El primer choque puede dejar únicamente daños materiales. El siguiente puede costar una vida. Entre ambos puede haber una fila que crece, vehículos detenidos en un lugar peligroso y personas que esperan la atención de las autoridades.
Esa posibilidad debe formar parte de la discusión sobre el deterioro en los tiempos de despacho de la Policía de Tránsito. Cuando un incidente altera la circulación, el peligro continúa después del impacto y puede alcanzar a personas que ni siquiera estuvieron involucradas en él.
La reciente auditoría operativa de la Contraloría General de la República documentó que el tiempo promedio nacional entre el ingreso del reporte a la Central de Comunicaciones de la Policía de Tránsito y la asignación de un oficial pasó de 9 minutos y 46 segundos en 2023 a 31 minutos y 53 segundos al corte de marzo de 2026. El indicador mide hasta la asignación del recurso; el desplazamiento hasta el lugar ocurre después.
Es un dato que debería provocar una reacción institucional. Mi preocupación es lo que puede suceder mientras ese reloj avanza y qué consecuencias tendría permitir que siga creciendo.
En seguridad vial existe un concepto que ayuda a entenderlo: los siniestros secundarios. Son colisiones relacionadas con un incidente previo, que pueden ocurrir en la escena o en las filas que este genera. La Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos incluye su seguimiento entre los indicadores para evaluar la gestión de incidentes.
Pensemos en un choque que bloquea parcialmente una carretera. Los vehículos comienzan a detenerse. La fila se extiende hasta una curva o un cambio de pendiente. Quien llega después encuentra una reducción de velocidad inesperada, frena y obliga a quienes vienen detrás a reaccionar con menos espacio. El riesgo ya se desplazó más allá del lugar del primer golpe.
Mientras tanto, los ocupantes de los vehículos involucrados pueden estar cerca de la circulación, revisando daños o intercambiando información. La lluvia, la oscuridad y la ausencia de un espacio protegido pueden complicar la situación. Un incidente inicialmente limitado a pérdidas materiales puede dar paso a una colisión con consecuencias mucho mayores.
La investigación internacional respalda la preocupación por la duración de esa exposición. Un estudio de Goodall, publicado en Transportation Research Record, encontró una asociación entre una mayor permanencia en escena y una mayor probabilidad de siniestros secundarios en condiciones de alto volumen vehicular. Otro trabajo, basado en 6.088 incidentes de autopistas de Jacksonville, relacionó la reducción de su duración mediante patrullas de asistencia con una menor probabilidad de nuevas colisiones.
Estos estudios no permiten calcular cuántos siniestros secundarios provoca la demora en Costa Rica. Sí ofrecen una base técnica para advertir que prolongar un incidente puede mantener activas condiciones de peligro. Desde mi criterio profesional, dejar crecer los tiempos de atención sin corregir sus causas significa aceptar esa exposición adicional.
Hay otra dimensión que merece consideración: la seguridad ciudadana. Quedar inmovilizado de noche en un lugar aislado o percibido como inseguro puede aumentar la vulnerabilidad de quienes esperan. No contamos aquí con datos para atribuir a la demora un aumento de asaltos. Esa limitación debe reconocerse, pero la protección de las personas también debe contemplar las condiciones del lugar donde quedaron detenidas.
La respuesta requiere capacidad operativa. La Contraloría reporta que la flota activa de patrullas, motocicletas y grúas pasó de 518 unidades en 2023 a 386 en marzo de 2026 y que alrededor de la mitad de las motocicletas institucionales estaba fuera de servicio. Recuperar esa disponibilidad exige decisiones de mantenimiento, contratación y coordinación institucional.
También exige organizar la atención con el propósito explícito de prevenir el siguiente siniestro. La protección de la escena, la advertencia a quienes se aproximan al extremo de la fila y la coordinación de los recursos para despejar con seguridad forman parte de la gestión técnica de incidentes.
Por eso propongo medir y evaluar toda la secuencia: reporte, asignación, llegada y liberación de carriles. Debemos conocer dónde se acumulan las demoras, cómo cambian según la gravedad y el horario y qué recursos permiten reducirlas. También necesitamos identificar los siniestros secundarios para comprender una parte del riesgo que hoy estos indicadores no muestran.
Esperar a que el deterioro sea mayor haría más difícil recuperar la capacidad de respuesta y prolongaría la exposición de quienes necesitan atención.
Una persona que salió ilesa de un primer choque no debería encontrar en la espera las condiciones para convertirse en víctima del siguiente. Atender oportunamente, proteger la escena y despejar con seguridad son responsabilidades que deben asumirse antes de que ese segundo siniestro ocurra.