Una conversación reciente con un amigo de toda la vida, empresario turístico y conocedor de distintas sociedades gracias a sus viajes, me llevó a reflexionar sobre las desigualdades sociales y económicas de Latinoamérica. Hablamos de oportunidades, modelos de desarrollo y experiencias europeas, particularmente de los Países Bajos. No conversábamos sobre cárceles. Sin embargo, aquellas ideas adquirieron un nuevo significado cuando una publicación que compartí sobre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) generó un intercambio de opiniones acerca de la seguridad pública. Ambas experiencias, sumadas a varios días de lecturas e investigación, dieron origen a este análisis.
La discusión me dejó una inquietud: ¿por qué buscamos tantas respuestas a la delincuencia en la construcción de prisiones y tan pocas en las políticas que podrían evitar que las personas lleguen a ellas?
Realidades distintas, respuestas distintas
El Salvador y Costa Rica enfrentan fenómenos criminales diferentes. Las maras salvadoreñas desarrollaron estructuras de control territorial, extorsión y violencia vinculadas con procesos históricos de migración, deportaciones y exclusión. En Costa Rica, aunque existen organizaciones criminales con presencia territorial, la violencia homicida reciente está especialmente relacionada con disputas entre grupos delictivos y mercados ilícitos.
Según el Observatorio de la Violencia, los ajustes de cuentas representaron el 51,45% de los homicidios dolosos registrados entre 2020 y 2025. Nuestra seguridad exige también examinar la investigación, la inteligencia financiera y la vigilancia fronteriza y marítima, incluidas decisiones como los traslados de unidades de Guardacostas.
El tiempo también importa
El régimen de excepción salvadoreño comenzó en marzo de 2022. Reconocer la reducción de homicidios reportada desde entonces no obliga a concluir que todas las medidas adoptadas sean legítimas o sostenibles.
Aún desconocemos sus consecuencias a largo plazo: ¿qué ocurrirá cuando muchas personas recuperen su libertad? ¿Cómo se verán afectadas sus familias? ¿Qué huella dejarán las restricciones prolongadas de derechos? Human Rights Watch documentó en octubre de 2026 graves cuestionamientos sobre juicios masivos, pruebas insuficientes y limitaciones al derecho de defensa.
Esta distinción es central: más de cuatro años permiten valorar efectos inmediatos, pero no establecer por sí solos las repercusiones sociales e institucionales de una política a lo largo de generaciones. El descenso de homicidios merece estudiarse; igualmente merecen estudiarse los costos humanos, las garantías procesales y la sostenibilidad de esas medidas.
La justicia y la dignidad humana
En derecho penal existe el principio in dubio pro reo: si, después de valorar la prueba, persiste una duda razonable sobre la culpabilidad, corresponde absolver. Se vincula con la presunción de inocencia y responde a una realidad: la justicia, administrada por seres humanos, puede equivocarse.
El Innocence Project documentó condenas erróneas posteriormente corregidas, algunas tras décadas de encarcelamiento. Nadie puede garantizar que él mismo, un familiar o un amigo jamás será acusado injustamente.
Por eso resulta preocupante reducir a las personas encarceladas a «basura». Podemos condenar severamente una conducta sin negar la humanidad de quien la cometió. Cada persona tiene una historia, y conocer sus circunstancias puede orientar la prevención sin excusar el delito. La privación de libertad no autoriza humillaciones ni tratos degradantes: así lo reconocen las Reglas Nelson Mandela.
¿Por qué mirar hacia Europa?
La diferencia no consiste en afirmar que Europa siempre acierta y El Salvador siempre se equivoca. Consiste en la profundidad de la evidencia disponible. El régimen de excepción salvadoreño todavía tiene una trayectoria corta. En cambio, países como Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos cuentan con décadas de registros, reformas y evaluaciones que permiten estudiar resultados, límites y efectos duraderos. No todas sus políticas son iguales ni explican por sí solas sus indicadores, pero ofrecen experiencias más maduras para un análisis comparativo.
Noruega desarrolló un principio de normalidad penitenciaria: la restricción de libertad constituye el castigo y la ejecución de la pena debe preparar la reintegración. En Finlandia, una investigación publicada en 2023 encontró que el acceso a la educación secundaria redujo la probabilidad de delinquir entre los varones jóvenes estudiados. En Suecia, un estudio publicado en 2026 identificó reducciones de condenas tanto en la generación beneficiada por una reforma educativa como entre sus hijos.
En los Países Bajos, Eurostat registró 67 personas presas por cada 100.000 habitantes en 2024, por debajo del promedio de la Unión Europea. Esa cifra, aislada, no demuestra causalidad: obliga precisamente a investigar cuáles factores institucionales, sociales y penales ayudan a explicarla.
Estas experiencias merecen atención no porque sean perfectas, sino porque sus consecuencias han podido observarse durante períodos mucho más largos. Costa Rica puede adaptar políticas cuya eficacia se haya documentado, contrastándolas con su propia realidad, y someterlas a evaluación continua.
Una oportunidad costarricense
Costa Rica posee una tradición de Estado social, educación pública y ausencia de ejército permanente desde 1948. Sin embargo, mientras el artículo 78 constitucional fija un mínimo de gasto público en educación estatal del 8% del PIB, el Décimo Informe Estado de la Educación documentó una asignación de aproximadamente el 5% para 2025.
La sostenibilidad fiscal importa, pero también sus consecuencias. Necesitamos fortalecer la persecución del crimen organizado y, a la vez, invertir en prevención: educación temprana, permanencia escolar, formación técnica, atención a la infancia vulnerable y reinserción sustentada en evidencia.
El Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos recuerda que la certeza de ser descubierto suele tener más efecto disuasorio que el simple endurecimiento de las penas. La seguridad necesita investigación eficaz, sanciones justas y oportunidades sociales.
No propongo eliminar las cárceles ni desconocer a las víctimas. Propongo medir el éxito de la política criminal no solamente por cuántas personas encarcelamos, sino también por cuántas conseguimos evitar que lleguen a delinquir. La seguridad debe protegernos hoy, pero también construirse para las próximas generaciones. La educación es parte esencial de esa tarea y la dignidad humana no termina a las puertas de una prisión.