El Consejo Nacional de Rectores cuestionó que Gerald Campos atribuyera a las autoridades universitarias la promoción de actos violentos sin presentar pruebas. La institución reiteró su respaldo a las manifestaciones estudiantiles pacíficas.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) rechazó las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, quien acusó a rectores universitarios de incitar a la violencia durante las recientes manifestaciones estudiantiles en defensa del presupuesto de la educación pública.
En un pronunciamiento oficial, el organismo que agrupa a las universidades públicas cuestionó que el jerarca formulara acusaciones contra las autoridades académicas sin aportar elementos que las respaldaran. Conare señaló:
Resulta improcedente atribuir a las autoridades universitarias la promoción de actos violentos sin presentar elementos que sustenten tales señalamientos. Las universidades públicas costarricenses son espacios de pensamiento crítico, construcción de conocimiento y convivencia pacífica, comprometidos con el respeto al Estado de derecho".
La respuesta surgió después de que Campos anunciara este martes 3 de noviembre que giró instrucciones a la Fuerza Pública para impedir bloqueos de carreteras, la presencia de personas con pasamontañas y daños al patrimonio cultural durante las manifestaciones.
En un mensaje difundido por las redes sociales del Ministerio de Seguridad Pública, el jerarca afirmó que el Gobierno reconoce el derecho a manifestarse, pero rechazó las acciones que, según señaló, afectan los derechos de otras personas.
Campos también acusó a diputados y rectores universitarios de promover actos violentos, aunque no identificó a las personas a quienes dirigía sus señalamientos.
Conare advierte sobre estigmatización del movimiento estudiantil
En su respuesta, Conare manifestó preocupación por el efecto que pueden tener las declaraciones de una autoridad pública sobre el ejercicio del derecho a la protesta. Según el organismo, estos señalamientos contribuyen a desacreditar al movimiento estudiantil y dificultan las condiciones necesarias para mantener un diálogo democrático.
Preocupa que desde una posición de autoridad pública se utilicen declaraciones que estigmatizan al movimiento estudiantil y deslegitiman el ejercicio de sus derechos. Este tipo de señalamientos contribuye a la polarización y debilita las condiciones necesarias para el diálogo democrático".
Conare recordó que respalda las manifestaciones pacíficas y democráticas en defensa de la educación pública, siempre dentro del marco de la Constitución Política y el ordenamiento jurídico costarricense.
Asimismo, sostuvo que los desacuerdos nacionales deben abordarse mediante el diálogo, el respeto institucional y la discusión fundamentada, en lugar de descalificar a quienes ejercen su derecho a manifestarse.
El consejo también formuló un cuestionamiento directo al Poder Ejecutivo, al que atribuyó una vulneración de la Constitución.
El Poder Ejecutivo ha vulnerado la Constitución; la protesta universitaria no es un delito, sino un deber cívico indispensable para la defensa de la República".
Las declaraciones de ambas partes se desarrollan mientras la Asamblea Legislativa discute el presupuesto nacional para 2027, cuyo trámite incluye un recorte de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), aprobado previamente por los diputados oficialistas en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Conare reafirmó su respaldo al movimiento estudiantil y sostuvo que las universidades públicas mantienen su compromiso con la paz social, el desarrollo nacional y la educación como herramienta para generar oportunidades.
"Rechazamos cualquier intento de silenciar o deslegitimar las voces críticas de la comunidad universitaria u otros sectores sociales. La defensa de la educación pública y de los derechos democráticos es fundamental para el fortalecimiento de una sociedad libre y pluralista", finalizó Conare.
