La iniciativa recibió 29 votos a favor y 15 en contra. Diputados opositores denunciaron una restricción a la libertad de expresión y anunciaron que acudirán a la Sala Constitucional.
El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, con 29 votos a favor y 15 en contra, una moción de orden que prohíbe a las diputaciones colocar, pegar, exhibir o mantener materiales gráficos en sus curules, con excepción de las banderas de Costa Rica y de los partidos políticos que representan. La propuesta recibió el respaldo de 27 diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y de dos legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN).
Los dos liberacionistas que votaron a favor fueron Ángela Aguilar Vargas, representante de Heredia, y Mangell Mc Lean Villalobos, de Limón. Los restantes 27 votos provinieron de la bancada oficialista, mientras que 13 diputados figuraron ausentes de la votación.
La moción fue presentada el martes 20 de octubre, a las 4:29 p. m., ante la Secretaría del Directorio Legislativo, por los diputados oficialistas Mayuli Ortega Guzmán, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Nogui Acosta Jaén.
El acuerdo aprobado establece expresamente:
Solicito que se acuerde prohibir a las diputaciones colocar, pegar, exhibir, mantener cualquier tipo de material gráfico, excluyendo las respectivas banderas de Costa Rica o del partido político que se represente".
La disposición también establece que deberá aplicarse por igual a todas las diputaciones, independientemente del partido político al que pertenezcan, y encarga a la Presidencia de la Asamblea Legislativa hacer cumplir la prohibición.
En su justificación, los proponentes argumentaron que las curules forman parte del patrimonio institucional y deben conservarse en condiciones adecuadas. La moción recuerda que, durante el periodo constitucional anterior, la Presidencia del Congreso solicitó no pegar carteles alrededor de las curules debido a los daños que provocaban los adhesivos en el revestimiento de cuero. Según el documento, reparar cada curul dañada tiene un costo promedio de $600.
Sin embargo, la prohibición aprobada no se limita a los materiales que puedan provocar daños al mobiliario, sino que también impide colocar o exhibir cualquier otro material gráfico, incluso cuando no requiera adhesivos. Esa amplitud fue uno de los principales puntos cuestionados por las diputaciones opositoras durante la discusión.
La proponente, Mayuli Ortega, defendió que la iniciativa busca proteger los bienes públicos y preservar lo que denominó el "señorío" y la solemnidad del recinto parlamentario, sin impedir que los legisladores manifiesten sus posiciones políticas.
No se está limitando la libertad de expresión de los diputados, sino protegiendo el patrimonio del pueblo costarricense, porque las curules no nos pertenecen a nosotros, sino al pueblo de Costa Rica, a los costarricenses".
Ortega insistió en que las diputaciones pueden ejercer el control político y expresar sus opiniones sin necesidad de colocar carteles en sus espacios de trabajo. Durante la discusión de una moción de revisión, también defendió que las curules no deben utilizarse para exhibir objetos personales y que corresponde a los legisladores preservar la imagen institucional.
La aprobación se produjo dos días después de que Delfino.cr informara que la propia Ortega había utilizado anteriormente carteles en su curul, incluidos mensajes dirigidos contra el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya Sibaja. Durante los meses anteriores, legisladores oficialistas y opositores utilizaron ese mismo recurso para manifestar posiciones políticas.
Diputados denuncian restricciones a la libertad de expresión
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta Flórez-Estrada, cuestionó la constitucionalidad de la moción y sostuvo que una prohibición de esta naturaleza no puede imponerse mediante una simple moción de orden, sino que requiere una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa.
Villalta argumentó que la expresión de las diputaciones no se limita a sus intervenciones orales, sino que incluye otros mecanismos de comunicación, como las imágenes, los videos y los carteles. También recordó que el artículo 110 de la Constitución Política reconoce una protección especial a la expresión de los representantes populares en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.
El frenteamplista señaló que existe una diferencia entre impedir el uso de adhesivos capaces de deteriorar el mobiliario y prohibir todas las expresiones gráficas. Agregó que quienes ocasionen daños deben asumir los costos de reparación, pero consideró desproporcionado restringir la exhibición de carteles que no producen ningún deterioro.
Durante la discusión de la revisión, Villalta advirtió:
Si se mantiene esto, quiero advertir que lo vamos a impugnar como un acto violatorio de los derechos fundamentales".
Su compañero de fracción, Edgardo Araya Sibaja, también calificó la disposición como un intento de censura y sostuvo que el argumento de proteger las curules no justifica impedir la exhibición de mensajes políticos. Araya planteó que, si la preocupación es el mantenimiento del mobiliario, bastaría con prohibir los adhesivos que puedan dañarlo y cobrar las reparaciones cuando corresponda.
Desde el PLN, la diputada Janice Sandi Morales advirtió además sobre un problema de redacción: la parte dispositiva de la moción no especifica expresamente en qué espacios físicos se aplicará la prohibición, pese a que sus considerandos se refieren a las curules.
Sandí cuestionó que se aprobara un texto que, en su redacción literal, no delimita si la restricción corresponde exclusivamente al recinto parlamentario o si podría interpretarse que también alcanza otros espacios de las diputaciones, como sus despachos. Asimismo, sostuvo que modificar las condiciones de expresión de los legisladores requiere seguir el procedimiento de reforma del reglamento parlamentario.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko López, también cuestionó el alcance de la medida y preguntó cómo se pretende sancionar a quienes incumplan el acuerdo. El texto aprobado no establece sanciones concretas ni desarrolla un procedimiento para aplicarlas.
Gordienko anunció que acudiría a la Sala Constitucional y afirmó que las expresiones gráficas utilizadas por los diputados representan también las causas e intereses de las personas que los eligieron. Otros legisladores opositores, entre ellos Diana Murillo Murillo y Sigrid Segura Artavia, manifestaron preocupaciones similares.
Por su parte, el oficialista Fernando Obaldía Álvarez defendió el acuerdo y sostuvo que la libertad de expresión debe distinguirse de las obligaciones de respetar el recinto parlamentario y cuidar los bienes institucionales. Afirmó que el mantenimiento del mobiliario no debería convertirse en una confrontación política.
Tras la aprobación inicial, un grupo de diputados presentó una moción de revisión para que el plenario reconsiderara lo acordado. Villalta intervino como proponente y reiteró que la medida era desproporcionada, mientras Ortega defendió nuevamente la protección del mobiliario y la solemnidad del Congreso.
La revisión fue sometida a votación con 42 diputados presentes y resultó rechazada por 25 votos en contra y 17 a favor. De esta manera, el plenario mantuvo vigente el acuerdo adoptado inicialmente por 29 votos.