El proyecto busca aumentar el poder institucional de las Agencias Regionales de Desarrollo (Arede) al convertirlas en órganos permanentes de consulta obligatoria, exigir su participación antes de modificar la regionalización del país y que las instituciones justifiquen cuando se aparten de prioridades regionales, darles representación mayoritaria en un nuevo consejo administrador del Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (Fonader) y formalizar su presentación anual de proyectos prioritarios, además de ampliar las posibles fuentes de financiamiento del Fondo; sin embargo, las Arede no obtendrían poder de veto ni decisión exclusiva sobre la asignación de recursos.