Tiene como objetivo establecer un periodo de tiempo en el que las leyes de la República, una vez sancionadas, puedan ser reglamentadas, ya en el plazo que las leyes indiquen, o en ausencia de un plazo en un periodo máximo de 3 meses. Adicionalmente, establece que en caso de que el Poder Ejecutivo no reglamente en los plazos definidos, la ley no reglamentada entrará en vigencia una vez transcurridos los plazos mencionados según sea el caso.