El proyecto busca sancionar las acciones u omisiones de las personas a cargo de hacer respetar la ley cantonal de ordenamiento territorial: el plan regulador, no solamente de quien dé los visados de los planos. Se proponen penas de prisión, para las personas integrantes del gobierno municipal, que sean un tercio más altas que las establecidas en el artículo 37 de la Ley de Planificación, cuando se trate del otorgamiento de actos administrativos finales de autorización, o bien, cuando se esté frente a la omisión de actuar como garantes de la normativa correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que durante la tramitación del presente expediente legislativo se pueda modificar la pena propuesta. Esta propuesta de ley cuenta con los antecedentes legislativos bajo los expedientes 20.316 y 22.625, los cuales fueron archivados durante su trámite, debido al vencimiento de su plazo cuatrienal.