La acción de inconstitucionalidad cuestiona que personas jubiladas bajo las leyes 2248 y 7268 no reciban el mismo mecanismo de revalorización que otros pensionados del Régimen Transitorio de Reparto.
La Sala Constitucional admitió para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), que reclama ajustes por costo de vida para personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) bajo las leyes 2248 y 7268.
La acción cuestiona los artículos 2 y 79 de la Ley 7531, Reforma del Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, por lo que AJA considera una omisión que deja a esas personas sin el mecanismo de revalorización que sí reciben otros pensionados del mismo régimen.
Según las cifras citadas, la situación afecta a más del 65% de las personas pensionadas del RTR, lo que representaría unas 30.000 personas, cuyas pensiones permanecen sin ajustes por costo de vida desde enero de 2021.
Las pensiones otorgadas bajo las leyes 2248 y 7268 se revalorizan con base en los aumentos por costo de vida decretados para los trabajadores activos de la educación. La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) explicó que, al no producirse esos incrementos salariales, tampoco se generaron los decretos que permiten trasladar los ajustes a esas pensiones.
En contraste, las personas pensionadas bajo la Ley 7531 cuentan con un mecanismo de revalorización vinculado a la inflación.
AJA sostiene que esta diferencia produjo una pérdida de poder adquisitivo del 9,04% entre enero de 2021 y diciembre de 2025 para las personas afectadas.
La asociación fundamentó su reclamo en los principios de igualdad y no discriminación, el derecho a la pensión, las obligaciones internacionales en materia de seguridad social y la progresividad de los derechos económicos y sociales.
En materia de igualdad, AJA argumenta que personas pertenecientes al mismo Régimen Transitorio de Reparto reciben un trato distinto respecto de la actualización de sus pensiones. Para sustentar su posición, cita el artículo 33 de la Constitución Política y disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La acción solicita que se ordene al Ministerio de Hacienda aplicar de forma automática y semestral los incrementos correspondientes al Índice de Precios al Consumidor (IPC) a las pensiones otorgadas bajo las leyes 2248 y 7268.
Asamblea aprobó ajuste, pero el Ejecutivo lo vetó
El reclamo tiene un antecedente reciente en la Asamblea Legislativa. El expediente 24.353 proponía que, cuando no existieran aumentos salariales por costo de vida, las pensiones otorgadas bajo las leyes 2248 y 7268 inferiores a ₡2 millones recibieran ajustes automáticos semestrales según el IPC.
La anterior Asamblea Legislativa aprobó la iniciativa en segundo debate el 14 de abril de 2026, pero el Poder Ejecutivo impuso un veto total dos semanas después por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad.
A diferencia de aquella propuesta legislativa, la acción presentada por AJA solicita aplicar el mecanismo de actualización a las pensiones de las leyes 2248 y 7268 sin establecer en su pretensión el límite de ₡2 millones contemplado en el proyecto vetado.