La reciente inspección encabezada por el fiscal general al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), motivada por presuntas agresiones contra personas privadas de libertad, desató una tormenta predecible en la opinión pública costarricense; por un lado, una ciudadanía golpeada por distintos grupos criminales, cuyas familias han sufrido el asesinato de sus seres amados, se indigna de forma entendible ante la idea de velar por la seguridad de sicarios, violadores, pedófilos, femicidas, incluso un presunto caníbal, entre otros autores de crímenes atroces, personas que no conocen la piedad. Por el otro, distintos partidos y sectores de la población insisten en el discurso clásico de los derechos humanos y la reinserción social.
El problema de fondo es que ambas posturas (atrapadas en la reacción visceral o en el dogma ideológico), se niegan a mirar el panorama completo: si queremos soluciones reales a la crisis de seguridad que vive Costa Rica, debemos abandonar tanto el deseo de venganza como el romanticismo penal, y empezar a legislar desde la evidencia científica y el pragmatismo jurídico.
En primer lugar, es indispensable entender por qué el control institucional dentro de las cárceles no es un favor para los delincuentes, sino una garantía para la democracia. En nuestro ordenamiento jurídico, el castigo impuesto por los tribunales es la privación de la libertad, no la tortura física, ni se debe normalizar la arbitrariedad, por eso cuando el Ministerio Público investiga denuncias de abusos en un centro penitenciario, o cuando la ciudadanía defiende la institucionalidad del Poder Judicial (aun sabiendo que existe corrupción dentro de este que debe depurarse), lo que realmente se está resguardando es la división de poderes y el límite del Estado frente al individuo.
Debemos además considerar que normalizar la violencia institucional en las cárceles solo produciría un efecto búmeran. En Costa Rica no existe la cadena perpetua, la pena máxima es de 50 años, y como ya es bien sabido, muchos reclusos salen antes de cumplir sus penas gracias a beneficios carcelarios otorgados, método que se ha aplicado principalmente para reducir el hacinamiento carcelario y muchas veces en contra de las recomendaciones del Instituto Nacional de Criminología pues los jueces no están obligados a tomar en cuenta su criterio antes de tomar una decisión, lo que quiere decir que los individuos recluidos hoy volverán tarde o temprano a las calles, por ende, someter a los reos a tratos crueles o humillantes no solo no los corrige, sino que los llena de resentimiento, y en el caso de los que entraron por crímenes menores, destruye cualquier rastro de empatía. Es decir, tolerar el abuso carcelario es fabricar amenazas para el futuro.
Eso sí, reconocer este límite no significa caer en la ingenuidad de creer que todo ser humano es rehabilitable, ahí es donde el discurso tradicional de los derechos humanos suele desconectarse de la realidad. El sistema penitenciario no puede tratar a la población reclusa como un grupo homogéneo, porque entonces ignora la abismal diferencia entre quienes están ahí por haber cometido delitos impulsivos (sin premeditación), o que delinquieron por falta de oportunidades, y quienes tienen toda una carrera delictiva persistente, o que presentan una desviación parafílica arraigada (pedófilos y violadores).
Diversos estudios demuestran que detrás de los crímenes más atroces y reiterados suele haber patrones de comportamiento profundamente arraigados, marcados por la crueldad, la falta de empatía y el desprecio sistemático por la vida ajena. En su libro "Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us", el criminólogo Robert Hare explica que los programas convencionales de reinserción no solo resultan insuficientes para frenar a los agresores crónicos, sino que a menudo son instrumentalizados por ellos: adoptan el lenguaje emocional de las terapias para proyectar una falsa rehabilitación ante los jueces y recuperar la libertad sin cambiar su conducta realmente.
Entonces, pretender que un agresor sexual serial, un sicario habitual, o el autor de un crimen de crueldad extrema, puede reinsertarse con éxito mediante talleres, atención psicológica, estudios... no es humanismo, es negligencia estatal que condena a la población.
Hoy nuestro país enfrenta una brecha entre lo que dice el artículo 40 de la Constitución: "nadie será sometido a penas perpetuas", y la realidad criminológica. Por ello, es hora de prestar atención a las rutas racionales que ofrece la criminología moderna y que ya aplican democracias profundamente garantistas, como la incapacitación selectiva, aplicada en Canadá, donde se entendió de forma realista que para ciertos perfiles de altísima peligrosidad, el objetivo del encierro no es la resocialización, sino la neutralización y el aislamiento seguro para proteger a la ciudadanía. Segundo, es vital antes de otorgar cualquier beneficio a privados de libertad, sustituir las evaluaciones subjetivas de "buena conducta", fácilmente manipulables, por herramientas actuariales de evaluación del riesgo de violencia que sí son respaldadas por la ciencia forense, como se hace en Reino Unido, Países Bajos, Países Nórdicos, entre otros... Y tercero, abrir el debate serio sobre figuras como la custodia de seguridad post-penitenciaria, utilizada en países como Noruega o Alemania, que permite extender el aislamiento bajo supervisión psiquiátrica y judicial cuando se demuestra científicamente que un individuo sigue representando un gran peligro para la sociedad tras cumplir su condena.
La seguridad ciudadana no se resuelve con golpes en las celdas, pero tampoco con discursos bienintencionados que pretenden ignorar la naturaleza humana, sino con leyes y políticas públicas que se rijan a partir de lo que dice la ciencia.









