Inspección encontró una pasarela de 148 metros, un atracadero de 15 metros y una plataforma flotante utilizada para abordar lanchas. Parte de la infraestructura estaría dentro del área de protección del río y podría estar afectando mangle.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) detectó infraestructura para el abordaje de embarcaciones dentro del área de protección del río Tárcoles y anunció que procederá con la presentación de denuncias ante las autoridades judiciales y administrativas correspondientes.
La inspección fue realizada este viernes 2 de octubre por funcionarios del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), luego de una denuncia presentada en junio por el abogado ambientalista Walter Brenes Soto y de posteriores gestiones para que la institución verificara el sitio.
Según una comunicación remitida por SINAC a Brenes tras la inspección, los funcionarios identificaron un parqueo, dos estructuras utilizadas como bodega y baterías sanitarias, una pasarela de un metro de ancho y 148 metros de largo, un muelle o atracadero de 15 metros y una estructura flotante tipo deck desde donde se abordan las lanchas.
SINAC indicó que parte de la infraestructura se ubica en áreas de protección y en el cauce del río Tárcoles y señaló que eventualmente podría existir una afectación sobre mangle.
“Alguna de esta infraestructura se ubica en áreas de protección, cauce del Tárcoles, eventualmente se esté afectando mangle, por lo que se procederá con la presentación de la denuncia ante las autoridades judiciales y administrativas competentes”, señaló la Oficina Subregional de Orotina de ACOPAC.
La institución levantó el acta número 2570 y elaboró además el informe técnico SINAC-ACOPAC-DR-DRFVS-OSRO-RF-INF-248-2026, en el que amplió las observaciones efectuadas durante la inspección.
Denuncia se presentó desde junio
Brenes había denunciado el 9 de junio la presunta existencia de atracaderos y muelles flotantes sin permisos en las inmediaciones del río Tárcoles y solicitado una inspección por parte de las autoridades ambientales.
A raíz de esa gestión, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de la Municipalidad de Garabito realizaron el 25 de junio una primera inspección interinstitucional.
En aquella oportunidad las autoridades recorrieron aproximadamente un kilómetro alrededor de la zona señalada sin lograr localizar la infraestructura denunciada. Posteriormente se trasladaron a Playa Azul, donde encontraron otro atracadero identificado como Cocodrile Man Tour, al cual la municipalidad colocó sellos de clausura.
Durante esa misma visita los funcionarios observaron, desde otro punto, una embarcación atracada en la margen opuesta del río que presentaba características similares a las mostradas en el material entregado por Brenes, aunque no pudieron acceder al sitio ni verificar directamente la existencia del atracadero.
La municipalidad consultó entonces el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y determinó que el punto aproximado donde se encontraba la embarcación aparecía cartográficamente registrado dentro de un humedal y un corredor biológico. Sin embargo, el informe de esa inspección dejó constancia de que en ese momento no se había logrado confirmar la existencia de las estructuras denunciadas ni una afectación ambiental inmediata.
El MOPT también informó que su Dirección de Ingeniería y Construcción Portuaria y Costera no había otorgado aval técnico para ningún muelle en el río Tárcoles y que, hasta ese momento, tampoco existía una gestión pública o privada presentada ante esa institución para obtenerlo.
Sala IV pidió cuentas a SINAC
Ante la falta de una inspección posterior por parte de SINAC, Brenes presentó el 11 de septiembre un recurso de amparo contra la institución.
El 28 de septiembre la Sala Constitucional dio curso al recurso y ordenó al director ejecutivo del SINAC y al director regional de ACOPAC rendir, en un plazo de tres días hábiles, un informe sobre los hechos denunciados y las actuaciones realizadas.
En la respuesta remitida este viernes, SINAC se disculpó por el tiempo transcurrido sin efectuar la verificación integral del sitio y atribuyó la demora a dificultades operativas y logísticas, entre ellas la necesidad de contar con medios de navegación para ingresar a una zona de difícil acceso.
La institución aseguró que la denuncia permanece en trámite activo y bajo seguimiento institucional y señaló que, a partir de los resultados de la inspección, adoptará las medidas que correspondan.