La magistrada Patricia Solano Castro continuará por ocho años más como integrante de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el plenario de la Asamblea Legislativa rechazara este miércoles 4 de noviembre la propuesta de no reelegirla, impulsada por diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
La votación legislativa registró 23 votos a favor de la no reelección, 30 en contra y cuatro diputaciones ausentes. El resultado permitió que Solano quedara automáticamente reelecta para un segundo período de ocho años, conforme a lo establecido en el artículo 158 de la Constitución Política.
Dicha disposición establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por períodos de ocho años y se consideran reelectos por períodos iguales, salvo que al menos dos terceras partes de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa acuerden lo contrario. En consecuencia, se requerían al menos 38 votos para impedir la continuidad de Solano, sin importar cuántas diputaciones estuvieran presentes en el momento de la votación.
Solano fue elegida magistrada el 6 de noviembre de 2018 con 38 votos y asumió el cargo al día siguiente. Su primer período concluía este 6 de noviembre, por lo que la decisión legislativa se produjo dos días antes del vencimiento de su nombramiento. La jurista, quien trabaja en el Poder Judicial desde 1988, preside la Sala Tercera desde junio de 2020 y también ejerció la vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Oficialismo cambió de criterio sobre reelecciones judiciales
La oposición del PPSO a la continuidad de Solano se produjo pese a que la magistrada aspiraba apenas a su primera reelección, una circunstancia que el oficialismo comenzó a utilizar recientemente para justificar su respaldo a otras magistraturas, después de haber anunciado que se opondría a la continuidad de todas las personas integrantes de la Corte Suprema de Justicia cuyos nombramientos vencieran este año.
En mayo, el diputado José Miguel Villalobos Umaña, del PPSO, solicitó al Congreso no reelegir a ninguno de los magistrados cuyo período concluyera durante 2026. Posteriormente, en septiembre, el entonces expresidente y actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, pidió a las diputaciones de oposición que no respaldaran la reelección de un solo magistrado.
Sin embargo, el oficialismo modificó su postura cuando la Comisión de Nombramientos conoció las solicitudes de reelección de Jorge Olaso Álvarez y Roxana Chacón Artavia, ambos magistrados de la Sala Segunda que aspiraban a continuar por un segundo período de ocho años. Los cuatro representantes del PPSO en esa comisión respaldaron la continuidad de ambos, a diferencia de lo ocurrido anteriormente con Julia Varela Araya, Jorge Araya García y la propia Patricia Solano Castro.
Este mismo miércoles, la diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta de la Comisión de Nombramientos, explicó que la nueva posición del PPSO consiste en permitir una primera reelección y limitar su oposición a quienes pretendan permanecer por más de dos períodos. No obstante, ese criterio no fue aplicado al caso de Solano, quien también buscaba iniciar apenas su segundo período.
Los cinco magistrados mencionados tienen, además, un antecedente que distingue las decisiones del oficialismo: Olaso y Chacón votaron en julio de 2025 contra el envío a la Asamblea Legislativa de la solicitud para levantar la inmunidad del entonces presidente Rodrigo Chaves por el caso BCIE-Cariñitos, mientras que Varela, Araya y Solano votaron a favor de trasladar la petición para que el Congreso decidiera si correspondía retirarle el fuero al mandatario.
La solicitud estaba relacionada con una investigación penal por el presunto delito de concusión, vinculada con un contrato financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En aquella oportunidad, 15 magistrados respaldaron remitir el expediente al Congreso y siete se opusieron. Estos últimos plantearon devolverlo al Ministerio Público al considerar insuficientes los elementos disponibles para realizar el análisis jurídico correspondiente.
La coincidencia entre esos votos y las posiciones posteriores del PPSO sobre las reelecciones generó cuestionamientos de la oposición. Sin embargo, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta Jaén, rechazó que la decisión dependa de la postura que cada magistrado adoptó sobre la inmunidad de Chaves y aseguró que las candidaturas se evalúan individualmente.
