Pretende establecer el rango legal de la consulta pública previa a la liberación de los organismos genéticamente modificados, en los términos que el Tribunal Constitucional requirió en el voto Nº 04117 – 2018, supra citados y le otorga al Poder Ejecutivo el mismo plazo que le dio el Tribunal Constitucional desde 2018 para corregir dichos errores mediante las reglamentaciones correspondientes.