Auditoría detectó que el tiempo promedio de despacho de la Policía de Tránsito se triplicó, cerca de la mitad de sus motocicletas estaba fuera de servicio y menos del 30% de algunas intervenciones viales se concentró en cantones de alta siniestralidad.
La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que las acciones implementadas por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y distintas dependencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no garantizan eficacia ni eficiencia para reducir la siniestralidad vial.
La auditoría, divulgada este lunes 12 de octubre, evaluó las acciones ejecutadas entre enero de 2025 y marzo de 2026 y detectó problemas en la focalización territorial, la disponibilidad de recursos de la Policía de Tránsito, la calidad de los datos y la medición de resultados.
Uno de los principales hallazgos se relaciona con la capacidad de respuesta de la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT). Según la CGR, el tiempo promedio nacional entre el ingreso de un reporte de accidente y la asignación de un oficial pasó de 9 minutos y 46 segundos a 31 minutos y 53 segundos durante los últimos cuatro años analizados.
La Contraloría agregó que en las regiones Chorotega y Metropolitana ese tiempo ronda una hora. También señaló que la cantidad de policías de tránsito cayó de cerca de 1.000 a 708 oficiales, lo que deja entre 70 y 80 funcionarios disponibles por turno en todo el país, incluidos quienes realizan labores administrativas.
La auditoría atribuye parte del deterioro operativo a los problemas de la flotilla. Cerca del 50% de las motocicletas institucionales se encontraba fuera de servicio y el total de patrullas, motocicletas y grúas operativas disminuyó de 518 unidades en 2023 a 386 en marzo de 2026.
Intervenciones no se concentran en las zonas de mayor riesgo
La Contraloría determinó que solo el 29,5% del señalamiento vertical y el 28,51% de los kilómetros demarcados por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito se dirigieron a cantones considerados de alta siniestralidad.
La situación también alcanzó las giras para otorgar licencias de conducir. Más del 93% de las giras de acreditación realizadas por la Dirección General de Educación Vial se desarrollaron en zonas que no estaban entre las de mayor criticidad y, durante 2024, únicamente se visitó uno de los 13 cantones prioritarios.
La CGR señaló además que el Cosevi y el MOPT carecen de información suficientemente actualizada y estandarizada para determinar si las inversiones en demarcación, señalización y otras intervenciones logran reducir efectivamente los accidentes con personas fallecidas o gravemente heridas.
₡919 millones en campañas sin impacto cuantificable
La auditoría también analizó los programas preventivos y campañas de comunicación del Cosevi. Según el informe, entre 2023 y 2024 se gastaron alrededor de ₡919 millones en campañas masivas, pero la Contraloría indicó que la institución no dispone de indicadores que permitan demostrar una contribución sostenida de esas acciones a la reducción de la siniestralidad.
Entre 2024 y 2025 también se ejecutaron ₡28 millones en programas preventivos. Durante ese periodo, los siniestros registrados a nivel nacional aumentaron de 2.349 a 2.629, por lo que la Contraloría señaló que no pudo demostrarse que esos recursos produjeran una mejora cuantificable.
La Contraloría emitió ocho disposiciones de cumplimiento obligatorio dirigidas al MOPT, Cosevi y otras dependencias. Entre ellas ordenó desarrollar una estrategia integral de seguridad vial, mejorar la interoperabilidad de los datos, establecer mecanismos para controlar el mantenimiento de señales y de la flotilla policial, y crear una metodología que permita medir el impacto de las campañas preventivas.