Estos grupos se sumarían a los ya declarados en el gobierno de Chaves: Hezbolá, Hamás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los hutíes de Yemen.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, anunció este miércoles que su gobierno amplió la declaratoria de organizaciones terroristas de Costa Rica para incluir a seis cárteles mexicanos y tres organizaciones colombianas, como parte de la estrategia de seguridad nacional y combate al crimen organizado transnacional.
El anuncio se produjo durante el discurso de Fernández en la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), construido en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela. La mandataria vinculó la decisión con el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad, particularmente con Estados Unidos y otros países de la región.
En el caso de México, la presidenta mencionó expresamente a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Respecto de Colombia, la mandataria señaló a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Fernández afirmó que Costa Rica busca impedir la actuación de estas organizaciones en territorio nacional y fortalecer las capacidades de las autoridades para combatir sus operaciones.
Costa Rica está empleando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para frenar la avanzada del narcoterrorismo y para expulsarlos del territorio nacional".
La decisión anunciada por Fernández da continuidad a una medida adoptada durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles, cuando el Gobierno declaró como organizaciones terroristas a cuatro agrupaciones de Oriente Medio.
El 8 de abril de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó que el Consejo de Seguridad Nacional había resuelto declarar como organizaciones terroristas a Hezbolá, Hamás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Ansar Alá, conocido como el movimiento hutí de Yemen.
Según aquella comunicación oficial, el Consejo adoptó la decisión el 6 de abril, después de analizar los antecedentes de las organizaciones y en concordancia con los compromisos internacionales de Costa Rica en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento.
La Cancillería explicó entonces que la declaratoria permitiría fortalecer las capacidades de prevención, investigación y persecución penal de las autoridades de inteligencia y los órganos judiciales, particularmente frente a eventuales redes de apoyo logístico y financiero que pudieran operar en territorio costarricense.
A diferencia del anuncio de abril, Fernández no identificó el acuerdo, resolución o decreto mediante el cual se habría formalizado la nueva declaratoria. Tampoco indicó cuándo se adoptó, qué autoridad la aprobó ni cuáles serán sus consecuencias jurídicas y operativas específicas.
La presidenta enmarcó el anuncio en la estrategia de acercamiento del Gobierno costarricense con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.
La declaratoria anunciada por Fernández tiene un antecedente en la Asamblea Legislativa. En setiembre de 2025, el Congreso aprobó una moción para declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista y extendió la calificación de amenaza terrorista a otras agrupaciones, entre ellas el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República aclaró entonces a Delfino.cr que aquella declaratoria legislativa carecía de efectos jurídicos vinculantes para el Ministerio Público, pues la persecución penal de los delitos no depende de la denominación que reciba una organización criminal.