Hay cifras que vale la pena detenerse a leer. ₡4.674.730 millones es lo que el Estado le debe a la CCSS, según los datos recogidos por la Contraloría al analizar el presupuesto para 2027. En 2020, esa deuda rondaba los 2 billones de colones; es decir, en solo seis años se duplicó con creces. A mediados de 2025, cuando ya superaba los 4,4 billones, equivalía aproximadamente al 9% de todo lo que el país produce en un año. Absolutamente nadie sobreviviría a una deuda así sin que siquiera le tocaran la puerta para cobrar. ¿Por qué debería ser diferente en este caso?
Esa cuenta pendiente tiene consecuencias que ya se conocen; basta con haber ido a sacar una cita a la Caja para experimentarlas. Con menos dinero del que le corresponde, la Caja atiende peor y cada carencia alimenta una agenda que se impulsa desde las filas del oficialismo: la tercerización y la privatización.
Nos quieren obligar a normalizar la idea de que debemos pagarles a las clínicas y a los médicos privados para que hagan lo que la institución no alcanza a cubrir. Antes de tomar este camino, el Estado debe saldar su deuda: primero le niegan el dinero a la Caja y luego instrumentalizan sus deficiencias como argumento para tercerizarla. Esa lógica circular no es aceptable.
Empecemos por el impacto más visible. Para marzo de 2026, una auditoría interna contabilizó un total de 1.440.547 casos en listas de espera, desde una consulta con un especialista hasta una operación. Quienes requieren operarse esperan, en promedio, 441 días, mientras que quienes necesitan ver a un especialista suelen esperar 540 días. Cuatro meses después, el panorama seguía sin mejorar: la lista quirúrgica pasó de 204.622 casos en marzo de este año a más de 211.000 en julio, con tiempos de espera superiores a los 450 días. No es humanamente posible acortar estas listas sin nuevos especialistas y sin quirófanos disponibles, y eso se paga con el dinero que hoy figura como deuda.
La mora del Estado tampoco es casualidad: es resultado de una política de desfinanciamiento. Entre 2022 y junio de 2025, la Caja le cobró al Estado 467.000 millones de colones por atender a personas sin capacidad de pago. El Gobierno, en cambio, le pagó solamente 2.406 millones; es decir, el 0,5%. Para este año, la Caja calculó que necesitaba al menos 162.503 millones para atender a esta población en riesgo. Sin embargo, el Gobierno asignó solamente 2.000 millones. Para 2027, según la Contraloría, el Ejecutivo presupuestó apenas el 67,6% de lo que le pidió la Caja, lo que supone un faltante de hasta 418.194 millones de colones, y no incluyó ningún recurso para amortizar la deuda acumulada.
Evidentemente, el impacto de esta deuda multimillonaria alcanza también a las pensiones. Para mayo del año pasado, el Estado le debía al régimen del IVM 769.332 millones de colones. Por primera vez en la historia, la Caja tuvo que echar mano de las propias reservas del IVM. El Comité de Vigilancia del régimen advirtió que esas reservas podrían agotarse antes de 2047 de seguir a este ritmo y señaló la deuda del Estado con la CCSS como una de las principales causas. Quienes hoy cotizamos parte de nuestro sueldo para poder jubilarnos tranquilos debemos saber que nuestro futuro está en riesgo porque el mayor moroso es el mismo Estado que debería garantizarnos una pensión digna.
A este panorama se suma el Ministerio de Hacienda, liderado por Rodrigo Chaves, que sostiene que no pagará la deuda mientras esta no se concilie porque, según sus apreciaciones, no existen documentos que respalden el monto. Sin embargo, la firma auditora Deloitte confirmó la deuda a finales de 2024.
Mientras tanto, la Caja busca soluciones dudosas fuera de la institución: la política de sostenibilidad aprobada en marzo propone que, cuando un Ebáis no tenga cupo, el asegurado reciba un cupón para atenderse con un médico privado y que la Caja pague esa consulta. La experiencia no respalda esta medida: el expresidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, afirmó que resulta más barato para la Caja asumir directamente la atención de los Ebáis tercerizados. A su vez, el gerente financiero, Gustavo Picado, declaró que, en emergencias, los servicios privados no rindieron de forma eficiente. Por ende, la conclusión es clara: la privatización y la tercerización de los servicios no benefician a nadie más que a unos cuantos inversionistas.
La Caja nació en 1941 y, posteriormente, con las Garantías Sociales, se consolidó un objetivo claro: la salud de todo el pueblo vale por igual. Desde el peón más humilde hasta el empresario más rico se atienden en el mismo quirófano. Este compromiso solidario lo pagamos todos cuando cotizamos cada quincena y, por eso, tenemos todo el derecho a exigirle al Estado que cuide lo que es nuestro.
La próxima vez que alguien diga que la solución es privatizar la Caja, pregúntenle por los 4.674.730 millones que el Estado le debe a la institución. Salgamos a defender nuestra seguridad social. Lo que construimos entre todos nos pertenece a todos. Salgamos a marchar este 8 de noviembre y demostremos nuestra solidaridad con nuestro seguro social.
