Se propone crear un canon de regulación similar al que existe para financiar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y otras entidades con funciones regulatorias y de fiscalización. Además, se establece un impuesto especial al agua embotellada. La meta es que estos nuevos ingresos le permitan a la Setena contar de una vez por todas con recursos económicos adecuados y personal suficiente no solo para tramitar y estudiar adecuadamente las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos que puedan dañar el ambiente, sino para cumplir efectivamente con la obligación de dar seguimiento, en todo el territorio nacional, a los compromisos ambientales y los planes de gestión de los proyectos aprobados.