que no pudo objetar esas mociones, pues cuando se conocieron él estaba en la comisión del plan fiscal, pero que presentará mociones de revisión para intentar revertir los cambios.
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Finalmente, la diputada Catalina Montero del PAC denunció que Liberación, Restauración y la Unidad pretenden excluir a las familias no-tradicionales del proyecto de declaratoria del 15 de mayo como Día Nacional de la Familia.
Floria Segreda y Harllan Hoepelman (PRN), Daniel Ulate y María José Chacón (PLN) y Shirley Díaz (PUSC) votaron en contra de una serie de mociones que pretendían que la palabra a usar fuera "familias", en plural; así como para promover la igualdad de género, condenar la violencia intrafamiliar y someter el texto a consulta al IMAS, PANI y a la Misión Diplomática de la ONU en Costa Rica, porque el proyecto "nace" con una resolución de ese organismo como justificante.
Se trata, como recordarán de reportes previos, del proyecto de Fabricio Alvarado que manipuló una resolución de la ONU sobre el Día de las Familias, para dejarlo en singular. Este hecho fue señalado por el asesor legal de los diputados en su informe técnico.
En su defensa, la diputada del PLN, María José Corrales dijo que el tema entre "familia" o "familias" es mera semántica.
