La seguridad alimentaria no es un asunto de grandes corporaciones ni de indicadores de mercado; es un acto de resistencia cívica que empieza por desprogramar la mente, resetear el cuerpo y limpiar el suelo que nos da de comer».
Suele afirmarse en el imaginario popular que una sola golondrina no hace verano. Sin embargo, cuando esa golondrina se mantiene constante, persistente y camina con la fuerza de la coherencia ética, su vuelo es capaz de anunciar transformaciones profundas.
El reciente y, de verdad, conmovedor testimonio de la productora local Graciela Badilla, del cantón de Pérez Zeledón, sacude los cimientos convencionales de la extensión agrícola en nuestro país. Su voz no es un lamento pasivo; es una cátedra de ecología política que desvela cómo el modelo agroindustrial dominante opera para mantenernos enfermos, dependientes y desconectados de los ciclos vitales de la naturaleza.
La soberanía alimentaria de las familias campesinas se enfrenta a un andamiaje institucional que prioriza de manera directa los intereses de las grandes empresas sobre la pequeña escala. La experiencia de doña Graciela expone una realidad dolorosa: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la dejó en el total abandono desde hace casi una década.
Mientras las directrices estatales se obcecan en promover certificaciones comerciales de vitrina —como el galardón de Bandera Azul Ecológica—, los pequeños negocios agrícolas que sostienen la salud material de las comunidades son legalmente invisibilizados.
La desprogramación mental ante el negocio de la enfermedad
El verdadero conocimiento fitogenético y agronómico reside en la memoria histórica de la tierra y no en los paquetes tecnológicos de las transnacionales químicas. Como bien lo recuerda la sabiduría ancestral de doña Graciela, el sistema corporativo ha configurado un negocio perfecto.
Unos cuantos sectores exclusivos acceden a productos sanos para preservar su bienestar, mientras se masifica una alimentación alterada que propicia virus mentales, parásitos orgánicos y dolencias crónicas. Se ha diseñado un modelo productivo que nos quiere subordinados al consumo de agrovenenos y dependientes de los agroquímicos sintéticos.
Frente a la mentalidad de los técnicos que exigen el uso de insumos sintéticos bajo la falsa premisa de la rentabilidad, la resistencia campesina demuestra que sí es posible producir alimentos de manera limpia y natural. La agricultura familiar no siembra para las metas macroeconómicas de la exportación; siembra con la certeza ética de saber qué es lo que se va a echar a la boca.
Hoy por hoy, la existencia de laboratorios de punta y el avance de la ciencia agroecológica no hacen más que ratificar lo que las familias campesinas saben desde siempre: la comida sana en pequeña escala es el único seguro de vida real frente al cambio climático y las crisis globales.
La organización comunal y el valor de lo invisible
El testimonio de Graciela nos confronta, además, con la alarmante falta de sensibilidad de ciertos liderazgos locales que confunden la fiscalización sanitaria con la persecución del productor vecinal.
Pretender usar al Ministerio de Salud como un mazo punitivo para clausurar la porqueriza o la granja de un productor comunitario, en lugar de aportar soluciones técnicas y preventivas, denota una preocupante pérdida de horizontes cívicos. Es una contradicción ética inaceptable que los líderes comunales amenacen a las mismas familias que producen los pollos, los cerdos y los vegetales que ellos mismos van a comprar para sus mesas.
La verdadera gobernanza de los sistemas alimentarios se construye desde abajo, mediante el uso de tecnologías de bajo costo y alta eficiencia ecológica, como los microorganismos de montaña (MM). La aplicación constante de estas biotecnologías tradicionales resuelve problemas locales de malos olores y acelera los procesos de descomposición orgánica para generar compost de alta calidad.
Esto demuestra que el conflicto no se resuelve con represión administrativa, sino con educación, diálogo directo y participación activa en organizaciones comunitarias, aun cuando la lógica mercantil del individualismo desincentive el trabajo sin dietas ni salarios corporativos.
Un llamado de articulación urgente para el Estado
El aparato estatal y las nuevas autoridades del MAG tienen ante sí un desafío colosal que no se puede decretar desde la comodidad de un escritorio de San José. Lograr una verdadera seguridad nutricional exige un esfuerzo de articulación interinstitucional vinculante que unifique al sector salud, la academia independiente y las organizaciones de base civil.
Costa Rica requiere con urgencia una política amarrada y coherente que proteja el derecho humano a la alimentación adecuada y exima a los sistemas tradicionales de las trabas burocráticas.
El trabajo invisible de las mujeres rurales y las comunidades campesinas es el que sostiene la vida en este plano material. Gracias al respaldo constante de instituciones aliadas como la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica (UCR) en los procesos de capacitación, la semilla de la resistencia agroecológica está empezando a dar frutos.
Hoy las comunidades están replicando huertas orgánicas en sus patios y visibilizando en redes sociales que otra agricultura es posible. Es hora de que el Estado costarricense asuma su responsabilidad histórica, escuche a los ausentes y entienda que defender la soberanía de la tierra es la única vía para asegurar que las futuras generaciones de nuestro país crezcan con dignidad, salud y verdadera libertad.