La iniciativa de Karen Alfaro Jiménez también les daría mayoría en el consejo que administraría el fondo de desarrollo regional.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Karen Alfaro Jiménez, presentó un proyecto de ley (expediente 25.858) para transformar las Agencias Regionales de Desarrollo (Arede) de espacios de coordinación y consulta en órganos de gobernanza regional y consulta obligatoria, además de consolidar el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (Fonader) como mecanismo de financiamiento para proyectos estratégicos territoriales.
Para concretar el cambio, la iniciativa plantea reformar la Ley de Desarrollo Regional de Costa Rica (Ley 10.096) en sus artículos 13, 18, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34 y 37. De acuerdo con la exposición de motivos, parte de las aspiraciones de la legislación original quedaron pendientes tanto en el texto aprobado como en su posterior aplicación.
Qué cambia para las Arede
- Consulta obligatoria: pasarían a ser instancias permanentes de consulta preceptiva en materia de planificación, regionalización, competitividad territorial, inversiones estratégicas y participación ciudadana.
- Regionalización: toda propuesta de modificación de límites regionales o de creación, supresión o fusión de regiones tendría que someterse a consulta formal de las agencias. Su criterio constaría en el expediente administrativo, la falta de consulta constituiría un vicio de procedimiento y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) debería responder de forma motivada a sus observaciones. Además, cualquier cambio en la división territorial requeriría sustento técnico y no podría realizarse antes de diez años desde la promulgación de la regionalización vigente.
- Planificación nacional: los planes regionales de desarrollo serían insumos obligatorios para la planificación nacional, por lo que las instituciones consultadas tendrían que justificar formalmente cualquier criterio o decisión que se aparte de las prioridades fijadas por la Arede correspondiente.
- Presidencia: la presidencia y la vicepresidencia no podrían ser ocupadas por funcionarios públicos. Ambos cargos serían electos por mayoría simple en la asamblea de cada Arede por dos años, con posibilidad de reelección por un máximo de dos períodos consecutivos.
- Secretaría técnica: la función recaería en la Dirección Regional de Mideplan, la cual contaría con un observatorio nacional de desarrollo regional para medir resultados, evaluar inversiones, dar seguimiento a los planes regionales y publicar indicadores comparables entre zonas.
- Convenios: se facultaría la firma de convenios de gestión y contratos regionales entre el Gobierno, instituciones públicas, agencias, municipalidades y otros actores territoriales, con metas, cronogramas e indicadores financiables mediante el Fonader.
Cambios en el Fonader
El proyecto establece que el Fonader funcionaría como un mecanismo financiero encargado de asignar recursos complementarios para reducir las asimetrías socioeconómicas entre las regiones y dentro de ellas.
Entre sus fuentes de financiamiento se incluyen partidas del presupuesto nacional, transferencias y donaciones de empresas públicas o personas físicas y jurídicas, cooperación internacional, créditos multilaterales, aportes provenientes de concesiones de infraestructura estratégica y rendimientos financieros. En el caso de donaciones de personas físicas o jurídicas, los montos serían deducibles del impuesto sobre la renta por una única vez.
En cuanto a la distribución, el 96% de los recursos se destinaría a proyectos de inversión regional estratégicos, mientras que un 3% se reservaría para gastos operativos del fondo y el 1% restante para apoyar la gestión ordinaria de las Arede.
La administración del fondo quedaría en manos de un consejo presidido por Mideplan y con representación mayoritaria de las Arede. Cada agencia presentaría anualmente una cartera priorizada de iniciativas, y el Fonader definiría la asignación de recursos según su impacto en empleo, atracción de inversiones, competitividad, sostenibilidad ambiental y reducción de brechas territoriales. El texto aclara que las agencias no tendrían poder de veto ni decisión exclusiva sobre el giro de los recursos.
Tras su presentación formal el 22 de octubre, la propuesta quedó a la espera de que la Presidencia legislativa le asigne una comisión para iniciar su trámite por el fondo.