El proyecto de Ariel Mora formaliza en la Ley 8495 la figura de la oficialización, mediante la cual terceros autorizados ejecutan tareas técnicas bajo supervisión del Senasa.
El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Ariel Mora Fallas, presentó un proyecto de ley (expediente 25.835) que busca incorporar expresamente en la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal (Ley 8495) la figura de la oficialización de terceros utilizada por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
La oficialización no es una figura nueva para la institución. Senasa ya utiliza reglamentos y acuerdos administrativos para autorizar a personas físicas o jurídicas a ejecutar determinadas actividades sanitarias bajo su supervisión. La iniciativa busca trasladar ese esquema de forma más explícita al texto de la Ley 8495 y regular aspectos como la relación entre la institución y las personas oficializadas, la supervisión técnica y el cobro directo de determinados servicios.
Mediante esa figura, el Senasa puede autorizar a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales, para ejecutar servicios o actividades oficiales de naturaleza técnica bajo su supervisión, fiscalización y auditoría.
Según el proyecto, la institución conservaría su condición de autoridad oficial y la responsabilidad técnica sobre las funciones oficializadas.
Para incorporar el modelo expresamente en la ley, la iniciativa reforma cuatro disposiciones: el inciso o) del artículo 6, el artículo 7, el inciso b) del artículo 14 y el artículo 34.
La reforma al artículo 6 permitiría al Senasa celebrar convenios o acuerdos con las personas oficializadas para establecer las condiciones aplicables en cada caso. Cuando se trate de una persona jurídica, esta asumiría, cuando corresponda, las obligaciones laborales y administrativas establecidas por el ordenamiento jurídico y el convenio respectivo.
El artículo 7 establecería que el Senasa puede contar con funcionarios oficiales y oficializar a terceros para ejecutar las actividades técnicas autorizadas por la ley y su reglamento.
Esas personas actuarían bajo la rectoría técnica, supervisión y fiscalización de la institución, sin que ello implique transferir la competencia o potestad pública del Senasa.
Proyecto cita estándares internacionales
La exposición de motivos se apoya en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
Según la iniciativa, ese instrumento contempla que la legislación veterinaria permita delegar determinadas tareas y reconoce mecanismos de cooperación público-privada en materia de sanidad animal.
El estándar citado también contempla que las autoridades definan condiciones de supervisión y revocación para las tareas delegadas. El proyecto costarricense desarrolla la supervisión y fiscalización del Senasa, aunque no establece de forma expresa un régimen específico de revocación dentro de las reformas propuestas.
La exposición de motivos también cita el informe de 2026 de la OMSA sobre el estado de la sanidad animal en el mundo.
De acuerdo con las cifras incorporadas por el proyecto, entre 2025 y 2026, 64 países y territorios notificaron más de 2.000 brotes de influenza aviar de alta patogenicidad y la pérdida de más de 140 millones de aves de corral.
La iniciativa agrega que las enfermedades animales ocasionan pérdidas superiores al 20% de la producción animal mundial y que cerca del 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos tienen origen animal, datos que utiliza para justificar la necesidad de ampliar la capacidad operativa de los servicios veterinarios.
Senasa ya utiliza la figura
La exposición de motivos señala que el Senasa emplea actualmente la oficialización de terceros en distintas áreas.
Según registros del Departamento de Epidemiología citados por la iniciativa, con corte al 10 de octubre de 2026 existen 276 personas oficializadas.
El proyecto reporta 106 en el Programa Nacional de Brucelosis, 102 en el de Tuberculosis, 46 en la atención del gusano barrenador, 17 en salud avícola y cinco en salud porcina. El documento menciona además personal vinculado con salud acuícola.
En los programas de brucelosis y tuberculosis, los médicos veterinarios oficializados representan más del 90% del personal acreditado y atienden más de 6.000 fincas, según la exposición de motivos.
En sanidad avícola, aproximadamente el 65% de la vigilancia activa de influenza aviar y de la enfermedad de Newcastle corresponde a profesionales oficializados, mientras el Senasa ejecuta el 35% restante.
La figura también se utilizó durante la emergencia nacional por gusano barrenador del ganado. Según el proyecto, el Senasa incorporó tres médicos veterinarios y 24 técnicos oficializados para operar puestos de control sanitario en Kilómetro 35 y Sabanillas de San Vito, Tuba Creek, Cañas La Romana y Santa Cecilia de La Cruz.
La iniciativa sostiene que esa incorporación permitió atender esos puntos sin crear nuevas plazas permanentes ni generar una carga presupuestaria adicional para la institución.
El proyecto menciona además 127 profesionales oficializados en establecimientos de sacrificio y exportación y una red de 21 laboratorios vinculada al Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (Lanaseve), con 84 ensayos oficializados.
En almacenes fiscales, según la exposición de motivos, la cobertura de la desinsectación de aeronaves aumentó de aproximadamente 75% a 97% después de incorporar personal oficializado.
El texto agrega que la normativa exige la presencia de un médico veterinario oficializado durante las subastas ganaderas y que existe un veterinario oficializado en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada).
Allí, según la iniciativa, se realizaron 1.400 visitas de inspección entre junio de 2023 y mayo de 2026 y se decomisaron aproximadamente 35.459 kilogramos de alimentos de origen animal.
Además, las municipalidades de Cartago, Alajuelita, La Unión, Tibás, Montes de Oca y Coto Brus suscribieron convenios con el Senasa y avanzaron en procesos para oficializar personal encargado de atender denuncias relacionadas con bienestar animal.
Terceros negociarían directamente el precio con los usuarios
La propuesta mantiene que las tarifas por los servicios prestados directamente por el Senasa se fijen mediante decreto ejecutivo, con base en estudios técnicos, el principio de servicio al costo y una consulta previa a los usuarios.
En cambio, los servicios ejecutados por terceros oficializados serían cobrados y administrados directamente por esas personas o entidades, y los ingresos les pertenecerían. El monto, la forma y las condiciones de pago se acordarían entre el tercero oficializado y el usuario. La exposición de motivos sostiene que esos recursos no tendrían carácter de fondos públicos para efectos de la Caja Única del Estado.
Sobre el esquema, el proyecto señala:
El modelo no privatiza las competencias de la autoridad competente”.
El texto agrega que el Senasa conservaría la rectoría técnica, las potestades de auditoría y los controles de calidad sobre los servicios ejecutados por terceros. El proyecto fue presentado el 13 de octubre y permanece pendiente de iniciar su trámite en comisión legislativa.