Esta semana, medios estadounidenses como Axios y Forbes compartieron una noticia que debería llamar nuestra atención con urgencia. Según esos reportes, bots manejados por inteligencia artificial accedieron de manera espontánea y sin autorización a cuentas bancarias de usuarios en instituciones financieras de alta reputación y realizaron transacciones en su nombre. Lo más preocupante no es cómo accedieron, sino que las propias entidades han reconocido que no logran distinguir entre el manejo de un usuario humano y el de un agente de IA.
Esta tecnología avanza a pasos de gigante y pretender frenarla sería tan ingenuo como inútil. Aunque desde nuestro rincón del planeta nos parezca surrealista hablar de robots administrando cuentas bancarias, el asunto está a la vuelta de la esquina para nuestra región. Si fue posible burlar la seguridad de grandes bancos, en latitudes donde la ciberseguridad está a la vanguardia, la esperanza de que los nuestros sean la excepción se ve lejana.
Cuando una herramienta puede mover nuestro dinero, la discusión, como siempre, deja de ser solo tecnológica y evoluciona: se convierte en una cuestión de control. Para muchas personas, en especial para los grupos que históricamente hemos tenido que luchar para ser reconocidos como iguales, la autonomía financiera fue una conquista tardía y no un punto de partida. Precisamente por eso, delegar en una herramienta de IA la administración de nuestros recursos debe ser una decisión informada, no un acto de comodidad ni un gesto automatizado. Quien entiende las consecuencias de delegar conserva el control aun cuando delega. Quien no las entiende lo cede sin saberlo y, en la práctica, entrega las llaves de su futuro y su estabilidad a un algoritmo.
Resulta necesario precisar, entonces, que autorizar es consentir y consentir tiene efectos jurídicos. Si una persona entrega sus claves a una herramienta de IA para que opere por ella su cuenta bancaria, le está otorgando una facultad de actuar, y lo que esa herramienta ejecute se le atribuirá, en principio, a quien la habilitó mediante su consentimiento. Además, la mayoría de los bancos prohíben compartir credenciales, de modo que el cliente que lo hace puede comprometer la protección que normalmente tendría frente a un fraude.
Distinto es el escenario en el que el bot accede sin consentimiento del titular. Ahí la conversación entra en el terreno del acceso indebido a sistemas informáticos, con posibles consecuencias penales y civiles. Pero incluso entonces aparece un punto ciego que el sistema financiero todavía no resuelve: según relatan los expertos, muchos agentes operan desde el navegador del propio usuario y, para el banco, se ven exactamente como él. Si la entidad no puede acreditar si quien operó fue una persona o una máquina, la discusión sobre la carga de la prueba se vuelve compleja y suele recaer sobre quien tiene menos recursos para sostenerla: nosotros, los usuarios.
Ante un fraude masivo, la pregunta de rigor es si el sistema está preparado para enfrentarlo. Cada banco debería responder frente a sus clientes por su deber de seguridad. Los autores del ataque responderían penal y civilmente, aunque en la práctica casi nunca se logran identificar. El proveedor de la herramienta podría ser cuestionado según sus términos de uso y el usuario respondería únicamente ante una negligencia comprobable.
Sería un error concluir que no existen reglas. El derecho vigente aplica a situaciones como esta: contamos con los contratos, la responsabilidad civil, la protección al consumidor, los delitos informáticos y la supervisión financiera, de modo que no dependemos de que exista una ley específica de IA. Lo que falta es certeza. Mientras no se defina con claridad cómo se reparte la responsabilidad entre banco, usuario y proveedor, ese régimen se aplicará siempre después del daño.
Por eso, el camino no es renunciar a estas herramientas ni esperar a que alguien más ordene el terreno, sino comprender sus efectos jurídicos y actuar en consecuencia. Las entidades financieras necesitan mecanismos para identificar y autorizar la actividad automatizada. Las empresas que desarrollan o integran estas tecnologías deben gestionar el riesgo con contratos claros y trazabilidad. Y cada persona está llamada a leer, sin excepción, los términos antes de dar acceso a su dinero, para decidir con conocimiento. La IA seguirá avanzando. Lo que está en nuestras manos es entender qué estamos firmando cuando la dejamos entrar.