Durante los últimos meses, nuestro país ha sido testigo de expresiones de intolerancia religiosa que merecen nuestra atención. El antisemitismo y la islamofobia, aunque tienen orígenes históricos y características diferentes, han encontrado espacios de expresión en las redes sociales, el debate público e incluso en ámbitos institucionales.
No estamos hablando exclusivamente de discusiones sobre Israel, Gaza o Medio Oriente. Estamos hablando de ciudadanos costarricenses que son cuestionados, insultados o rechazados por su identidad religiosa.
Uno de los episodios más preocupantes ocurrió hace unos días cuando estudiantes del Colegio de Gravilias realizaron una visita educativa al Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica. Lo que debía ser una experiencia de aprendizaje y acercamiento cultural terminó provocando una oleada de comentarios antisemitas en Facebook.
Entre los mensajes denunciados aparecieron expresiones que calificaban a los judíos como una plaga, exigían que abandonaran Costa Rica e incluso llamaban a incendiar el centro educativo; obvio, aprovechando el anonimato de las redes sociales.
Vale la pena detenernos en este caso, porque no se trataba de una manifestación política ni de una actividad relacionada con el Gobierno de Israel. Eran estudiantes costarricenses visitando un museo para conocer la historia y las tradiciones de una comunidad que forma parte de nuestro país desde hace generaciones.
Pese a esto, bastó la presencia de la identidad judía para desencadenar expresiones de odio. Este episodio demuestra que el antisemitismo no puede explicarse exclusivamente como una consecuencia del conflicto israelí – palestino. Estamos ante prejuicios históricos que encuentran nuevas formas de expresión y difusión en las plataformas digitales.
El problema tiene antecedentes ya cuantificados en un informe de Naciones Unidas de 2024, el cual identificó más de 18.600 registros relacionados con antisemitismo dentro de los discursos religiosos analizados. Por su parte, una investigación académica publicada en el año 2025 realizado por la internacionalista Daniela Rodríguez, encontró expresiones antisemitas en casi la mitad de los comentarios examinados en una muestra de publicaciones de medios costarricenses.
Aunque estas cifras no permiten medir un incremento durante el último trimestre, confirman que no estamos ante un fenómeno completamente nuevo. Pero el antisemitismo no es la única manifestación de intolerancia religiosa que merece nuestra atención.
Recientemente, la organización musulmana Tawfiq Al Islam, integrada por mujeres costarricenses, intentó inscribirse para participar en el Comité Cantonal de la Persona Joven de Desamparados.
Durante la discusión municipal, una regidora presentó una moción para impedir su inscripción. Aunque inicialmente se plantearon argumentos administrativos, también hizo referencia al carácter cristiano de Costa Rica y expresó objeciones de naturaleza religiosa.
La moción no prosperó, pero el episodio abrió una discusión importante; ¿se puede utilizar la identidad religiosa de una organización como argumento para cuestionar su participación en espacios públicos?
Nuestro país reconoce constitucionalmente la religión católica como religión del Estado, pero también garantiza el libre ejercicio de otros cultos. Por consiguiente, ninguna persona debería ver restringidos sus derechos ciudadanos simplemente por profesar el judaísmo, el islam o cualquier otra religión.
La islamofobia también se manifiesta mediante discursos que presentan al islam como incompatible con la identidad costarricense o que asocian indiscriminadamente a los musulmanes con el extremismo y el terrorismo.
Aquí encontramos un mecanismo común con determinadas expresiones antisemitas; transformar una diferencia religiosa en una supuesta amenaza para la identidad nacional.
Eso sí, hay un aspecto fundamental que debemos incorporar a esta discusión; la garantía de la libertad religiosa no significa tolerar el radicalismo violento ni las actividades contrarias al ordenamiento jurídico.
Por lo tanto, si existen indicios fundados de que una organización religiosa promueve la violencia, conspira para cometer delitos, financia actividades terroristas o participa en estructuras criminales, el Estado tiene la responsabilidad de investigar y actuar mediante los instrumentos jurídicos correspondientes.
Ninguna religión ni organización puede utilizar la libertad de culto como escudo para desarrollar actividades delictivas. Pero debemos establecer una distinción esencial; una cosa es investigar y sancionar conductas que constituyen delitos, y otra muy diferente es convertir a toda una comunidad religiosa en sospechosa por las acciones de unos cuantos individuos.
No podemos responsabilizar colectivamente a todos los musulmanes por las acciones de organizaciones islamistas radicales, como tampoco podemos atribuir a todos los judíos las decisiones de un gobierno israelí o los comportamientos de determinados correligionarios.
Tampoco debemos confundir las creencias religiosas conservadoras, las ideas controvertidas o las diferencias culturales con conductas criminales. La intervención coercitiva del Estado debe estar fundamentada en hechos, indicios verificables y normas jurídicas, no en prejuicios o percepciones subjetivas.
El combate contra el extremismo violento requiere instituciones sólidas, organismos de inteligencia sujetos a controles legales, investigaciones profesionales y un sistema judicial capaz de actuar con firmeza, respetando las garantías constitucionales. El Estado debe investigar hechos, no perseguir identidades, se sancionan los delitos, no las creencias.
Esta distinción resulta particularmente importante en una sociedad donde las redes sociales amplifican prejuicios, generalizaciones y discursos deshumanizantes. El peligro no reside únicamente en los comentarios ofensivos, sino en la normalización de la idea de que insultar, amenazar o excluir a alguien por su religión constituye una forma aceptable de participar en el debate público.
Cuando estos prejuicios comienzan a trasladarse a las escuelas, universidades, municipalidades o instituciones públicas, dejan de ser exclusivamente un problema digital. Frente a esto, el país necesita fortalecer la educación intercultural, mejorar la documentación de los incidentes de odio, garantizar la igualdad ante la ley y dotar a sus instituciones de instrumentos eficaces para prevenir y perseguir actividades extremistas violentas.
La protección de las minorías religiosas y la seguridad nacional no son objetivos contrapuestos. Por el contrario, ambos forman parte de las responsabilidades fundamentales de un Estado democrático.
Durante décadas, Costa Rica ha construido una imagen internacional asociada con la paz, la democracia y el respeto por los derechos humanos. Sin embargo, esos valores deben demostrarse en la manera en que tratamos a quienes piensan, creen o viven de forma diferente.
Una sociedad verdaderamente plural no es aquella donde todos comparten las mismas creencias, sino aquella donde nadie necesita esconderlas para sentirse seguro.
Combatir el antisemitismo y la islamofobia no significa renunciar a cuestionar ideas, denunciar prácticas ilegales o enfrentar el extremismo. Significa hacerlo sin convertir la identidad religiosa de millones de personas en una presunción de culpabilidad.
Cuando dejamos de distinguir entre quienes cometen delitos y quienes simplemente profesan una creencia, ponemos en peligro no solamente los derechos de las minorías, sino también los principios sobre los cuales descansa nuestra propia democracia.
