La pobreza es una realidad que atraviesa la vida de miles de familias, condiciona las oportunidades de la niñez y determina, muchas veces, hasta dónde puede llegar una persona en el ejercicio de sus derechos. Por eso, cuando hablamos de pobreza, no hablamos solamente de ingresos: hablamos de dignidad humana, de igualdad de oportunidades, de la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones para que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades y de la violación más pavorosa de todos sus derechos humanos.
A lo largo de mi vida, desde la sociedad civil y el trabajo por los derechos humanos hasta mis responsabilidades en la función pública, he podido observar que la pobreza no es un fenómeno inevitable ni una consecuencia de la falta de esfuerzo individual. Es una realidad compleja, relacionada con decisiones económicas, prioridades políticas, desigualdades históricas y, especialmente, con la capacidad —o la incapacidad— de las instituciones públicas para responder de manera articulada a las necesidades de la población.
Esa experiencia me ha enseñado algo fundamental: la política social no puede reducirse a la suma de programas, transferencias y servicios. Necesita una visión de país, continuidad institucional y una convicción democrática profunda: ninguna persona debe quedar atrás por las circunstancias en las que nació.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC de 2026 deben llevarnos a reflexionar seriamente sobre el rumbo que estamos siguiendo.
Estas cifras no deben leerse de manera aislada ni utilizarse para simplificar una realidad que requiere un análisis profundo. Pero tampoco podemos permitir que la complejidad estadística nos distraiga de lo esencial: detrás de cada porcentaje hay personas que deben decidir qué necesidad atender primero, familias que viven con incertidumbre y niñas y niños cuyas oportunidades se ven limitadas desde sus primeros años.
Durante mi paso por la Vicepresidencia de la República y mi participación en la coordinación del sector social, comprendí la importancia de que las instituciones trabajen con objetivos comunes, compartan información y orienten sus recursos hacia las personas que más los necesitan. La experiencia de iniciativas como Puente al Desarrollo y el fortalecimiento de instrumentos de información social, como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), mostró el valor de identificar las necesidades de los hogares y mejorar la coordinación de las respuestas públicas. A ello se sumó la utilización del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para tomar decisiones basadas en evidencia que nos permitieran atender con eficiencia las causas estructurales de la pobreza.
El aprendizaje es claro: no basta con que existan instituciones comprometidas si cada una trabaja de manera aislada. Una familia puede necesitar simultáneamente acceso a educación, atención en salud, vivienda, alimentación, oportunidades laborales y servicios de cuidado. Si las respuestas públicas no se conectan, las personas terminan recorriendo ventanillas sin encontrar una solución integral.
La articulación institucional, la evaluación de los resultados y la continuidad de las políticas no son asuntos administrativos secundarios. Son condiciones para que la inversión social se traduzca en mejores vidas.
Por eso me preocupa que el debate sobre las finanzas públicas se limite, en ocasiones, a cuánto se gasta y no examine suficientemente qué derechos se garantizan, qué desigualdades se reducen y qué oportunidades se están perdiendo. La responsabilidad fiscal es importante, pero debe ir acompañada de responsabilidad social. Un presupuesto también expresa las prioridades de una sociedad y la idea de futuro que sus gobernantes están dispuestos a defender.
Cada gobierno tiene la responsabilidad de evitar retrocesos, fortalecer las capacidades institucionales y demostrar, con resultados verificables, que sus decisiones contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población.
Mi compromiso con el enfoque de pobreza multidimensional ha reforzado una convicción que considero esencial para Costa Rica: una persona puede encontrarse por encima de una línea de ingresos y, aun así, enfrentar privaciones en educación, salud, vivienda, empleo o protección social. Medir estas dimensiones permite comprender mejor la pobreza y diseñar políticas públicas que respondan a sus causas, no solamente a sus manifestaciones.
Este enfoque nos obliga a mirar más allá de los promedios nacionales. Las brechas territoriales, las desigualdades de género, el trabajo informal y las responsabilidades de cuidado afectan de manera distinta a las familias. También nos recuerdan que la pobreza no se distribuye de manera neutral: suele golpear con mayor fuerza a quienes enfrentan varias formas de exclusión al mismo tiempo.
La inversión social en la infancia no debe entenderse como un gasto prescindible que se ajusta cuando aparecen dificultades presupuestarias. Es una inversión en capacidades humanas, cohesión social y democracia. Un país que no protege a su niñez termina pagando, de muchas otras maneras, el costo de las oportunidades que dejó escapar.
Costa Rica tiene una tradición de inversión social y construcción institucional que debemos cuidar, actualizar y fortalecer. No basta con invocar ese legado: es necesario demostrar que todavía somos capaces de convertirlo en respuestas concretas frente a las nuevas formas de exclusión y desigualdad.
Necesitamos recuperar la pobreza como prioridad del debate público. Esto implica revisar las asignaciones presupuestarias, evaluar la cobertura y la calidad de los programas, fortalecer la coordinación interinstitucional y escuchar a las comunidades. También exige transparencia para conocer qué funciona, qué no funciona y qué debe cambiar.
Pero, sobre todo, requiere voluntad política. La pobreza no se combate con discursos que responsabilizan a las personas por sus carencias ni con medidas aisladas que carecen de continuidad. Se enfrenta mediante políticas públicas sostenidas, instituciones capaces, participación ciudadana y una distribución más justa de las oportunidades.
Después de tantos años de trabajo por los derechos humanos y desde distintas responsabilidades públicas, sigo convencida de que el desarrollo de un país no puede medirse únicamente por sus indicadores económicos. También debe medirse por la posibilidad real de que una niña estudie, de que una mujer pueda vivir con autonomía y sin violencia, de que una familia acceda a servicios dignos y de que el lugar de nacimiento no determine el destino de una persona.
La pobreza debe volver al centro del debate público porque no existe una democracia plenamente justa mientras el bienestar y las oportunidades sigan dependiendo del lugar donde se nace y de los recursos que se tienen.
La dignidad humana no puede esperar a que mejoren las cifras. Debe ser el punto de partida de nuestras decisiones.
¡La responsabilidad debe recaer en quienes gobiernan hoy!