El expediente 25.391 propone nuevas distancias de protección para fumigaciones aéreas, terrestres y con drones, además de mecanismos de responsabilidad por eventuales daños a personas y fuentes de agua.
A través de más de 400 firmas, un grupo de personas, organizaciones ambientales y comunidades pidió a la Asamblea Legislativa mantener en discusión el expediente 25391, Ley para la Protección de las Comunidades contra las Intoxicaciones por Actividad Agrícola, ante lo que describen como una intención del oficialismo de archivar la iniciativa.
El texto propone prohibir las fumigaciones aéreas con avionetas, helicópteros u otros métodos tradicionales dentro de un radio de 800 metros de centros de población, centros educativos y de salud, iglesias, espacios deportivos, cuerpos de agua y fuentes de abastecimiento de agua potable. Para aplicaciones terrestres plantea una distancia de 500 metros y, en el caso de drones de precisión, establece restricciones específicas y un radio de 100 metros alrededor de sitios protegidos.
Proyecto también plantea responsabilidad por daños
La iniciativa incorpora sanciones por incumplir las prohibiciones y plantea reglas de responsabilidad para propietarios de aeronaves utilizadas en fumigaciones. Entre otros puntos, permitiría exigir atención médica inmediata para personas afectadas y la reparación de sistemas de abastecimiento de agua que sufran daños derivados de estas actividades.
El documento promovido contra un eventual archivo señala que durante la discusión legislativa se recibieron criterios de instituciones como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Defensoría de los Habitantes y la Dirección General de Aviación Civil, además del Centro Científico Tropical. En particular, la Defensoría consideró que establecer áreas de amortiguamiento obligatorias resulta congruente con el principio precautorio para proteger la salud y el agua destinada al consumo humano.
Los promotores de la petición solicitan que las observaciones técnicas y productivas recibidas durante el trámite sirvan para modificar el texto, en lugar de cerrar su discusión. El documento llama específicamente a mantener abierto el expediente y buscar acuerdos alrededor de la prevención de intoxicaciones y contaminación del agua.