La iniciativa de Karol Matamoros Montoya plantea cinco años de preparación progresiva para los acueductos comunales bajo principios de compras públicas.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Karol Matamoros Montoya, presentó un proyecto de ley (expediente 25.857) que establece un régimen transitorio de cinco años para que las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) se incorporen de manera progresiva al Sistema Digital Unificado (SDU) de la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986), plataforma que opera mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Según la propuesta, durante este quinquenio las Asadas no estarán obligadas a tramitar sus compras mediante el sistema digital, aunque continuarán sujetas a los principios y disposiciones generales del régimen de contratación administrativa. Aquellas organizaciones que ya dispongan de las condiciones técnicas podrán utilizar la plataforma de forma anticipada sin perder los beneficios del régimen transitorio. Finalizado el plazo de cinco años, el uso del sistema será de acatamiento obligatorio.
Exclusiones sucesivas sin avance efectivo
La exposición de motivos señala que, desde diciembre de 2022, el Ministerio de Hacienda otorgó una exclusión inicial de un año y tres prórrogas consecutivas para estas organizaciones. La última de estas moratorias vence el próximo 1 de diciembre de 2026, alcanzando el límite legal de cuatro años contemplado en el Transitorio IV del reglamento a la ley.
Pese a esas prórrogas, el texto evidencia que, de 518 acueductos comunales priorizados institucionalmente para ingresar al sistema, solo 32 se matricularon en los cursos y 17 continuaron la formación, lo que demuestra que las suspensiones temporales no han generado por sí solas una adopción efectiva de la plataforma.
En la justificación del texto, la diputada proponente puntualiza:
El régimen transitorio propuesto no pretende exceptuar a las Asadas del cumplimiento de la contratación pública”.
Plan de fortalecimiento y financiamiento
La iniciativa encomienda al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en coordinación con Hacienda y otras carteras, liderar la transición y dotar de recursos técnicos y financieros a las organizaciones comunitarias. En un plazo no mayor a seis meses tras la eventual promulgación de la ley, el AyA deberá formular un plan público con diagnóstico territorial, criterios de priorización, metas, cronograma y transferencias presupuestarias.
Los costos de capacitación, equipamiento, conectividad y operación del sistema deberán determinarse y comunicarse a las organizaciones con antelación a su ingreso. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) evaluará si procede reconocer estos costos en las fijaciones tarifarias, sin que dicha previsión implique de forma automática un incremento para las personas usuarias.
Asimismo, las Federaciones, Ligas y Uniones de Acueductos Comunales (FLU) y la Confederación Nacional de Federaciones, Ligas y Uniones de Acueductos Comunales (Conaflu) participarán como instancias de articulación y acompañamiento territorial, sin asumir las competencias propias de las instituciones del Estado.
El AyA deberá remitir informes anuales de avance a la Asamblea Legislativa y, seis meses antes de concluir el quinquenio transitorio, presentar una evaluación integral de resultados.
Limitaciones operativas del acompañamiento
La iniciativa sustenta la necesidad de la prórroga en los hallazgos de una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) de 2026. Dicho informe reveló que el AyA apenas pudo atender el 15,47% de las 17.018 solicitudes de asesoría planteadas por las Asadas en 2024, y el 38,72% de las 12.750 consultas recibidas en 2025.
El órgano contralor constató además que, para atender a un universo de 1.089 acueductos comunales, las sedes regionales del AyA contaban únicamente con 15 profesionales en ingeniería, mientras que en la región Chorotega un solo funcionario técnico debía brindar cobertura a 270 organizaciones.
Tras su presentación formal el 21 de octubre, el proyecto de ley deberá ser asignado a una comisión legislativa para su estudio y dictamen, antes de pasar a la discusión y votación en sus dos debates reglamentarios en el Plenario legislativo.