Las mociones del partido de gobierno que, según han denunciado las autoridades de las cinco universidades públicas, implicarían un recorte de cerca de 26 mil millones de colones para los años 2026 y 2027, no constituyen sino un capítulo más de un proceso de hostigamiento y desestabilización de nuestras instituciones de educación superior universitaria estatal. No se trata de un hecho aislado, sino de una nueva señal de la voluntad clara de debilitamiento progresivo de nuestras universidades públicas.
Recordemos que el año pasado, y ante la sorpresa de todos, las universidades tuvieron que enfrentar una compleja negociación de sus recursos en el seno de la Asamblea Legislativa, pues por primera vez en la historia —y ante la suspensión del diálogo por parte del gobierno—, se desarrolló en el Congreso lo que debió haberse resuelto en la Comisión de Enlace durante el año 2024.
Los costarricenses no podemos permanecer indiferentes ante estos hechos. La defensa de las universidades públicas no puede recaer únicamente en manos de las autoridades universitarias y de las comunidades de las cinco instituciones: estudiantes, docentes, investigadores, personas funcionarias. Todas y todos ellos están demostrando claridad y determinación para defender un bien preciado que es de todos. Pero precisamente por ello no podemos dejarlos solos.
Es evidente que muchas familias que por primera vez asistieron a la graduación de uno de sus hijos o hijas gracias al sistema de becas de nuestras universidades, diseñado para que jóvenes con potencial —independientemente de la condición de vulnerabilidad social de sus hogares— tuvieran derecho a una formación universitaria, tienen clara la relevancia de las universidades públicas.
De igual manera, es evidente que miles y miles de profesionales en diferentes campos de la ingeniería, la salud, el arte, la educación, las ciencias sociales y muchas áreas más —quienes han podido desarrollar una carrera exitosa y darle aportes capitales a nuestro país gracias a sus estudios en la universidad pública— también tienen claro el papel de estas instituciones para el desarrollo nacional y para cambiarle la vida a las personas.
La misma claridad acerca del aporte fundamental de estas instituciones tendrán muchas personas expertas que se han vinculado a proyectos de investigación universitaria y que han confirmado, con resultados concretos, la contribución decisiva de las universidades para resolver acuciantes problemas nacionales en el campo de la salud humana y animal, la educación, la contaminación ambiental, la inseguridad y la proliferación de la violencia, la prevención de riesgos, la defensa de los derechos humanos y de la igualdad entre hombres y mujeres, la construcción de una sociedad más justa y transparente, la lucha contra la desinformación y contra la corrupción, la reconstrucción y comprensión de nuestra historia, los problemas y retos de la producción nacional, entre muchos y muy variados campos cuyo listado nos tomaría amplio espacio y tiempo precisar.
Las comunidades y organizaciones de productores, las cooperativas, las empresas, las asociaciones y gobiernos locales que han podido interactuar y ser actores clave en proyectos de acción social y extensión universitaria también comprenden en toda su dimensión el papel central de las universidades públicas para el desarrollo económico y social de nuestro país y para el fortalecimiento de nuestra democracia.
Pero junto a todos estos actores de la sociedad, es el país en su conjunto el que ha recibido el impacto de décadas de trabajo de la universidad pública.
Cuando pensamos en nuestros destacados logros nacionales en ámbitos clave como la consolidación del talento humano, ampliamente reconocido por empresas nacionales e internacionales; como la cultura de sostenibilidad que ha permitido la protección de amplios sectores de nuestro territorio y la creación de un modelo único de desarrollo turístico que es reconocido en todo el mundo, como la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovable, o como la fortaleza de nuestras instituciones democráticas —hoy por cierto amenazadas, al igual que las instituciones de educación superior universitaria estatal—; cuando pensamos en estas y muchas otras áreas del desarrollo nacional que nos han convertido en un referente a nivel mundial, no podemos dejar de reconocer que en todos esos logros está la huella de una universidad pública vigorosa, independiente, respetada y apoyada por el conjunto de la sociedad.
Las universidades públicas son elementos centrales para la movilidad social ascendente y juegan un papel determinante y protagónico en el campo de la inversión y el desarrollo. La información existente lo demuestra de forma incontestable. Costa Rica no será capaz de encarar con calidad y pertinencia los enormes retos que enfrenta en el campo del desarrollo social y económico, educativo y ambiental si no cuenta con el aporte oportuno y calificado de nuestras universidades.
Es cierto que las universidades tienen sus propios desafíos y que, como toda institución, son perfectibles. Ellas han reconocido sus espacios de mejora y han demostrado que son capaces de encararlos. Pero también es cierto que vienen desarrollando ingentes esfuerzos para fortalecer sus sistemas de becas y proyectarse más fuertemente en las diversas regiones; para diversificar su oferta académica y ampliar las oportunidades de estudio en el campo de la ciencia y la tecnología; para elevar la calidad de su quehacer y asegurar una formación universitaria con sólidos principios humanistas; para fortalecer la eficiencia en el uso de sus recursos.
Por ello es inaceptable que mientras las universidades trabajan para concretar cambios que se traduzcan en más y mejores resultados para el país, se obstaculicen sus esfuerzos mediante la amenaza, los recortes de recursos y el hostigamiento constante. El doble discurso debe denunciarse; los intereses ajenos y encubiertos que buscan debilitar y producir fracturas deben denunciarse; el ataque a las universidades como fuente de pensamiento crítico e independiente debe denunciarse; el acoso debe cesar.
Las y los costarricenses unidos —al comprender el riesgo que como país enfrentamos si se debilita una de las columnas vertebrales de nuestro modelo de desarrollo— debemos levantar con firmeza nuestra voz y sumarnos a la defensa de lo que nos pertenece a todos: una universidad pública comprometida con el desarrollo nacional y capaz de seguir brindándole a Costa Rica el fruto de su labor libre, calificada, creativa y responsable.