El proyecto busca reformular el procedimiento interno para investigar denuncias de violencia contra las mujeres en la política entre diputaciones, mediante una comisión especial con representación de las fracciones que recibe y valora la prueba, puede adoptar medidas cautelares y emite un informe en un plazo ordenatorio de tres meses, mientras reserva al Plenario la decisión final y la única sanción parlamentaria de amonestación ética pública; además, fija reglas de paridad, defensa, confidencialidad, recursos y registro público de sanciones y aplica el nuevo procedimiento a denuncias ya presentadas.