Esta reforma propone fortalecer la regla probatoria en favor de la protección de la biodiversidad. La reforma también reconoce que los conocimientos, prácticas e innovaciones de pueblos indígenas y comunidades locales no dependen de un acto estatal de inscripción para tener valor jurídico. Se fortalece la posibilidad de cancelar derechos de obtentor cuando estos hayan sido otorgados con base en información falsa, incompleta u omitida, o cuando se compruebe que la obtención se realizó en contravención de los requisitos relativos al acceso, consentimiento informado previo, consulta aplicable o distribución justa y equitativa de beneficios. Además, la propuesta incorpora un régimen sancionatorio específico para la biopiratería en materia de obtenciones vegetales.