Oficialismo cuestionó resultados de gestión
La votación estuvo precedida por la exposición de dos informes contrapuestos de la Comisión de Nombramientos. El informe de mayoría, aprobado el 21 de octubre con cuatro votos del PPSO frente a tres de la oposición, recomendó impedir la reelección de Solano, mientras que el informe de minoría defendió su continuidad con base en sus resultados de gestión, trayectoria e independencia judicial.
La diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, del PPSO, defendió la recomendación negativa y sostuvo que los resultados de Solano no justificaban mantenerla otros ocho años en el cargo. La legisladora criticó lo que consideró un uso de la independencia judicial como argumento para evitar la evaluación de las autoridades judiciales.
"Confunden la independencia judicial con la impunidad corporativa y con la alcahuetería institucional. La independencia judicial no es ni puede ser jamás un cheque en blanco para perpetuar la ineficiencia", afirmó Esquivel.
Uno de sus principales cuestionamientos se centró en el aumento de los expedientes pendientes de resolución en la Sala Tercera, cuyo circulante pasó de 477 asuntos en 2018 a 558 en septiembre de 2026. Esquivel interpretó ese crecimiento como una muestra de resultados insuficientes y cuestionó la capacidad de liderazgo de Solano para modernizar la jurisdicción penal.
La legisladora también formuló acusaciones contra la magistrada por el supuesto ocultamiento selectivo de resoluciones judiciales relacionadas con integrantes de los supremos poderes y mencionó una investigación penal. Sin embargo, el propio informe de mayoría no dio por acreditadas irregularidades personales, faltas éticas ni conductas penales derivadas de los señalamientos conocidos durante el trámite.
En su justificación, el informe mayoritario sostuvo que los avances expuestos por Solano no demostraron una transformación suficientemente profunda y oportuna de la justicia penal frente al crecimiento del crimen organizado, los rezagos procesales y las dificultades para implementar el expediente electrónico. También reconoció que los indicadores de expedientes pendientes no permitían, por sí solos, demostrar responsabilidades individuales o mora injustificada.
Oposición defendió eficiencia e independencia judicial
El diputado Antonio Trejos Mazariegos, del Frente Amplio, defendió el informe de minoría y sostuvo que la evaluación de las magistraturas debía fundamentarse en pruebas y criterios objetivos, no en diferencias políticas. Señaló que el despacho de Solano terminó 1.946 de los 2.026 asuntos que recibió durante el período analizado, y destacó su participación en un proyecto que redujo en 1.832 expedientes el rezago de causas antiguas por delitos sexuales.
Trejos también cuestionó las posiciones del oficialismo sobre el financiamiento del Poder Judicial y reprochó que se exigieran mejores resultados mientras se discutían restricciones presupuestarias. Asimismo, sostuvo que los señalamientos formulados contra Solano no demostraban la existencia de una falta que justificara impedir su continuidad.
Por su parte, el diputado Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN), argumentó que la reelección constituye la regla constitucional y la no reelección una excepción que debe estar debidamente justificada. El legislador defendió la estabilidad de las personas juzgadoras como una garantía para que resuelvan los procesos conforme al derecho y no en función de los intereses de quienes ejercen el poder político.
Padilla también criticó que durante el estudio de la candidatura se hiciera referencia a un video de una persona patinando, cuyo contenido consideró ajeno a la evaluación del desempeño de la magistrada. Insistió en que el expediente no acreditaba una causa objetiva que justificara apartarla del cargo.
La diputada Janice Sandí Morales, también del PLN, anunció el respaldo de su fracción a la continuidad de Solano. Destacó su experiencia de más de 35 años en el Poder Judicial y su formación especializada en materia penal, además de señalar la necesidad de que el combate contra la delincuencia organizada se desarrolle sin debilitar las garantías constitucionales.
"Combatir la delincuencia no significa debilitar las garantías constitucionales", expresó Sandí, quien defendió que la eficacia de la justicia penal debe avanzar junto con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa.
Breves
Este miércoles no se votaron proyectos de ley ni reformas constitucionales.
Proyectos dictaminados
Este miércoles no se reportaron proyectos de ley dictaminados en las comisiones.
Leyes publicadas
Este miércoles no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.
