Hay una discusión en las redes sociales desde hace algún tiempo que polariza dos decisiones de vida de las mujeres y de las familias: me quedo en casa y me hago cargo de las labores domésticas, de los hijos, las mascotas y las personas dependientes de la familia, o me dedico a trabajar y a percibir un salario o un ingreso propio recurrente, y resolvemos la vida cotidiana de otra forma.
Las redes nos muestran una vida idealizada de mujeres que, armadas con delantal y sartén de hierro, hornean pan o hacen pasta desde cero, crían a sus hijos en casa y celebran su ausencia del mundo laboral para dedicarse a la elaboración de comida fresca y al cuidado y educación de hijos e hijas. Les llaman tradwives, esposas tradicionales.
Yo no voy a discutir si esa elección es buena o mala. Lo que sí tengo claro es que estas decisiones implican un costo de oportunidad que se debe analizar de forma exhaustiva.
El ama de casa de los años cincuenta, sesenta y setenta pocas veces tuvo acceso a información suficiente para tomar decisiones patrimoniales con pleno conocimiento de sus consecuencias. Además, partía de información equivocada o sesgada porque la labor doméstica era su parte del contrato matrimonial, replicado y divulgado en leyes e iglesias y reforzado por la familia, los vecinos y los amigos.
Muchas mujeres descubrieron demasiado tarde, en una separación o una viudez, que décadas de trabajo no les habían dejado recursos propios suficientes para sostenerse. Se puede trabajar toda una vida y, aun así, carecer de autonomía económica si nadie nos explicó cómo construirla.
La legislación costarricense ha avanzado. Desde la reforma del artículo 35 del Código de Familia, en 2019, el trabajo doméstico no remunerado y de cuido se reconoce como contribución económica al sostenimiento del hogar cuando uno de los cónyuges lo desempeña exclusivamente o en mayor proporción que el otro. Es un reconocimiento importante. Ahora bien, ¿cómo se traduce ese derecho a la visión del mundo actual, a la vida práctica de millones de mujeres? El trabajo doméstico sigue sin generar, por sí solo, un salario ni cotizaciones previsionales.
Posibilidades y opciones hay. Imaginemos, entonces, a una tradwife bien asesorada:
Entre sus preparativos de boda, junto al vestido y la fiesta, están las capitulaciones matrimoniales. Ella y su pareja ya conversaron sobre su patrimonio, sus expectativas y la forma en que desean regular sus relaciones económicas. Con asesoría jurídica, formalizan por escrito el régimen patrimonial que acuerdan, conociendo sus consecuencias.
Durante el matrimonio, pueden utilizar una cuenta conjunta para los gastos comunes o tres cuentas separadas, sin que eso implique renunciar a tener recursos propios ni a acceder de manera independiente al dinero que necesitan. Las decisiones se toman entre los dos, con información y sin que una persona tenga que pedir permiso para cada gasto razonable.
No les da miedo hablar de dinero: saben que el silencio sobre las finanzas puede favorecer a quien concentra el control.
Ella procura construir un fondo de emergencia propio, de acceso efectivo y acorde con las posibilidades económicas familiares.
Tiene clara y actualizada la información del patrimonio del hogar: qué bienes existen, a nombre de quién están, qué deudas se han contraído y qué documentos se han firmado. Conoce cómo funciona el régimen de bienes gananciales y los efectos patrimoniales de una unión de hecho.
Y su plan para la vejez no empieza a los sesenta, sino cuando decide cómo organizar su vida económica. No recibir un salario no genera cotizaciones previsionales automáticas. Por eso, si cumple los requisitos, considera el aseguramiento voluntario y evalúa si puede complementar esa protección con un plan voluntario de pensiones. Antes de comprometerse, conoce las cuotas, las condiciones de acceso y las limitaciones de cada alternativa.
Cuando las decisiones se toman con información, el trabajo de cuidar no se vuelve invisible. Ninguna persona debe quedar desprotegida por haber confiado en un proyecto de vida compartido.